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  • Montiel califica de indefendible a Taddei y exige revisar el pasado del INE

    Montiel califica de indefendible a Taddei y exige revisar el pasado del INE

    La líder de Morena asegura que la corrupción en el instituto nació hace años y pide a la ASF revisar todas las gestiones.

    Ariadna Montiel no salió en defensa de Guadalupe Taddei. La presidenta nacional de Morena afirmó este martes que la ex consejera presidenta del INE “es indefendible”. Las acusaciones de corrupción la llevaron a renunciar.

    Montiel habló en conferencia de prensa, en la sede de su partido en la Ciudad de México. Taddei dejó el cargo el 26 de octubre, en medio de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre contratos del instituto. Aun así, la dirigente aclaró que el problema no empezó con ella. Según Montiel, la red de favoritismo hacia ciertos proveedores creció durante varios periodos.

    Por eso, exigió a nombre de Morena que la ASF investigue “desde el pasado”. También pidió llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables.

    Como ejemplo, la morenista mencionó a Edmundo Jacobo, quien fue secretario ejecutivo del INE durante 15 años. Hoy Jacobo critica los posibles actos de corrupción en la gestión de Taddei. Montiel recordó que él tenía facultades para manejar a los proveedores que ahora enfrentan señalamientos por actos monopólicos. “Lo que hoy vemos es resultado de un proceso de corrupción y degradación institucional”, dijo.

    Además, Montiel apuntó contra el ex presidente del instituto Carlos Ugalde, otra voz crítica del escenario actual. Lo acusó de protagonizar el fraude electoral de 2006, cuando avaló el triunfo de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. “Ugalde fue el gran defraudador del país, impidió que la transformación llegara desde el 2006”, sostuvo.

    La dirigente también repasó lo ocurrido en 2012. Recordó que el instituto declaró ganador a Enrique Peña Nieto y no vio la compra de votos con las tarjetas Monex y Soriana.

    A pesar de la crisis, Montiel descartó que las elecciones de 2027 corran peligro. Consideró que los comicios están garantizados, porque la democracia la construye el pueblo y su participación pesa más que cualquier institución.

  • Siete Asociaciones y Organizaciones Civiles vinculadas a la red de actividades ilícitas

    Siete Asociaciones y Organizaciones Civiles vinculadas a la red de actividades ilícitas

    De Malinalco a Azteca, pasando por Harp Helú, Kaluz, Sorian FEMSA y la del Dr. Simi; una serie de organizaciones y asociaciones de carácter social enfrentan señalamientos por conflictos fiscales, presunto lavado de dinero, uso de fondos públicos y prácticas que cuestionan la transparencia de la beneficencia de estos organismos sociales. 

    En los últimos años, diversas fundaciones ligadas a grandes corporativos y figuras de poder han sido colocadas en el centro del debate público. Bajo el discurso de apoyo social, educación y salud y denuncias oficiales han revelado presuntas irregularidades que van desde violencia laboral hasta esquemas fiscales y uso de recursos públicos. ¿Dónde termina la solidaridad y dónde comienza el beneficio privado?

    La Fundación Comunitaria Malinalco emerge como uno de los casos más delicados, puesto que, entre 2023 y 2024, fue señalada por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, con menciones directas a un socio vinculado a la administración pública federal. A ello se suman denuncias de violencia de género y despido injustificado por parte de su ex directora Mary Carmen Ortega, quien, describieron, manejaba un ambiente interno marcado por prácticas de abuso de poder.

    En el caso de la Fundación BEST, asociada a Victor González Torres, conocido como el Dr. Simi, las críticas han girado en torno a un presunto lucro disfrazado de beneficencia. Funcionarios federales y reportes mediáticos han cuestionado una red de donaciones atípicas y fundaciones satélite que reciben recursos, abriendo dudas sobre el uso de la figura de asociación civil como mecanismo financiero más que social.

    La Fundación FEMSA, de la familia Garza Lagüera Gonda, aunque sin señalamientos penales directos, carga con la sombra de los conflictos fiscales y ambientales de su corporativo base. Adeudos por casi 2 mil 900 millones de pesos reactivados en tribunales, pagos históricos millonarios al SAT, y denuncias por explotación excesiva de agua, colocan a la fundación bajo una lupa constante sobre responsabilidad social real frente a prácticas corporativas cuestionadas.

    Otro caso de críticas y señalamientos ha sido la  Fundación Harp Helú, de Alfredo Harp Helú, descrita como parte de un modelo de simulación fiscal, donde las donaciones generan beneficios tributarios y posibles ganancias indirectas para empresas vinculadas. A esto se añaden antiguos vínculos con personajes relacionados con redes de facturas investigadas por presunto lavado de dinero y fraude fiscal.

    La Fundación Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, representa uno de los ejemplos más visibles de financiamiento público bajo la imagen de beneficencia privada. Entre 2012 y 2018 sus orquestas infantiles recibieron más de 1,600 millones de pesos de gobiernos estatales y federales, mientras que en una década los recursos públicos superaron los 1,700 millones. Las investigaciones han señalado inconsistencias reportadas al SAT, falta de transparencia y justificaciones administrativas para no detallar el uso del dinero.

    La Fundación Soriana de las familias Martín Bringas y Soberón arrastra el historial del corporativo, desde el asunto de los monederos electrónicos ligados a la compra de votos en 2012, hasta multas de la Cofece y sanciones por prácticas comerciales irregulares. Estas controversias alimentan dudas sobre la ética empresarial que respalda su labor social.

    Finalmente, la Fundación Kaluz de Antonio del Valle Ruiz y familia ha sido mencionada en investigaciones de autoridades financieras por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, además de su financiamiento a organizaciones que promovieron litigios contra proyectos estratégicos del gobierno federal. Su cercanía con sectores empresariales opositores a reformas energéticas ha reforzado la percepción de que la filantropía también opera como instrumento político.

    El patrón se repite, grandes fundaciones que, bajo discursos de ayuda comunitaria, aparecen ligadas a conflictos fiscales, opacidad financiera y relaciones con el poder económico y político.