Una jueza federal ordenó recluir en el Altiplano al ex gobernador de Baja California y a otros siete implicados en la red de contrabando de combustible.
Una jueza federal envió a prisión preventiva al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete personas más acusadas de participar en un esquema de huachicol ferroviario. La decisión llegó tras casi 40 horas de audiencia por videoconferencia.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió el caso luego de que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentara casi cien datos de prueba. Los fiscales imputaron a los acusados los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Además de Ruffo Appel, la jueza ordenó prisión preventiva para Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez. Los cinco cumplirán la medida en el Cefereso del Altiplano, en el Estado de México.
Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud. Adriana Magali Bárcenas Guillén, en cambio, quedará recluida en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
Después del debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Las autoridades detuvieron a los acusados en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tras una investigación de alta complejidad sobre importación y comercialización irregular de derivados del petróleo.
La Fiscalía General de la República explicó que el esquema consistía en introducir combustible al país con declaraciones falsas o incompletas en aduanas. Los responsables reportaban menos volumen del real o declaraban el producto como si fuera otro, para evadir impuestos.
Estas prácticas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, financian a organizaciones criminales. Según la investigación, el grupo delictivo operaba a través de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario.
Entre enero y julio de 2025, estas operaciones habrían causado daños al erario federal por 4 mil millones de pesos, debido al incumplimiento de obligaciones fiscales. Tras la audiencia, un vehículo blindado conocido como Black Mamba trasladó a los cinco imputados hacia el penal del Altiplano, escoltado por pickups de la Marina y de la Secretaría de Seguridad federal.
