La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha atraído la atención de los partidos de oposición. Tras los resultados de la jornada electoral del 1 de junio, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han hecho acercamientos para invitarla a contender por una diputación federal en 2027.
Contrapeso a la hegemonía de Morena
La oposición considera que la candidatura de Piña podría servir como contrapeso a la hegemonía de Morena en el sistema judicial mexicano. Con el avance de los aliados de la Cuarta Transformación, los opositores temen la eliminación de los contrapesos en el Poder Judicial.
Una propuesta estratégica
El medio digital La Política Online reveló que los partidos han propuesto que Piña se una a sus filas. Esta invitación incluye la posibilidad de que asuma una diputación federal, lo que la convertiría en una figura crítica en el nuevo contexto político.
Un cambio de rol potencial
Este movimiento recuerda el caso de Lorenzo Córdova, expresidente del INE, quien también fue cortejado por la oposición después de dejar su cargo. Así, Piña podría transitar de jueza constitucional a opositora política, simbolizando la resistencia a la 4T.
Litigio Estratégico en el Horizonte
Los opositores consideran que Piña podría unirse a un nuevo frente de “litigio estratégico”. Esta estrategia busca contrarrestar decisiones gubernamentales desde los tribunales, similar a lo que se hizo contra megaproyectos como el Tren Maya.
La decisión de Norma Piña
Analistas ven la exclusión de allegados a Norma Piña en la elección judicial como una derrota para su proyecto judicial. A pesar de las especulaciones, la ministra no ha hecho pública su decisión. La SCJN ha aclarado que las afirmaciones sobre su incursión política son falsas, pero el interés persiste en círculos opositores.
Un futuro incierto
La oposición enfrenta el riesgo de depender de una figura como Piña para revitalizar su agenda. En lugar de construir un liderazgo sólido y coherente, parece buscar atajos al coquetear con una figura judicial en lugar de proponer soluciones efectivas.
