La droga fue incinerada en una empresa especializada del Estado de México bajo supervisión del Ministerio Público Federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó dos kilos 306 gramos 800 miligramos y 28 mil 308 unidades de sustancias que contenían fentanilo, como parte de diversas investigaciones iniciadas en el estado de Querétaro.
La destrucción se realizó en las instalaciones de una empresa especializada en el tratamiento y disposición final de sustancias químicas, ubicada en el Estado de México, en cumplimiento de los protocolos y disposiciones legales vigentes.
El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, con la participación de personal del Órgano Interno de Control (OIC), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química y fotografía forense.
Telcel, AT&T, y otros operadores móviles están obligados a destruir de manera inmediata los datos biométricos que recopilan de sus clientes al momento de vincular la línea celular a la CURP. Así lo advirtió David Pizaña, vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación Mexicana de Internet.
Las empresas telefónicas solicitan datos biométricos para verificar la identidad de los usuarios mediante su identificación oficial, pero una vez completada la vinculación, deben destruir dicha información.
En sucursales de Telcel, que concentra cerca del 60% del mercado de líneas celulares, se confirmó que el personal solicita fotografías de frente y de perfil del rostro, o bien huellas digitales de los dedos índices.
David Pizaña señaló que, aunque es probable que las empresas cumplan con la destrucción de los datos, al no comunicar ni dar evidencia de este proceso, generan dudas entre los usuarios. Destacó también que las compañías telefónicas operan bajo un alto nivel de regulación y supervisión, con sanciones severas en caso de incumplimiento.
El especialista identificó un punto de vulnerabilidad relevante, cuando el personal de atención toma fotografías del cliente con su propio teléfono celular y no con el del usuario, el dato biométrico queda expuesto, ya que el empleado conserva una copia en su dispositivo personal.
David Pizaña advirtió que ese tipo de filtraciones es donde se está rompiendo la seguridad, pues las compañías, principalmente en este momento, no están siguiendo protocolos adecuados.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió al 31 de diciembre el plazo para vincular las líneas celulares.
El agresor fue detenido tras asaltar a una mujer en la colonia Buenavista; la SSC confirmó que coincide con el hombre que intimidó al streamer extranjero.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre de 43 años en la alcaldía Cuauhtémoc, señalado como el responsable de amenazar con una navaja al streamer alemán Oskar, conocido como FastFoodBoss, durante una transmisión en vivo realizada el pasado 24 de junio en un tianguis de la calle Zaragoza.
El video del incidente se volvió viral luego de que el sujeto, sin camisa y con el rostro pintado con los colores de la bandera mexicana, exigiera de manera agresiva al creador de contenido que dejara de grabar mientras lo amagaba con un arma blanca. Un comerciante intervino para evitar una agresión mayor y permitió que el joven de 21 años abandonara el lugar ileso.
La captura ocurrió en la colonia Buenavista, donde una mujer de 30 años denunció haber sido asaltada y amenazada con una navaja por un hombre que le robó dinero en efectivo. Tras ubicar al sospechoso, los policías le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron el objeto punzocortante y el efectivo sustraído.
Al verificar sus características físicas y vestimenta, los agentes determinaron que coincidían con las del individuo que apareció en el video difundido en redes sociales. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica mientras continúan las investigaciones tanto por el robo como por las amenazas contra el turista alemán.
Entre el 13 y el 19 de junio, en Lagos de Moreno se registraron múltiples casos de hombres atados y señalados por robo; un caso atribuido a un supuesto justiciero.
En Lagos de Moreno, Jalisco, se han registrado al menos cinco casos de hombres encontrados amarrados en la vía pública entre el 13 y el 19 de junio de 2026, hechos atribuidos en redes sociales a un “justiciero” apodado el “Batman de Lagos de Moreno”. Las víctimas fueron señaladas como presuntos responsables de robo de motocicletas.
El primer caso ocurrió el 13 de junio, cuando un joven fue localizado con signos de violencia y una cartulina que lo acusaba de “ratero”. El 17 de junio se reportaron dos hombres de 18 años atados con cinta gris y con la boca cubierta, además de otro de 23 años exhibido con señalamientos similares. El 19 de junio se documentó un quinto caso con características equivalentes.
La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la apertura de carpetas de investigación por las agresiones y precisó que las víctimas fueron encontradas policontundidas y sujetas con cinta canela o gris. En todos los casos, los hombres fueron trasladados a servicios médicos y en algunos puntos se localizaron cartulinas con acusaciones y motocicletas presuntamente robadas.
Las autoridades investigan tanto los posibles robos como las agresiones, al considerar que los implicados deben ser tratados como víctimas independientemente de las acusaciones en su contra. El caso ha sido atribuido en redes sociales a un presunto vigilante anónimo, aunque no existe confirmación oficial sobre su identidad o existencia.
Fueron detenidos en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado con 8.9 kilos de heroína y 4.7 kilos de goma de opio ocultos en el tanque de gasolina.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Abelardo “N”, Isiss “N” y Jesús “N” por delitos contra la salud, por transportar heroína y goma de opio. Un juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación.
La detención se realizó tras una denuncia anónima que alertó sobre una camioneta pickup que circulaba por la Carretera Federal 02, en el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron la unidad, le marcaron el alto e inspeccionaron el vehículo con autorización de sus ocupantes.
Durante la revisión, los agentes descubrieron un cargamento oculto en el tanque de combustible. El aseguramiento incluyó 18 paquetes con heroína, con un peso total de 8.930 kilogramos, así como 10 paquetes con goma de opio que sumaron 4.759 kilogramos. También fue localizado un frasco con líquido color morado.
Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron un teléfono celular, la camioneta y diversa documentación. En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.
Mientras el PRI difunde mensajes sobre justicia para las familias de personas desaparecidas, las cifras oficiales muestran que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se registró uno de los periodos más graves en materia de desapariciones, con decenas de miles de casos acumulados y una crisis que se profundizó sin acciones por parte del Estado.
“Las familias no deberían convertirse en investigadoras. Las madres no deberían salir con palas a buscar a sus hijos. Los hijos no deberían crecer esperando a sus padres. México necesita verdad, justicia y un Estado que acompañe”, publicó recientemente el PRI en redes sociales. Sin embargo, el mensaje contrasta con los resultados del último gobierno priista, encabezado por Enrique Peña Nieto, período en el que las desapariciones alcanzaron niveles históricos y miles de familias quedaron justamente en la situación que hoy el partido denuncia.
Las familias no deberían convertirse en investigadoras. Las madres no deberían salir con palas a buscar a sus hijos. Los hijos no deberían crecer esperando a sus padres.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema: entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018 se registraron más de 109 mil reportes de desaparición, de los cuales 36 mil 725 personas seguían desaparecidas o no localizadas al cierre del sexenio. Tan solo hasta marzo de 2018, 21 mil 602 casos de desaparición corresponden al gobierno de Peña Nieto, lo que representaba alrededor del 61% de todas las desapariciones registradas en el país en ese momento.
La crisis también golpeó con fuerza a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Registros oficiales contabilizaron 4 mil 980 menores desaparecidos durante la administración priista, equivalente a más de tres cuartas partes de todos los casos de menores reportados desde 2007. Asimismo, de las casi 9 mil mujeres desaparecidas registradas hasta 2018, 6 mil 255 casos ocurrieron durante el sexenio de Peña Nieto, es decir, cerca del 70% del total nacional acumulado entonces.
Otro dato revelador es que entre diciembre de 2012 y julio de 2017 se contabilizaron 18 mil 778 personas desaparecidas y no localizadas, un promedio de 11 desapariciones al día, cifra que ya superaba los registros observados durante el sexenio anterior. Pese al crecimiento constante de los casos, colectivos de familiares denunciaron durante esos años la falta de investigaciones efectivas, la escasez de mecanismos de búsqueda y el abandono institucional que obligó a muchas familias a realizar labores que correspondían al Estado.
Por ello, el mensaje difundido por el PRI ha sido visto por diversos sectores como una contradicción, cuando fue este partido el que sumió a México en una de las etapas más críticas en materia de desapariciones, y la respuesta oficial fue ampliamente señalada como insuficiente frente a la gravedad del problema.
Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron una nueva jornada de inspección en bares y centros nocturnos para verificar el cumplimiento de la normatividad y reforzar el orden público.
La madrugada de este domingo, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo una nueva jornada del Plan Operativo de Inspección a bares y centros nocturnos en Playa del Carmen, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la legalidad y el orden en establecimientos de convivencia y entretenimiento.
En esta segunda noche consecutiva de acciones participaron elementos de distintas corporaciones federales, estatales y municipales, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, Tránsito Municipal y personal de Fiscalización. Durante el operativo fueron inspeccionados ocho establecimientos para verificar documentación, horarios de funcionamiento y condiciones generales de operación.
Las autoridades informaron que las revisiones se desarrollaron entre las 00:00 y las 02:00 horas sin registrarse incidentes. Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de coordinación impulsada por el Gobierno Municipal para garantizar espacios seguros tanto para habitantes como para visitantes del destino turístico.
La gobernadora Margarita González Saravia encabezó una nueva sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz, espacio en el que se dio seguimiento a las estrategias de prevención del delito.
En la mesa de trabajo se revisaron las estrategias de prevención y el esfuerzo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno con el fin de fortalecer la seguridad en el estado. La gobernadora Margarita González Saravia subrayó que, a través de la coordinación institucional, Morelos avanza en la construcción de paz y en la protección de las familias morelenses.
En sesiones recientes, el espacio ha servido también para dar seguimiento puntual a la situación de seguridad en el estado. En una de ellas, realizada de forma virtual desde Palacio de Gobierno, se destacó el incremento en la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, reflejado en un mayor número de denuncias a través de las líneas de Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.
En ese mismo encuentro, los tres órdenes de gobierno, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, recordaron su compromiso de reforzar las acciones de combate a la inseguridad.
Alberto Rodríguez, alias “El Virus”, presunto líder criminal del Cártel Nuevo Imperio, fue detenido en un balneario de Tulancingo–Metepec.
Alberto Rodríguez, alias “El Virus”, líder del Cártel Nuevo Imperio con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco,fue detenido en un balneario ubicado en la zona de Tulancingo–Metepec, Hidalgo. El operativo se realizó de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), autoridades federales y del estado de Hidalgo.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo criminal encabezado por “El Virus” está relacionado principalmente con actividades delictivas como robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos, así como homicidio. Las autoridades lo identifican como un generador de violencia en la zona poniente de la Ciudad de México.
Asimismo, se informó que la organización mantenía una alianza con el grupo conocido como “Los Malportados”, la cual se fracturó, dando paso a una disputa por el control de actividades ilícitas en Azcapotzalco. Este enfrentamiento habría detonado una serie de homicidios registrados en la demarcación en los últimos años.
A Rodríguez también se le vincula con al menos un feminicidio, cinco homicidios adicionales y diversos delitos como extorsión, narcomenudeo y robo. Tras labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil, fue localizado en Hidalgo, donde fue detenido en posesión de dosis de droga durante su estancia en el balneario.
Por unanimidad, se rectificó que no existen pruebas para acreditar la responsabilidad penal de Vallarta, quien recuperó su libertad tras pasar más de 20 años en prisión.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria dictada a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado de secuestro y presunto integrante de la banda de Los Zodiaco. Con esta resolución, los magistrados ratificaron el fallo que determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
Durante una sesión realizada de manera remota, el tribunal declaró infundada la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que quedó firme la absolución emitida en primera instancia por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca.
La sentencia absolutoria original fue dictada el 31 de julio de 2025 por la entonces jueza Mariana Vieyra Valdés, quien concluyó que durante el proceso no se logró demostrar la participación de Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad. Como consecuencia, recuperó su libertad el 1 de agosto de 2025.
Israel Vallarta permaneció más de 20 años privado de la libertad en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano antes de obtener su liberación. Su caso fue acompañado y representado jurídicamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, que sostuvo durante años que no existían elementos suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.
