El exgobernador, señalado por desvíos millonarios y hoy prófugo, logra que se revise si falsificaron su firma en el recurso que frenó su captura.
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consiguió un amparo que obliga a reponer el procedimiento judicial para investigar la presunta falsificación de su firma en un recurso que le había permitido evadir la acción de la justicia.
Un Tribunal Colegiado determinó que hubo violaciones al debido proceso y ordenó que una perito en grafoscopía y documentoscopía analice si la firma utilizada en el amparo realmente corresponde al exmandatario. Es decir, se reabre una pieza clave de un caso que huele a maniobra para ganar tiempo.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, por un presunto desfalco superior a 3 mil millones de pesos destinados a cuarteles de seguridad. Mientras tanto, Aureoles sigue sin dar la cara ante la justicia.
El fallo revoca la decisión de una jueza que había desechado su petición. Para los magistrados, el proceso estuvo mal llevado; para la opinión pública, el caso exhibe cómo los recursos legales pueden convertirse en tabla de salvación para políticos señalados por corrupción.
El historial no ayuda: Aureoles ignoró una audiencia clave en 2025, lo que derivó en su condición de prófugo. En paralelo, cuatro de sus excolaboradores ya enfrentan proceso penal, lo que refuerza la gravedad del entramado que se investiga.
La resolución no lo absuelve, pero sí le da oxígeno a una defensa cuestionada.
