Hugo Aguilar Ortiz y Ernestina Godoy firmaron un convenio de capacitación conjunta que busca fortalecer al sistema de justicia sin comprometer la autonomía de ambas instituciones.
Este jueves, el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo busca construir un mejor sistema de justicia penal mediante capacitación y proyectos conjuntos.
Durante la firma, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, contó que al llegar al cargo en septiembre de 2025 recibió una propuesta de capacitación de la FGR. En ese momento la rechazó, pues temía que afectara la percepción de imparcialidad del sistema judicial.
No obstante, Aguilar Ortiz reconsideró esa postura con el tiempo. El ministro explicó que la verdadera autonomía requiere coordinación entre instituciones que sirven al mismo pueblo y a la misma nación.
Por otro lado, el ministro anunció que la Suprema Corte inició una evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El mecanismo cumple 18 años de funcionamiento en el país.
Aguilar Ortiz confía en que sistematizar la experiencia acumulada permitirá perfeccionar el sistema actual. Esta revisión abarca tanto la procuración como la administración de justicia en México.
En su turno, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos aseguró que la justicia empieza mucho antes de una audiencia judicial. Godoy destacó que todo comienza con la formación de los servidores públicos y el intercambio de buenas prácticas.
Asimismo, la fiscal insistió en que esta colaboración institucional no vulnera la autonomía constitucional de ninguna de las partes. Godoy llamó a formar nuevas generaciones de fiscales y jueces con un enfoque humanista y cercano a la gente.
Finalmente, el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, detalló los alcances del convenio. La SCJN, la FGR y el INACIPE trabajarán juntos en formación jurídica y proyectos de investigación compartidos.
Vargas Solano añadió que las instituciones se comprometieron a fortalecer el conocimiento jurídico entre su personal. El objetivo final es actualizar constantemente a jueces, fiscales y ministerios públicos en ciencias penales.
