El Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán determinó una sanción contra el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez tras acreditar irregularidades en la entrega de recursos del programa Beca Futuro a organizaciones sin respaldo oficial, con un monto superior a los 5.6 millones de pesos.
La Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) de Michoacán determinó imponer una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos al diputado Juan Carlos Barragán Vélez, luego de comprobar su responsabilidad en el manejo irregular de recursos públicos.
La resolución señala que el ex Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado incurrió en un desvío de recursos por 5 millones 636 mil pesos, relacionados con pagos del programa Beca Futuro, realizados durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
De acuerdo con la sentencia 0011/2025-I, los recursos fueron entregados a asociaciones civiles que no contaban con registro oficial y cuyos pagos se efectuaron entre finales de mayo y principios de julio de 2018.
La investigación derivó de una auditoría llevada a cabo por la Contraloría del Estado entre agosto de 2019 y julio de 2021, donde se documentaron las irregularidades administrativas atribuidas al entonces funcionario estatal.
El tribunal también señaló que Barragán Vélez autorizó apoyos económicos sin la aprobación del Comité Técnico del programa y sin contar con expedientes completos, documentación comprobatoria ni información clara sobre algunos beneficiarios.
Entre las organizaciones mencionadas en el caso se encuentran Michoacán con los Ciudadanos Primero A.C. y Michoacán por un Mejor País A.C., además de otros receptores cuyos pagos no contaban con respaldo de documentos suficientes.
El ahora diputado, también deberá cubrir con el pago de 5 millones 636 mil pesos como parte de la sanción impuesta por el tribunal, quienes ratificaron como una conducta grave.
La resolución ocurre años después de su paso por la administración estatal y mantiene bajo escrutinio la actuación de ex funcionarios vinculados con el manejo de programas sociales, donde la transparencia en el uso de recursos públicos sigue siendo uno de los principales reclamos ciudadanos.
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