En una respuesta contundente a favor de la autonomía legislativa, 18 congresos estatales, incluida la legislatura de la Ciudad de México, aprobaron en tiempo récord la reforma de inimpugnabilidad, diseñada para blindar las reformas constitucionales y limitar la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de intervenir en el proceso legislativo de cambios estructurales. Conocida como la reforma de “supremacía constitucional”, esta medida asegura que el Congreso de la Unión tenga la autoridad final sobre las modificaciones constitucionales, sin posibilidad de impugnación judicial, y fortalece su papel en la transformación del sistema político y judicial mexicano.
La aprobación en los congresos estatales llega apenas 24 horas después de que el Congreso de la Unión diera luz verde a la iniciativa, reflejando el amplio respaldo hacia esta medida en todo el país. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, confirmó que hasta las 12:52 horas del jueves ya se contaba con el apoyo necesario para que la reforma sea declarada constitucional y se envíe al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “Con 18 congresos locales a favor, la mayoría está asegurada, y continuaremos sumando apoyo en otros estados”, señaló el senador, destacando la importancia de esta reforma para proteger la voluntad del pueblo mexicano y del Poder Legislativo.
Objetivos de la Reforma de Inimpugnabilidad
La reforma busca afianzar la independencia del Congreso y el carácter soberano de sus decisiones, garantizando que las reformas a la Constitución, avaladas por una mayoría legislativa y de congresos estatales, sean inapelables. Este avance es visto como un paso fundamental para fortalecer la democracia participativa, ya que empodera al Poder Legislativo para realizar transformaciones estructurales en áreas clave sin riesgo de ser revertidas o invalidadas por el máximo tribunal.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la introducción de la elección popular para jueces, magistrados y ministros, lo que permitiría que las posiciones en el Poder Judicial respondan directamente al mandato ciudadano. La reforma establece que el Congreso, en representación de la ciudadanía, tenga la última palabra en cambios constitucionales, una medida que busca impedir que un órgano no electo anule decisiones de interés público.
Siguientes Pasos y Proceso Legislativo
Con la mayoría de congresos estatales a favor, se espera que la Cámara de Diputados y el Senado completen la ratificación final en los próximos días, antes de que la reforma sea enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación. La prontitud en su aprobación refleja un esfuerzo coordinado para proteger el poder de decisión del Congreso de la Unión, y resguardar la reforma judicial, que ha sido cuestionada por grupos que consideran inadecuada la intervención ciudadana en la elección de impartidores de justicia.
La SCJN, por su parte, se prepara para revisar el próximo 5 de noviembre un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que cuestiona diversos aspectos de la reforma, como la elección popular de jueces y magistrados y la figura de comités de evaluación. Sin embargo, si la reforma de inimpugnabilidad se concreta en los próximos días, estos intentos de revertir los cambios podrían verse limitados, reafirmando la autoridad del Congreso en la implementación de decisiones de gran calado.
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