La reforma al artículo 9 de la Constitución local obligaría a las autoridades a crear servicios comunitarios y políticas contra los riesgos del consumo de drogas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para cambiar la Constitución local. Con ella, la salud mental y la atención al consumo de sustancias psicoactivas serían parte esencial del derecho a la salud.
El proyecto parte de una realidad que toca a muchas familias. Según el documento, 14.9 por ciento de los adultos mayores de 20 años en el país presentó síntomas de depresión moderada o severa. La cifra pega más a las mujeres, con 18.7 por ciento, que a los hombres, con 10.8 por ciento.
En la capital, el panorama también preocupa. El texto retoma datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, de la Secretaría de Salud federal. Los servicios públicos atienden a más de 60 mil mujeres y a poco menos de 30 mil hombres por problemas de salud mental. Casi todos llegan por depresión y ansiedad.
Por ello, la reforma modifica el artículo 9, apartado D, de la Constitución local. El cambio garantiza que los servicios de salud incluyan la atención a la salud mental y a las adicciones. Esa atención abarcaría la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
Además, la iniciativa amplía los derechos de las personas con discapacidad. Suma el concepto de habilitación al de rehabilitación integral y menciona de forma expresa a quienes viven con discapacidad psicosocial.
Asimismo, la propuesta pone nuevas tareas a las autoridades capitalinas. Primero, deberán desarrollar poco a poco políticas, programas y servicios de salud mental en las comunidades. Después, tendrán que aplicar políticas públicas completas para prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas, y para reducir sus riesgos y daños.
El pleno de la SCJN avaló por unanimidad que los ayuntamientos revisen el daño a la salud de menores con autismo antes de permitir pirotecnia en fiestas tradicionales.
Para una niña de Teocelo, Veracruz, los cohetes de las fiestas no eran alegría, sino dolor. Su madre decidió pelear por ella y llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este miércoles, el máximo tribunal le dio la razón y fijó, por primera vez, límites al uso de pirotecnia en celebraciones tradicionales. La menor tiene autismo e hiperacusia, una condición que vuelve muy molestos los ruidos fuertes.
La madre promovió un amparo contra el artículo 10 de la Ley contra el Ruido de Veracruz. También impugnó el permiso municipal que autorizaba detonar pirotecnia de las 06:00 a las 23:00 horas. Según su queja, las explosiones dañaban la salud de su hija.
Los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La resolución obliga a los ayuntamientos a valorar los riesgos para niñas, niños y adolescentes con autismo antes de dar un permiso. Además, deben negarlo cuando no puedan prevenir esos riesgos.
La Corte negó el amparo contra la ley, porque la considera constitucional. Aun así, dio la razón a la madre en lo esencial. Ortiz explicó que la norma exige licencia municipal previa y limita los permisos a fiestas por costumbre. También pide respetar los límites de ruido de la NOM-081-SEMARNAT-1994, restringe el horario y manda al ayuntamiento a evaluar cada caso.
El ministro Arístides Guerrero García habló del lado humano del asunto. “Lo que para algunas personas pudiera ser motivo de celebración (…) para otras puede convertirse en una experiencia profundamente dolorosa”, dijo. Recordó que la Secretaría de Salud registra a más de 3.8 millones de personas con autismo en México.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa pidió leer las normas de pirotecnia como un sistema completo. Con esa lectura, las autoridades tienen el deber de medir cómo afecta la actividad a las personas con autismo. Así, aseguró, se protegen los derechos que defendió la madre.
La ministra María Estela Ríos Gonzálezdestacó que la sentencia respeta las tradiciones de barrios y comunidades. Ella misma vive en un barrio que celebra a sus santos patronos. Pese a ello, insistió en que la infancia con autismo y otras personas con discapacidad deben ir primero.
Morena y sus aliados sumaron 321 votos y la oposición reunió 117 en contra. El debate dejó un choque sobre quién responde por el dinero que la Auditoría Superior de la Federación no ha visto aclarado.
La Cámara de Diputados aprobó este martes la Cuenta Pública 2024, el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por más de 67 mil millones de pesos.
Hasta hoy, solo 2 mil millones de pesos están recuperados, cerca de 3 por ciento del total. La mayor parte del monto observado corresponde al gasto de estados y municipios.
El pleno debatió poco más de dos horas y media, con una sola ronda de intervenciones a favor y en contra. Al final, 321 legisladores de Morena y sus aliados votaron por el dictamen. Los diputados del PAN, PRI y MC, 117 en total, votaron en contra.
La petista Magdalena Núñez defendió el documento. Explicó que más de 91 por ciento de los 67 mil millones por aclarar se concentra en el gasto federalizado. Por eso, dijo, el país debe revisar cómo administran, comprueban y controlan el dinero los tres niveles de gobierno, incluidos los estados y municipios.
Núñez pidió no confundir una observación con un daño patrimonial definitivo. Aclaró que esto no resta importancia a las fallas que halló la ASF. También criticó a la oposición, a la que acusó de usar año con año una “narrativa catastrofista” para desacreditar la rendición de cuentas.
Además, la legisladora sostuvo que aprobar la Cuenta Pública no significa negar los errores. Según ella, el Congreso debe exigir que se corrijan y respaldar a la ASF para que aclare las inconsistencias y señale a los responsables.
Desde la otra tribuna, el panista Héctor Saúl Téllez recordó que 97 por ciento de las observaciones del ejercicio quedó sin justificar. Reconoció que la mayor parte pertenece al gasto federalizado. Aun así, apuntó que el gobierno federal maneja directamente una parte importante, y ahí quedaron 5 mil 805 millones de pesos sin aclarar.
Téllez fue más lejos. Calculó que, durante todo el sexenio de López Obrador, los montos no justificados suman 99 mil millones de pesos. Según dijo, las observaciones se concentran en Pemex y en las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de Salud.
El legislador puso el foco en Salud, donde 25 mil millones de pesos quedaron sin ejercer en 2024. Ese dato, afirmó, coincide con las cifras del Inegi: 44 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso local una reforma a la Ley de Salud que plantea crear un sistema de atención médica de urgencias dirigido a crisis de salud mental y situaciones derivadas del consumo de drogas.
El sistema de atención médica de urgencias buscaría que la atención sea oportuna, segura y efectiva. Para ello coordinará los servicios prehospitalarios, las instituciones de salud, los cuerpos de seguridad ciudadana, las instancias de protección civil y las demás autoridades que participan en la respuesta a emergencias.
La propuesta establece que la Secretaría de Salud destine 5 por ciento de su presupuesto anual a la salud mental. Las alcaldías, por su parte, deberían asignar 10 por ciento de su presupuesto a difusión e información, es decir, a campañas de salud mental y de atención integral al consumo de sustancias psicoactivas.
La reforma plantea una red de atención que vaya desde las alcaldías hasta los servicios de salud federales. Enfocado sobre todo en depresión y ansiedad, pero también incluiría estrés postraumático, autismo, demencia, déficit de atención e hiperactividad, trastornos psicóticos y bipolares.
Otro cambio es que el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones pasaría a llamarse Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones. Además de coordinar la política pública en la materia, tendría nuevas facultades de registro, autorización, verificación administrativa y sanción sobre los centros de atención integral, públicos o privados, conocidos popularmente como “anexos” o “granjas”.
Eduardo Clark pidió a la población denunciar la venta irregular de fármacos gratuitos y anunció que la digitalización permitirá rastrear su origen y destino, incluso en tratamientos de alto costo.
El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, reconoció que existen casos de robo y desvío de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos para su reventa, incluso en las inmediaciones de los propios nosocomios.
Durante la conferencia matutina de este 20 de octubre, el funcionario aclaró que no se debe responsabilizar de manera general al personal médico o de enfermería por el desabasto. Sin embargo, señaló que hay casos documentados y otros que todavía requieren una investigación más detallada para identificar a quienes sustraen los fármacos destinados a pacientes.
Clark calificó esta práctica como especialmente grave, pues algunos medicamentos que deberían entregarse gratuitamente terminan a la venta, pese a que sus empaques indican que son propiedad exclusiva del sector salud. Por ello, planteó reforzar los mensajes visibles en las cajas para dejar claro que se trata de productos gratuitos y que la salud es un derecho.
El subsecretario llamó a la ciudadanía a denunciar la venta irregular de medicamentos públicos cuando los detecte en tianguis, farmacias privadas o redes sociales. Señaló que la colaboración de la población puede ayudar a frenar el desvío de insumos que deben permanecer en las unidades médicas hasta ser entregados a quienes los necesitan.
Como parte de las medidas para combatir estas irregularidades, destacó la transformación digital del sistema de salud, que permitirá mejorar la trazabilidad de los medicamentos: conocer de qué lote provienen, dónde fueron distribuidos y a quién se entregaron. Este seguimiento será especialmente importante para fármacos de alto costo, cuyas cajas pueden superar los 200 mil pesos.
Clark insistió en que el objetivo es cerrar los espacios que permiten estas prácticas y garantizar que los medicamentos permanezcan en hospitales y centros de salud, salvo cuando se entreguen gratuitamente a los pacientes. La prioridad, afirmó, es asegurar que los recursos destinados a la atención médica lleguen a quienes realmente los necesitan.
La estrategia de compras consolidadas y subastas permitió reducir costos, mientras el gobierno busca eliminar contratos privados que encarecían la distribución de medicamentos en hospitales públicos.
La Secretaría de Salud adquirirá cerca de 6 mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos para garantizar el abasto durante 2027 y 2028, desde tratamientos oncológicos hasta material de curación para hospitales y centros de salud de todo el país, informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
Durante la conferencia matutina de este 20 de octubre, Clark detalló que las compras correspondientes a 2027 suman 35 mil millones de pesos. Explicó que, con los precios anteriores, adquirir los mismos insumos habría costado alrededor de 45 mil millones de pesos adicionales en 2025 y 2026. En conjunto, sostuvo, la nueva estrategia representa un ahorro potencial cercano a 70 mil millones de pesos frente a los costos previos.
El funcionario también informó que se han pagado 10 mil millones de pesos a proveedores por adeudos pendientes y que los pagos restantes buscan garantizar el suministro desde enero. Por ello, aseguró que no existe razón para comenzar el próximo año sin medicamentos disponibles.
Clark señaló que el gobierno continúa eliminando contratos considerados perjudiciales. Entre ellos mencionó uno por mil 700 millones de pesos, relacionado con la distribución de medicamentos y la operación de farmacias hospitalarias en el Estado de México durante 2022 y 2023. La empresa involucrada no fue identificada porque el caso se encuentra bajo investigación.
Tras sustituir ese esquema por licitaciones y subastas, explicó, el costo anual del contrato se redujo 32 por ciento, mientras que el traslado de medicamentos desde almacenes hacia centros de salud aumentó entre 30 y 40 por ciento mensual. Según Clark, el costo real por pieza podía implicar sobreprecios superiores al 50 o 60 por ciento.
El subsecretario añadió que el gobierno busca ampliar la distribución operada por la red pública y comprar directamente a fabricantes mediante subastas inversas, en las que se seleccionan las mejores ofertas y se excluye a proveedores incumplidos. Afirmó que los contratos, cantidades, empresas y precios pueden consultarse en la plataforma pública de compra consolidada.
El estado reporta cero defunciones por dengue y ningún caso de sarampión en 2026; la campaña busca ampliar la protección contra enfermedades prevenibles.
Fuente: Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Tamaulipas. Este contenido no fue elaborado por la redacción de Los Reporteros MX.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, puso en marcha la Campaña Estatal de Vacunación 2026 y recibió la primera dosis contra la influenza. Durante el arranque, llamó a la población a participar en las jornadas preventivas y confiar en las vacunas para reducir el riesgo de enfermedades y complicaciones.
En la ceremonia cívica de Honores, celebrada en Palacio de Gobierno, el mandatario reconoció al personal del sector salud por las labores de prevención. También defendió la importancia de la vacunación ante las voces que cuestionan este procedimiento y recordó la participación de brigadas médicas en escuelas y espacios públicos.
Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas no registra casos de sarampión ni defunciones por dengue durante 2026, de acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno estatal. Sobre esta última enfermedad, informó que se han reportado 43 casos graves que requirieron hospitalización, sin fallecimientos. Además, señaló avances en los indicadores de muerte materna, al pasar del lugar 28 al 12 a nivel nacional desde el inicio de su administración.
Por su parte, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que durante 2025 se aplicaron un millón 142 mil 234 vacunas correspondientes a 14 biológicos. La cobertura alcanzó 81% en menores de un año y 79.4% en niñas y niños de entre uno y dos años. Asimismo, reportó una cobertura de 91.8% en la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis.
Como parte del arranque, Sebastián Castro Maldonado, de 18 meses, recibió la vacuna contra el sarampión; Ana Cristina de la Rosa Medina fue inmunizada contra el virus sincicial respiratorio, mientras que el estudiante de primaria Juan David Castro Saldaña recibió una dosis contra el virus del papiloma humano (VPH).
Las autoridades estatales convocaron a fortalecer las metas de inmunización y las capacidades del personal sanitario para ampliar la protección de la población. La campaña busca mantener las acciones preventivas y reforzar la cobertura de vacunas en Tamaulipas.
El gobernador de Tabasco, Javier May, puso en marcha la campaña de vacunación invernal 2026 – 2027 contra la influenza y el COVID-19, con disponibilidad de 915 mil 47 dosis para las instituciones del sector salud.
Fuente: Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Tabasco. Este contenido no fue elaborado por la redacción de Los Reporteros MX.
Durante conferencia de prensa, el secretario de Salud en Tabasco, Alejandro Calderón Alipi, informó que la aplicación comenzó de manera anticipada este lunes, aunque el periodo oficial está programado del 15 de octubre de 2026 al 30 de marzo de 2027. Explicó que el adelanto fue posible porque Tabasco cuenta con las dosis necesarias, en particular para atender a los sectores con mayor riesgo de complicaciones.
La estrategia se realiza en coordinación con el Comité Estatal de Vacunación, el IMSS, el IMSS – Bienestar, el ISSSTE, Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional.
El titular de la Secretaría de Salud en Tabasco, Alejandro Calderón, señaló que, al cierre del periodo interestacional, México registraba 912 casos de influenza, de los cuales 42 correspondían a Tabasco, colocando a la entidad en el tercer lugar nacional. Por municipio, Centro concentraba nueve casos, Cárdenassiete y Huimanguilloseis. Se reportó además una defunción en Centro.
A pesar de ello, destacó que hay una disminución de 86 por ciento respecto al año pasado.
En cuanto a COVID-19, el país acumulaba 2 mil 870 casos, de los cuales 50 eran de Tabasco, ocupando el lugar 13 a nivel nacional. Centro registraba 18 casos, Cárdenasnueve y Comalcalcosiete.
En 2026 se reportó una defunción por esta enfermedad en el estado. La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años o más, personal de salud, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas o condiciones que comprometen el sistema inmunológico.
Entre ellos se encuentran personas con diabetes, hipertensión y padecimientos de tiroides, así como pacientes trasplantados, quienes viven con enfermedades autoinmunes y reciben tratamientos inmunosupresores. Para la inmunización contra la COVID-19 se utilizarán vacunas de las farmacéuticas Moderna y Pfizer.
Las dosis se aplicarán en 644 unidades médicas de primer y segundo nivel, distribuidas en las 17 jurisdicciones sanitarias de Tabasco. Además, los servicios se acercarán a la población durante las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio, con las que el gobierno ha realizado 171 visitas, y eventos de concentración masiva.
Alejandro Calderón recordó que la vacuna contra el neumococo forma parte del esquema permanente y está disponible todo el año, por lo que llamó a las personas de los grupos prioritarios a acudir a las unidades médicas para recibir las dosis correspondientes.
Con esta campaña, el gobierno estatal busca ampliar la cobertura de inmunización y reforzar las medidas preventivas durante la temporada invernal, mediante la coordinación entre las instituciones de salud y la disponibilidad de vacunas para quienes requieren mayor protección.
La Ciudad de México cambiará la forma en que atiende a las personas en situación de calle con un nuevo modelo que busca ir más allá de los albergues tradicionales y ofrecer acompañamiento integral para recuperar derechos, autonomía y, cuando sea posible, acceder a una vivienda.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), presentó la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía para Personas en Situación de Calle, donde el secretario de Bienestar, Pablo Yañez Riso, explicó que la idea es que estas personas… pic.twitter.com/JK42XVmjNY
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía para Personas en Situación de Calle, con la que se pondrán en marcha nuevas Comunidades de Cuidados, además de brigadas, servicios médicos, atención diurna y alternativas para la recuperación de proyectos de vida.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Brugada señaló que vivir en la calle representa una de las expresiones más graves de exclusión y pobreza, pues no sólo implica perder un hogar, sino también enfrentar la ruptura de vínculos, problemas de salud y dificultades para recuperar la autonomía.
“Queremos que nadie tenga la calle como destino y que toda persona encuentre una puerta abierta para recuperar sus derechos, su autonomía y su futuro”, afirmó.
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno capitalino habilitará cuatro Comunidades de Cuidados, dos de ellas dentro del Perímetro A del Centro Histórico y otras dos en zonas cercanas, que en conjunto representan alrededor de 16 mil metros cuadrados. Estos espacios sustituirán gradualmente al modelo de albergues y estarán diseñados para evitar la sobrepoblación y ofrecer condiciones de mayor privacidad.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), detalló que este nuevo plan integral de cuidados permitirá atender a las personas que más lo necesita y adelantó 1ue ya se tienen cuatro centros de comunidad de cuidados, antes llamados albergues. pic.twitter.com/IQkUu5hDP5
La intención es que las personas ya no sean atendidas en grandes dormitorios colectivos, sino en habitaciones para grupos pequeños, con espacios recreativos, culturales y deportivos. También habrá áreas destinadas a familias para evitar separaciones y, en algunas comunidades, espacios para recibir a los animales de compañía de quienes requieran atención.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), detalló que en este nuevo modelo se privilegiara el derecho a la privacidad, en ese sentido ya no habrán grandes galerones con muchas camas, habra muchas habitaciones para privilegiar su privacidad, ademas se respetará a sus… pic.twitter.com/jNtDBjxd18
El Gobierno capitalino también contempla instalaciones especializadas para niñas y niños en situación de abandono, bajo la responsabilidad del DIF, mientras que los espacios destinados a personas con discapacidad física o intelectual y quienes enfrenten problemas de adicciones tendrán una participación más directa de la Secretaría de Salud.
La nueva red pondrá especial atención en la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. En cada Comunidad de Cuidados habrá servicios especializados y se desarrollarán esquemas de atención residencial intensiva para casos que requieran procesos más prolongados, con estancias que podrían ir de uno a seis meses.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la atención comenzará desde el territorio, mediante brigadas que acudirán directamente a los lugares donde se encuentran las personas en situación de calle. Estos equipos contarán con personal de medicina, psicología, odontología, enfermería y laboratorio.
El objetivo será que la persona no tenga que recorrer por su cuenta las distintas instituciones para recibir ayuda. Una vez identificadas sus necesidades, un equipo especializado realizará una valoración y dará seguimiento al caso para conectarlo con los servicios correspondientes.
Uno de los cambios centrales será que la atención se ofrecerá de manera voluntaria y con respeto a las decisiones de cada persona. El modelo contempla reducción de riesgos y daños y establece que, ante una crisis médica o psiquiátrica que requiera hospitalización, el regreso a la red deberá hacerse de manera acompañada, evitando que la persona salga del hospital nuevamente a la calle sin seguimiento.
La estrategia también contempla hogares protegidos para personas con discapacidad psicosocial que requieren cuidados continuos. Los primeros espacios estarán relacionados con la reconversión de las instalaciones de Cascada y Cuemanco, donde se establecerán distintos niveles de apoyo, dependiendo de las necesidades de cada persona.
Además de la atención residencial, el gobierno capitalino desplegará servicios que llegarán directamente a las calles. Habrá brigadas en las 16 alcaldías, centros de atención diurna y unidades móviles para ofrecer servicios de salud, higiene, asesoría jurídica y otros apoyos.
Entre las medidas anunciadas se encuentran baños móviles con sanitarios y regaderas, así como la posibilidad de acceder a cambios de ropa. También se implementarán clínicas móviles para acercar los servicios de salud a los puntos donde se concentran las personas en situación de calle.
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, explicó que la nueva política estará basada en lo que denominó las “Cinco A”: acercamiento, atención, activación de alternativas, acompañamiento y construcción de autonomía.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
La estrategia contempla además valoración y diagnóstico integral, alimentación, higiene, atención médica y psicológica, restitución de derechos, vinculación familiar, educación, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, acceso a vivienda y acompañamiento después del egreso de las comunidades.
Cada persona tendrá un expediente y un plan individual de atención, debido a que las autoridades reconocen que no existe una sola causa ni una misma trayectoria para quienes viven en la calle. La intención es que cada caso sea acompañado por profesionales y que el proceso pueda adaptarse conforme cambien las necesidades de la persona.
Yanes destacó que esta política se vincula con la reciente Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, que reconoce por primera vez a las personas en situación de calle como parte de este sistema y plantea el cuidado como un derecho y una responsabilidad pública.
El nuevo modelo también contempla atención diferenciada para mujeres y personas LGBT+ en situación de calle, con espacios seguros, acompañamiento psicológico y jurídico y servicios especializados.
Brugada insistió en que las Comunidades de Cuidados no serán espacios obligatorios ni lugares de encierro, sino alternativas para quienes decidan recibir apoyo. Al mismo tiempo, reconoció que existen conflictos entre personas en situación de calle y vecinos o comerciantes, así como casos en los que algunas personas pueden cometer delitos, por lo que la política deberá buscar un equilibrio entre derechos, seguridad y convivencia.
La apuesta del gobierno capitalino es que la atención deje de limitarse a resolver una emergencia y se convierta en un proceso continuo que permita recuperar salud, vínculos, empleo, vivienda y autonomía.
“Nadie sobra en esta ciudad y nadie debe de ser invisible”, sostuvo Brugada, al señalar que el propósito final es que quienes perdieron su hogar puedan contar con una oportunidad real para reconstruir su proyecto de vida.
La doctora Roxana Blanca Rivera dejó la titularidad del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, tres semanas después de que murieran cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó mediante un comunicado que la doctora Roxana Blanca Rivera dejaba su puesto de titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, para ser reemplazada por el doctor Saúl Nevárez Jiménez a partir del 6 de octubre.
No se detallaron los motivos de la destitución de Roxana Blanca Rivera ni si ocurrió como sanción por los hechos, pero el relevo llega en pleno proceso de investigaciones.
La destitución se da después de que los padres de los menores fallecidos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Personal de la Secretaría de Salud y de otras dependencias sanitarias federales también acudieron a Durango para indagar lo ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
El caso llevó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a ofrecer una disculpa pública a las familias. El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la presencia de una bacteria en cuatro de los cinco bebés fallecidos, mientras los padres señalaron irregularidades y un “trato con poca humanidad”.
Según el comunicado del IMSS, la prioridad del nuevo titular Saúl Nevárez será atender a las familias de los recién nacidos afectados, cumplir en Durango las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en las Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y colaborar plenamente con las auditorías e investigaciones en curso.
El nuevo titular es originario de Durango, médico cirujano y especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina Interna, con maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud. Suma 29 años en el IMSS y fue jefe de Prestaciones Médicas en Durango entre 2022 y 2024. Hasta ahora encabezaba el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Tlaxcala.
