La presidenta peruana promete “mucha firmeza” contra la delincuencia y toma como referencia a Nayib Bukele.
A pocos días de iniciar su gobierno, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que seguirá el ejemplo de Nayib Bukele para enfrentar la delincuencia y recuperar el orden. Durante una transmisión en redes sociales, respondió a una ciudadana que le pidió seguir los pasos del mandatario salvadoreño: “Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”. Con ello, Fujimori deja claro que pretende apostar por una estrategia de “mano dura” como una de las principales respuestas a la inseguridad.
El problema es que el llamado modelo Bukele no se limita a combatir a las pandillas. Su estrategia en El Salvador está marcada por el régimen de excepción, detenciones masivas y una fuerte concentración del poder en materia de seguridad. Organizaciones de derechos humanos y críticos del gobierno salvadoreño han advertido sobre detenciones arbitrarias, afectaciones al debido proceso y abusos cometidos durante la aplicación de estas medidas. Por eso, presentar el esquema simplemente como una fórmula de “firmeza” oculta los costos que puede tener.
Fujimori incluso planteó durante su campaña retomar el control de las fronteras y las cárceles y construir una megacárcel para internos considerados de alta peligrosidad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. La apuesta refleja una visión de seguridad centrada principalmente en encerrar y endurecer las penas, mientras quedan en segundo plano la prevención del delito, la investigación criminal, el fortalecimiento de las instituciones y las causas sociales de la violencia.
Así, Keiko Fujimori parece encontrar en Bukele no solo un referente de seguridad, sino también un modelo político que privilegia la imagen de autoridad y el discurso de “orden” por encima del debate sobre los límites del poder. El reto para Perú será evitar que la desesperación legítima de la población por la inseguridad sea utilizada para justificar medidas que debiliten derechos y controles democráticos.

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