En México, más de 85 mil personas privadas de la libertad aún no han recibido sentencia, lo que representa el 36.3 % de la población penitenciaria, según datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2025 del INEGI
Una investigación de Clara Zepeda para La Jornada, resalta que del total, 38% está en prisión preventiva justificada (impuesta por un juez) y 47% en preventiva oficiosa (automática por ciertos delitos). El resto no tiene identificado su estatus jurídico o se encuentra en otros supuestos.
En cuanto a género, el 56.4% de las mujeres sin sentencia están bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que en hombres es el 46.2%. En Estado de México y Michoacán, el 100% de los reclusos sin sentencia enfrentan prisión preventiva oficiosa.
En 2024, a nivel nacional, en promedio había 102.9 personas privadas de la libertad por cada cien espacios disponibles.
▪️Las entidades con la mayor tasa de ocupación fueron el estado de México y Nayarit, ambas con 238.8 personas por cada cien espacios. ▪️Colima y Campeche… pic.twitter.com/D52jA5F3vi
El tiempo de espera para una sentencia supera los dos años para el 25.6% de las mujeres y el 22.3% de los hombres.
Además, la población carcelaria ha aumentado 20% en los últimos seis años, pasando de 196 mil 322 en 2018 a 236 mil 773 en 2024, lo que supera la capacidad nacional estimada en 230 mil lugares.
Las entidades con mayor población penitenciaria son Estado de México (35,771 personas) y Ciudad de México (25,584). Las tasas más altas por cada 100 mil habitantes se reportan en Sonora y Baja California.
Entre los delitos más comunes: en mujeres destaca el delito federal contra la salud, y en hombres, los relacionados con armas y explosivos. El robo es el ilícito más frecuente entre ambos géneros.
Miguel “N”, conocido como “El químico feminicida serial de Iztacalco”, murió por un traumatismo craneoencefálico mientras estaba en el Reclusorio Oriente. La necropsia reveló que esta fue la causa de su muerte.
El personal de Custodia Penitenciaria reportó que Miguel “N” sufrió una caída y contusión. Fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y luego al Hospital General de Iztapalapa. Allí, los médicos lo diagnosticaron sin signos vitales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se dio parte al Ministerio Público para iniciar las investigaciones. Además, el Sistema Penitenciario también lleva a cabo indagatorias sobre el incidente.
La SSC aclaró que Miguel “N” contaba con vigilancia constante y un tratamiento médico controlado. A pesar de esto, su salud se deterioró rápidamente.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México continúa investigando las circunstancias de su muerte. Realizan estudios periciales en el reclusorio y exámenes toxicológicos.
Los asesores jurídicos de las víctimas de Miguel “N” estuvieron presentes durante la necropsia. Su objetivo es obtener información directa sobre el proceso judicial relacionado.
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024 (INEGI), presentados el pasado 18 de julio, al cierre de 2023 se registró un incremento en la capacidad de los centros penitenciarios a nivel nacional, alcanzando un total de 229,032 espacios. Esta cifra incluye tanto los centros federales como estatales, con un aumento significativo en comparación con años anteriores.
El informe detalla que, durante el mismo periodo, la población privada de la libertad también creció, alcanzando las 233,277 personas, de las cuales el 94.3% son hombres y el 5.7% mujeres. Este aumento representa un 3.2% más en comparación con el 2022. Además, se destaca que la mayor parte de esta población se concentra en el Estado de México, con 35,325 personas privadas de la libertad.
Otro aspecto relevante es que más del 37% de la población penitenciaria no ha recibido sentencia, permaneciendo en prisión preventiva. De esta proporción, el 44.3% está bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que el 32.5% en prisión preventiva justificada.
Este censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), busca ofrecer un panorama detallado del sistema penitenciario mexicano, proporcionando datos sobre infraestructura, recursos humanos y el estatus de las personas privadas de la libertad, para el diseño y evaluación de políticas públicas.
La iniciativa de Martí Batres para la CDMX
Después de estos datos del INEGI, se hace necesario destacar el trabajo de la 4T en materia de impartición de justica. A inicios de septiembre, el entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa que aborda temas específicos derivados de la experiencia de abogados, funcionarios públicos, luchadores sociales y ciudadanos. Esta propuesta surge ante la falta de enfoque social en muchas decisiones judiciales, destacando la necesidad de que las autoridades judiciales tengan un mayor sentido de justicia social al dictaminar sentencias. Esta falta de sensibilidad ha generado preocupación, sobre todo cuando las resoluciones no parecen alinearse con los principios de justicia que la sociedad demanda.
El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que la reforma enviada al Congreso de la Ciudad de México obligará a los jueces a priorizar los principios de justicia social en sus decisiones. Además, recalcó que esta reforma reforzará los principios que guían la función jurisdiccional, permitiendo que se otorgue mayor atención a las personas y grupos en situación de desventaja social. Esto tiene como objetivo garantizar un acceso más equitativo a la justicia en la ciudad, asegurando que los más vulnerables reciban protección adecuada.
La reforma judicial, tal como se detalla, modifica el artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México para incluir principios clave como la igualdad sustantiva, la justicia restaurativa y redistributiva. Estos conceptos se implementarán para crear un sistema que garantice la tutela efectiva de los derechos humanos, especialmente en beneficio de grupos en pobreza, exclusión, marginación o discriminación. Con ello, se pretende reducir las dilaciones indebidas y mejorar el acceso a la justicia para quienes enfrentan condiciones de desventaja.
Con la participación de al menos 18 instituciones del gobierno federal y 66 acciones específicas para abordar este tema, la Secretaría de Gobernación presentó la Estrategia Nacional contra la Tortura, que tiene dos ejes principales: la prevención y la atención a las víctimas de este delito.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Ministerio del Interior, explicó que dado que las policías municipales y estatales son quienes llevan el registro de las denuncias por estas prácticas, la tortura se convirtió durante muchos años en una práctica común, particularmente en las fuerzas policiales.
En ese sentido, afirmó que es fundamental implementar políticas que acaben con esta práctica, ya que es una de las máximas prioridades que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la Presentación de la Estrategia Nacional contra la Tortura, el titular de la #SDHPyM de la #Segob, @A_Encinas_R reiteró que por instrucciones del presidente @lopezobrador_, la atención a este fenómeno debe ponderar a las víctimas y la reparación integral.… pic.twitter.com/MGgoUR7BXa
Este documento debería ser utilizado en conjunto con el Programa Contra la Tortura de la Fiscalía General de la Nación, pero debido a que aún no ha sido completado ni hecho público, la Segob ha decidido comenzar con la implementación de su estrategia para tomar acciones específicas para abordar este tema.
De acuerdo con Encinas Rodríguez, todas las instituciones del gobierno federal están avanzando en el respeto a los derechos de las personas e implementando una estrategia de formación que se enfoca en la formación de recursos humanos. Pero dado que ahora se dan las circunstancias para hacer justicia y sancionar a los responsables, también es importante prestar atención a las víctimas de este delito.
El Instituto Nacional de Migración y el Sistema Penitenciario son dos instituciones donde se han desarrollado campañas de difusión.
Según Félix Santana, Director General de Estrategias y Atención a los Derechos Humanos de esta Secretaría, estas instituciones, junto con otras como la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina, han asumido compromisos específicos de abstenerse de utilizar cualquier forma de tortura a civiles.
