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El reciente derrame de hidrosulfuro de sodio tras el descarrilamiento de un tren en Naco, Sonora, que lamentablemente dejó a un habitante en estado crítico, vuelve a recordarnos la vieja costumbre nacional de reaccionar cuando ocurre una tragedia, sin que aprendamos la lección de adoptar las medidas necesarias para evitarla.

Por desgracia lo sucedido en Naco no es un caso aislado. Ahí está el Río Sonora, donde más de una década después las comunidades siguen reclamando agua limpia, atención médica y justicia ambiental.

Ahí están también los incendios forestales, la contaminación de ríos, el uso indiscriminado de agrotóxicos y los conflictos derivados de proyectos que afectan a comunidades enteras, lo que nos lleva a una misma reflexión: solo cambian los lugares, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el de privilegiar la reacción por encima de la prevención. Los ejemplos sobran y todos siguen el mismo patrón. En 2019, la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó más de cien muertos, y aun así las tomas clandestinas y las fallas de vigilancia en la red de ductos de Pemex continúan siendo un problema recurrente. En Coahuila, el desastre minero de Pasta de Conchos —donde apenas este año, más de dos décadas después de la explosión, se ha logrado recuperar poco menos de la mitad de los 65 cuerpos de los mineros atrapados— muestra cómo la negligencia empresarial y la omisión gubernamental pueden convertirse en una misma responsabilidad compartida. Como se puede advertir, en cada uno de estos casos, la pregunta que debería hacerse la sociedad no es solamente qué pasó, sino quién debía haberlo evitado y qué consecuencias enfrentó por no hacerlo.

La cuestión de fondo es muy sencilla: el Estado mexicano hoy enfrenta grandes desafíos para conciliar el crecimiento industrial con la protección ambiental, pero ese desafío se vuelve insostenible cuando las empresas responsables de estos desastres asumen que un comunicado de prensa y una brigada de limpieza bastan para saldar su deuda con las comunidades afectadas. Pero hay que ser más que claros: no basta con contener el daño inmediato, la ley debe obligar a las empresas a reparar integralmente el entorno, resarcir a las familias afectadas y garantizar tratamiento médico de largo plazo a quienes resultaron dañados como en este caso Luis Arturo Ozuna Vázquez, porque un accidente “controlado” no es, en lo absoluto, lo mismo que un accidente reparado.

Por esa razón, el caso de Naco resulta por demás revelador: hablamos sin más ni más de un tren que transportaba hidrosulfuro de sodio —sustancia altamente tóxica capaz de provocar quemaduras severas e insuficiencia respiratoria— que se descarriló en una zona donde, según los propios pobladores, ya se habían denunciado anteriormente fallas en el mantenimiento de las vías.

Luego entonces cabe preguntarse de manera seria: ¿cuántas advertencias tuvieron que ignorarse para que ocurriera lo que ocurrió? Esa misma pregunta recae en una realidad que se presenta a menudo pues cuando la respuesta institucional llega después del derrame y no antes de la denuncia, algo en el diseño de nuestras políticas de prevención está profundamente equivocado.

La obligación de reparar el daño se vuelve el tema central, pues no se trata únicamente de una sanción económica que las empresas puedan absorber como un costo más de operación, sino de un principio de justicia ambiental por el que debemos pugnar todos. Ese principio es muy simple: que quien contamina, quien pone en riesgo la salud de una comunidad, quien se beneficia de la extracción o el transporte de sustancias peligrosas, debe responder con la misma proporción del daño causado y eso implica remediación real de suelos y cuerpos de agua, atención médica garantizada y no condicionada a litigios interminables, además de mecanismos de indemnización que no dependan en lo absoluto de la buena voluntad corporativa ni de la presión mediática del momento. Desde este espacio pugnamos porque haya justicia para Luis Arturo Ozuna Vázquez.

Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la
Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

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