“… Luego de 2004 hasta 2018 comenzó la declinación en la producción del petróleo que se agravó con la aplicación de la reforma energética. (…) En noviembre de 2018, cuando recibimos el gobierno, la producción era de un millón 702 mil barriles diarios y se había comenzado a importar crudo del extranjero…”.
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Discurso de conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera.
La defensa de la soberanía nacional es plenamente compartida por dos de los más destacados jefes de Estado que nuestro país ha tenido en su historia. Efectivamente, Cárdenas en 1938 y López Obrador desde que asume la presidencia en 2018 coinciden en la trascendencia de llevar a cabo, de manera contundente, las acciones que garanticen la decisión soberana de mantener el control de los energéticos como un bien público.
El decreto de Lázaro Cárdenas enfrentó a las poderosas petroleras inglesas y estadounidenses y, de no ser por la coyuntura internacional de los años treinta del siglo pasado, las presiones internacionales hubiesen adoptado tintes abiertamente intervencionistas. Asimismo, la derecha en el país organizada en torno al Partido Acción Nacional sentó las bases en 1938, para evitar que las corrientes progresistas que habían llegado al poder con el cardenismo continuaran más allá de 1940.
Anna Ribera en su ensayo Francisco J. Múgica y su candidatura frustrada a la presidencia de México en 1940, describe con detalle la crisis política que obligó al General Cárdenas a hacer más lento el proceso de cambios y que afloró en una clara división en los tres poderes de la unión, misma que se expresaría en dos frentes hacia la sucesión poscardenista: el favorable a Manuel Ávila Camacho y el simpatizante de Francisco J. Mújica, a través de cuya figura se habría dado continuidad a las reformas nacionalistas.
En el caso de AMLO el fortalecimiento de Pemex y la CFE, la modernización de refinerías y plantas hidroeléctricas y la vuelta a importantes niveles de producción de energéticos constituye también la recuperación de la soberanía puesta en juego por la llamada “reforma energética”, decretada en el gobierno de Enrique Peña. Reforma que solamente pretendía la plena desnacionalización energética, la cual fue aplaudida por el binomio asociado de los poderes político y económico nacional e internacional. Veamos en detalle.
La iniciativa de reforma constitucional de Enrique Peña presentada el 12 de agosto de 2013, fue acompañada por un paquete de leyes secundarias pactadas en privado para favorecer al alto capital y sus socios/cómplices domésticos en detrimento del interés público y, de manera destacada, de la “seguridad nacional de México”… al concretar los instrumentos constitucionales y legales que colocan funciones clave —como el abastecimiento de gasolinas y diésel y la operación de enormes complejos económico/ territoriales en los que Pemex y la CFE despliegan sus vitales funciones— en manos de corporaciones extranjeras, cuyo modus operandi en el nivel mundial incluye a sus propios cuerpos de “seguridad”, o bien cuentan con amplios presupuestos para establecer enlazamientos con los cuerpos militares y policiales locales, propensos, como las firmas militares, a la violación de los derechos humanos. La proeza antinacional de Peña Nieto y la mayoría “prianista”, que Ernesto Zedillo admiró y elogió como un logro jamás presente ni en sus “más salvajes sueños”.
Lo que a lo largo de todo el periodo neoliberal se había realizado de manera “encubierta” o utilizando mecanismos legaloides o subterfugios aprovechando “vacíos” normativos, para diezmar gradualmente el potencial que, en algún momento, colocó a Pemex entre las diez primeras empresas estatales del mundo, tras la reforma energética aprobada por el legislativo mexicano a contracorriente de numerosos sectores de la opinión pública nacional, pero contando con el aval del Pentágono, el BM/FMI y sus socios locales, le permitieron a ExxonMobil, instalarse en territorio mexicano; “… y así como las otras sucesoras de las Siete Hermanas, se encuentra en condiciones de recibir todo el apoyo oficial, no sólo de la Embajada respectiva, del Pentágono o de la Agencia Central de Inteligencia, sino también (y esto es crucial para cualquier análisis de la iniciativa de “flexibilización constitucional” para abrir el gran negocio “corriente arriba” —exploración, producción— y “corriente abajo” —refinación, transformación, distribución, mercadeo— que hasta ahora ha sido patrimonio de la población mexicana), del Banco Mundial, que por tres décadas ha llevado, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el portafolio de los empréstitos con los que se impulsan los “Programas de Ajuste Estructural” en virtualmente todas las ramas de la economía, y, desde luego, en la del gas, petróleo y electricidad…”.
El investigador y catedrático universitario John Saxe-Fernández enfatiza en el hecho de que, a partir de la reforma, las decisiones otrora de la dirección de Pemex y su consejo de administración, en materia de contratos, se concentran exclusivamente en el Ejecutivo Federal, como podemos ver a continuación: “… Con un sesgo autocrático de Peña Nieto hacia el Senado, del Ejecutivo sobre el Legislativo, se plantea que el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado. (párrafo 3) contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de estos. (párrafo 2) dar certeza a nivel Constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal. (último párrafo) … el Ejecutivo Federal y no Pemex será quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al Ejecutivo Federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y comercialización”.
“… Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas [y] la decisión de a quién, cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por su alteza serenísima […] esta reforma está hecha a petición de las grandes petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta, compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza nacional y de paso la soberanía…”
Sorprende la capacidad mostrada en el manejo político-legislativo para consumar los cambios constitucionales en materia energética, mismos que a decir de Saxe-Fernández estaban contenidos en las Cartas de Intención del Banco Mundial “arropadas por entes como la conservadora Fundación Heritage, la cual opera desde Washington. La compraventa como la última etapa de cinco niveles de acción desnacionalizadora/ privatizadora articulados a través de los Programas de Ajuste Estructural del FMI-BM-BID a favor de los grandes monopolios petroleros y gaseros y firmas locales, con la participación de exsecretarios de energía del país, exdirectores generales de Pemex y contratistas de la entonces “paraestatal”, quienes, con voracidad ante oportunidades, acompañaron a Calderón y después a EPN y a las trasnacionales energéticas, en pos del estratégico ramo petroeléctrico, cuyo funcionamiento es esencial a la economía y a la estabilidad del país.
“En tan solo dos años Peña Nieto logró imponer de manera burda y bárbara, en acatamiento servil de la agenda dictada desde el extranjero y con el contubernio de los grupos de poder en México, las reformas laboral, educativa, fiscal y energética.”
Este panorama es el que AMLO enfrentó en materia energética al entrar a la presidencia en 2018. Gracias a la mayoría legislativa en la primera mitad de su mandato, logró reformas constitucionales y, en su momento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2022, que determinó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, el presidente ha defendido una clara politica soberana e independiente en materia energética, gracias a la cual prácticamente se ha revertido la desnacionalización privatizadora peñista.
Recomiendo ampliamente los siguientes textos consultados para la elaboración de este artículo: Saxe Fernández, John. Crisis e Imperialismo. Colección El Mundo Actual. Serie Construcción Social Alternativa. CEIICH. UNAM. México 2012. Pp.304.
Saxe Fernández, John. La compraventa de México. Una interpretación histórica estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. CEIICH. UNAM. México 2016. Pp.623.
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