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Un informe del Senado de EUA destaca el costo y la falta de supervisión en la deportación de migrantes a terceros países.

El Senado de Estados Unidos ha hecho público un informe que revela que el país gastó al menos 40 millones de dólares en deportar a 300 migrantes a naciones ajenas. Los funcionarios de inmigración han ampliado esta práctica, siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump. Según el documento de los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores, este enfoque ha sido considerado costoso y poco eficiente.

Los datos indican que el gobierno realizó pagos que varían entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a países como Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos. Los senadores han expresado su preocupación, calificando estas acciones como “derrochadoras” y pidiendo un análisis más exhaustivo de políticas que operan en gran medida sin transparencia.

Un caso particular ilustra la ineficiencia de estas deportaciones. Un ciudadano jamaicano fue enviado a Esuatini con un costo superior a 181 mil dólares, a pesar de que un tribunal estadounidense había ordenado su regreso a Jamaica. Semanas después, el gobierno de EUA tuvo que trasladarlo de vuelta a Jamaica, un país que nunca se opuso a su regreso.

Asimismo, el caso de Any Lucía López Belloza, una joven de 19 años, ha generado indignación. Esta estudiante de Babson College fue detenida en un aeropuerto en Texas y deportada a Honduras, a pesar de que existía una orden judicial en su favor. Su situación ha dejado al descubierto la falta de respeto a los procedimientos judiciales.

Las condiciones en los centros de detención son igualmente alarmantes. El congresista Jamie Raskin describió su reciente visita a una instalación de ICE en Baltimore como “vergonzosa”. Encontró a 60 hombres hacinados en una sola habitación, sin acceso a duchas y con un solo inodoro. Esta situación refleja una falta total de humanidad y respeto por los derechos de los detenidos.

Además, un informe de ProPublica sobre un centro de detención en Dilley, Texas, arroja luz sobre las experiencias de niños migrantes. Estos pequeños han expresado su angustia por ser separados de sus vidas en EUA y su miedo por el futuro. Sus madres han reportado que sus hijos sufren de problemas de salud, incluso han encontrado gusanos en su comida. Aunque las normas estipulan que los migrantes no deberían permanecer más de 21 días en estas instalaciones, muchos llevan meses atrapados.

Por otro lado, la situación se complica aún más por incidentes de violencia en el ámbito de la vigilancia migratoria. Recientemente, el jefe interino del ICE, Todd Lyons, informó que dos oficiales parecen haber hecho declaraciones falsas sobre un tiroteo en Minnesota. Este incidente ha añadido más presión sobre una agencia ya criticada por su manejo de las deportaciones.

Estos casos evidencian la urgencia de revisar las políticas migratorias de Estados Unidos. La opacidad y los altos costos asociados con las deportaciones a terceros países requieren un escrutinio más riguroso para asegurar un trato justo y humano a los migrantes.