La Fiscalía General de la República informó que Salvador “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de ser detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El imputado fue detenido en las inmediaciones de la localidad Rancho Nuevo, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, tras el enfrentamiento con militares.
Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron:
18 armas largas y una arma corta
Más de 120 cargadores de diversos calibres
Más de 4,800 cartuchos
Siete vehículos
12 chalecos
20 artefactos explosivos
Un casco
19 cintas eslabonadas
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.
El juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, y Salvador “N” permanecerá recluido en el Complejo Penitenciario de Puente Grande durante los dos meses fijados como plazo para el cierre de la investigación complementaria.
El esquema de protección de la alcaldesa michoacana suma 60 elementos federales entre Guardia Nacional, Sedena y personal especializado, un gasto que genera dudas sobre su justificación y su costo para las arcas públicas.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reanudó los recorridos nocturnos que su esposo Carlos Manzo realizaba antes de ser asesinado. Para esta labor cuenta con 60 escoltas federales pagados con recursos públicos.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la cifra durante su conferencia de prensa. Explicó que el esquema incluye Guardia Nacional, elementos de la Sedena y personal especializado en custodia y escolta.
Ningún funcionario ha explicado cuánto cuesta mantener este operativo cada mes. Tampoco existe información pública sobre el presupuesto destinado a esta protección ni sobre su duración estimada.
La cifra llama la atención por su magnitud. Sesenta elementos representan un despliegue comparable al de gobernadores o funcionarios de alto nivel, no al de una alcaldía municipal.
Ramírez Bedolla evitó profundizar sobre el tema. Se limitó a señalar que cada presidente municipal decide sus acciones dentro de su ayuntamiento, sin abundar en los costos que esa decisión implica para el erario.
Mientras tanto, la inseguridad en Uruapan sigue latente. El propio gobernador reconoció que hay siete policías municipales detenidos por el homicidio de Manzo y por la ejecución extrajudicial del atacante.
Esta situación plantea una pregunta obligada. ¿Es momento de exhibir recorridos nocturnos en redes sociales cuando persisten fallas graves dentro de la corporación policial local?
Quiroz ha optado por transmitir en vivo sus supervisiones. Además de mostrar cercanía con los vecinos, estas transmisiones evidencian el enorme aparato de seguridad que la rodea en cada trayecto.
El contraste resulta evidente para cualquier ciudadano. Un municipio con policías señalados por corrupción destina recursos federales masivos a proteger a una sola persona, sin transparencia sobre el gasto real.
La ciudadanía de Uruapan merece respuestas claras. Urge conocer el costo total de este operativo y la justificación detrás de una cifra que supera lo habitual en la seguridad municipal.
La Fiscalía de Michoacán capturó al director y al subdirector de Seguridad Pública de Zacapu por su presunto vínculo con el ataque armado que dejó cinco guardias civiles muertos.
Dos jefes policiacos del municipio de Zacapu enfrentan cargos graves. Las autoridades los acusan de robo calificado y de tener relación con una emboscada que costó la vida a cinco elementos de la Guardia Civil.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó a los detenidos como Raúl F y Jorge Antonio R, director y subdirector de Seguridad Pública municipal. Un operativo conjunto logró su captura cerca de Zacapu.
El ataque que investigan ocurrió el 10 de junio en la comunidad de La Mojonera, dentro del municipio de Nahuatzen. Ahí, un grupo armado emboscó a policías de la Guardia Civil. Cinco agentes murieron y otros cinco resultaron heridos.
Para realizar la captura, participaron varias corporaciones. La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional coordinaron esfuerzos junto con la Fiscalía estatal. Después de la detención, un juez definirá la situación legal de ambos funcionarios.
Este caso no surge de forma aislada. Desde febrero de 2025, la policía municipal de Zacapu ya estaba bajo la lupa federal. En esas fechas, la Fiscalía General de la República detuvo en ese municipio a Jesús Rivera Aguirre, conocido como Don Chuy, La Gorda o La Hamburguesa. Las autoridades lo señalan como operador criminal relevante en la zona.
Tras esa captura, la FGR abrió indagatorias contra elementos de la corporación municipal. La sospecha apuntaba a que algunos policías habrían avisado sobre la llegada de fuerzas federales. Incluso se investigó si entorpecieron deliberadamente un operativo previo.
La detención de estos dos mandos marca un avance importante. Es la primera vez que capturan a funcionarios públicos por su presunta relación directa con la emboscada de Nahuatzen.
El operativo federal en Cadereyta dejó al descubierto un enorme centro de almacenamiento clandestino de hidrocarburos, con cientos de contenedores, autotanques y equipo utilizado presuntamente para el robo y distribución ilegal de combustible.
El combate al huachicol volvió a dar un golpe importante en Nuevo León. Autoridades federales aseguraron un predio en el municipio de Cadereyta, donde se almacenaban más de un millón de litros de hidrocarburos presuntamente robados, además de vehículos, contenedores y equipo utilizado para operar una red ilegal de combustible.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Las investigaciones permitieron ubicar un inmueble sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez que presuntamente funcionaba como centro de almacenamiento de huachicol.
Durante el cateo encabezado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), las autoridades decomisaron alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de otros 400 mil litros de líquidos color negro y amarillo cuya composición aún será analizada por peritos. El hallazgo confirma que el robo y almacenamiento ilegal de combustible sigue siendo uno de los negocios más lucrativos para grupos criminales y redes de corrupción.
En el sitio también fueron asegurados tractocamiones, autotanques, dollys, más de 400 cubitanques, silos verticales de almacenamiento, motobombas, montacargas y plantas de energía, lo que evidencia la magnitud de la operación clandestina. El enorme despliegue de infraestructura dejó ver que no se trataba de una actividad improvisada, sino de una estructura bien organizada para mover y almacenar combustible de manera ilegal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el problema del huachicol en Nuevo León y otras entidades del país, donde estas redes operan aprovechando rutas estratégicas y, en muchos casos, posibles complicidades locales. Aunque durante años el robo de combustible fue minimizado por gobiernos anteriores, las autoridades federales han intensificado los operativos para desmantelar estos centros clandestinos y cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
La FGR informó que el Ministerio Público continuará las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el origen exacto de los hidrocarburos asegurados. Mientras tanto, el predio quedó bajo resguardo federal y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre esta operación que representa uno de los aseguramientos más grandes de combustible ilegal registrados recientemente en Nuevo León.
El arsenal fue localizado dentro de un tráiler durante un cateo realizado por fuerzas federales en una pensión de carga cercana a la frontera con Guatemala.
Elementos de seguridad federales lograron un importante aseguramiento de armas y droga en Tapachula, Chiapas, luego de ejecutar un cateo en una pensión de tráileres ubicada en esta ciudad fronteriza con Guatemala. Durante el operativo fueron decomisadas 108 armas de fuego, paquetes con presunta cocaína y un tractocamión, en una acción coordinada contra el crimen organizado en la región sur del país.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo se realizó en el inmueble conocido como “La Cascada”, localizado sobre la carretera costera a las afueras de Tapachula. Dentro de un camión de carga, las autoridades encontraron un arsenal compuesto por 104 armas cortas y cuatro armas largas, además de nueve paquetes con aparente cocaína listos para su traslado.
En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes desplegaron un operativo de seguridad en la zona para asegurar el inmueble y evitar posibles enfrentamientos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el decomiso.
Tapachula se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para el tráfico de armas y droga debido a su cercanía con la frontera sur y las rutas utilizadas por grupos criminales para movilizar mercancía ilícita hacia distintos estados del país. El aseguramiento representa uno de los golpes más relevantes recientes contra las redes de tráfico que operan en Chiapas.
Las autoridades federales señalaron que este operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el Gobierno de México para debilitar a las organizaciones criminales y reforzar la vigilancia en regiones consideradas prioritarias. En los últimos meses, Chiapas ha registrado un incremento en operativos conjuntos ante la presencia de grupos delictivos ligados al tráfico de drogas, armas y personas.
El decomiso ocurre en medio del reforzamiento de seguridad en la frontera sur mexicana, donde fuerzas federales han incrementado cateos, patrullajes y acciones de inteligencia para contener el avance del crimen organizado. Las investigaciones continuarán para determinar el origen del arsenal y la posible participación de células criminales que operan en la región.
Sinaloa, Baja California y Veracruz concentraron los operativos más fuertes del fin de semana, con aseguramientos de metanfetamina, armas de alto poder, explosivos y hasta laboratorios clandestinos.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, durante operativos realizados entre el 22 y el 24 de mayo, fueron detenidas 79 personas vinculadas con actividades delictivas en al menos 15 estados del país. Además, las autoridades lograron el aseguramiento de más de 839 kilos de metanfetamina, cientos de cartuchos, armas largas, explosivos y vehículos, en lo que representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en las últimas semanas.
De acuerdo con el reporte oficial difundido este lunes por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los mayores resultados se registraron en Sinaloa, donde elementos federales capturaron a 29 personas y decomisaron armamento de alto calibre, una ametralladora, más de cinco mil cartuchos útiles, 142 artefactos explosivos improvisados y 620 litros de precursores químicos utilizados para fabricar metanfetamina.
En Baja California, particularmente en Tecate, efectivos militares aseguraron 830 kilos de metanfetamina y detuvieron a cuatro personas, mientras que en Veracruz fueron capturadas 23 personas durante diversos cateos y operativos. En esa entidad también fue localizado un laboratorio clandestino para refinación de diésel, además de armas, vehículos y equipo táctico relacionado con grupos criminales.
Las acciones de seguridad también alcanzaron a Quintana Roo, donde se reportó la detención de 15 personas, el aseguramiento de armas largas, un lanzagranadas y varios vehículos. En ese mismo estado, autoridades federales rescataron a 28 mujeres víctimas de trata, en un operativo coordinado contra redes de explotación. Por otra parte, en Tamaulipas fueron decomisados más de 49 mil litros de hidrocarburo en Reynosa, mientras que en Chihuahua se aseguraron 375 kilos de mariguana.
Otros aseguramientos relevantes ocurrieron en Sonora, donde se decomisaron 607 pastillas de fentanilo; en el Estado de México, con más de cuatro kilos de metanfetamina; y en entidades como Michoacán, Colima, Zacatecas, Tabasco y Nayarit, donde también se incautaron armas, explosivos y droga. Las autoridades federales reiteraron que los operativos continuarán como parte de la estrategia nacional para debilitar a las organizaciones criminales y reducir los índices de violencia en el país.
El cambio en la comandancia de la 11 Zona Militar ocurre en medio de señalamientos sobre presuntos sobornos ligados al Cártel de Sinaloa y una nueva ola de violencia en el sur de Zacatecas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) removió este sábado al general Isaac Bravo López como comandante de la 11 Zona Militar en Zacatecas, apenas dos días después de que circularan versiones sobre una supuesta investigación que lo vinculaba con presuntos sobornos del crimen organizado. En su lugar fue designado de manera interina el general brigadier Armando Toscano Yáñez, en una decisión que ocurre en medio de un clima de creciente tensión y violencia en la entidad.
La ceremonia oficial de relevo se realizó en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería, en Guadalupe, Zacatecas, con la presencia del gobernador David Monreal Ávila y del comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez. Aunque Sedena no explicó públicamente los motivos del cambio, el relevo ocurrió luego de que en redes sociales se difundieran acusaciones contra Isaac Bravo López por una supuesta relación con “El Mayito Flaco”, identificado con la facción del Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa.
Las versiones difundidas señalaban que el exmando militar presuntamente recibía pagos mensuales del grupo criminal, situación que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente por autoridades mexicanas o estadounidenses. Sin embargo, el movimiento dentro de la estructura militar encendió aún más las alertas sobre la compleja situación de seguridad que atraviesa Zacatecas, una de las entidades más golpeadas por la disputa entre cárteles.
Mientras se concretaba el relevo militar, corporaciones federales y estatales desplegaron un fuerte operativo en la región de los cañones, al sureste del estado, donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa protagonizaron enfrentamientos armados, persecuciones y bloqueos carreteros sobre la federal 54, en municipios como Villanueva, Tabasco, Jalpa y Juchipila.
De acuerdo con reportes locales, grupos criminales colocaron ponchallantas y presuntos artefactos explosivos para frenar el avance de autoridades y grupos rivales. Habitantes de comunidades como Las Azucenas, Mesa de Palmira y Tierras Moradas denunciaron intensas balaceras durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas ni la Fiscalía estatal habían informado sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas.
El nuevo comandante interino, Armando Toscano Yáñez, es egresado del Heroico Colegio Militar y ha ocupado cargos estratégicos dentro del Ejército, el Estado Mayor Presidencial y la Guardia Nacional. Su llegada se da en uno de los momentos más delicados para Zacatecas, donde la violencia ligada al crimen organizado mantiene bajo presión permanente a las autoridades civiles y militares.
Exalcaldes, mandos policiales y servidores públicos fueron sentenciados por delitos graves como secuestro, homicidio y extorsión tras investigaciones federales y estatales.
La Operación Enjambre asestó uno de los golpes más contundentes contra la corrupción en el Estado de México, al acumular mil 146 años de prisión en sentencias contra 20 personas vinculadas a delitos de alto impacto, incluidos homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
El operativo fue resultado de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Nacional —integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— junto con autoridades estatales, para desmantelar redes criminales infiltradas en el servicio público.
Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero, lo que permitió identificar la presunta participación de policías municipales, comisarios y funcionarios, incluyendo exalcaldes y miembros de cabildos, en actividades delictivas.
Entre las sentencias más relevantes destaca la de una ex presidenta municipal de Amanalco, condenada a 70 años por homicidio, así como ex mandos de seguridad de municipios como Nicolás Romero, Tlatlaya, Acambay y Naucalpan, quienes enfrentan penas de hasta 150 años de prisión por secuestro y extorsión.
Las autoridades precisaron que, con base en pruebas sólidas, el Poder Judicial del Estado de México ha emitido 15 sentencias condenatorias, marcando un precedente en el combate a la impunidad y la infiltración del crimen en instituciones públicas.
Este resultado refuerza la estrategia federal de seguridad, al demostrar que no habrá tolerancia para servidores públicos coludidos con el crimen organizado, y que las investigaciones continuarán para llevar ante la justicia a todos los responsables.
La FGR logró prisión preventiva para los detenidos, quienes portaban armas exclusivas de uso militar y más de mil cartuchos en Sinaloa.
Un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Culiacán, Sinaloa, derivó en la detención de siete personas que portaban armamento exclusivo del Ejército, incluyendo rifles de alto poder, cartuchos y equipo táctico.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los implicados fueron capturados dentro de un fraccionamiento, donde también se aseguró un vehículo blindado, lo que evidencia el nivel de capacidad operativa con el que contaban.
Durante la acción, las autoridades decomisaron siete armas largas, dos cortas, mil 225 cartuchos, 42 cargadores y tres chalecos tácticos, arsenal que quedó bajo resguardo de la autoridad federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Tras su puesta a disposición, el Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso por delitos relacionados con la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, considerados de alto impacto en materia de seguridad.
Como medida cautelar, un juez dictó prisión preventiva oficiosa para los siete detenidos y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, en la que se definirán mayores responsabilidades.
Este aseguramiento representa un nuevo golpe contra estructuras criminales en Sinaloa, donde las autoridades federales mantienen operativos para contener el uso de armamento de alto poder y reforzar la seguridad en la región.
Los imputados enfrentan prisión preventiva por portar armas, cartuchos y explosivos de uso exclusivo del Ejército; el operativo dejó un importante decomiso.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 18 personas detenidas en Nayarit por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como posesión de cargadores y cartuchos, en el marco de un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con la autoridad federal, la detención se logró tras labores de campo realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, luego de que los implicados abrieron fuego contra fuerzas federales, lo que derivó en su captura.
La #FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de 18 personas por su posible participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como resultado de los trabajos de campo del @GabSeguridadMX, fueron detenidos luego de que abrieran fuego contra… pic.twitter.com/0aw0B7GZlK
Durante el operativo se aseguraron 12 armas largas, 3 mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos, lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad del grupo detenido y su presunta vinculación con actividades delictivas de alto impacto.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, presentó los datos de prueba suficientes para que un juez determinara la vinculación. De los imputados, 12 enfrentan cargos agravados por portación de armas en grupo, mientras que otros seis fueron vinculados por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.
Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 en Nayarit, además de fijarse un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
