Desde hace algunas semanas, el diario preferido de los conservadores, el Reforma, ha comenzado una dura campaña sucia en contra del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, que en pleno uso de su libertad de expresión y de participación, ha externado su interés en participar en el proceso de la Cuarta Transformación para representar a los comités de la defensa del voto para el proceso electoral estatal del 2027.
Se presume que el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, ha comenzado esta nueva campaña sucia como un desesperado intento de mantener el poder ante el crecimiento de Sánchez Zumaya entre la población.
En su primera plana del día 19 de noviembre, Reforma lanza una serie de injurias en contra del empresario, calificándolo de ser un “proveedor facturero”, retomando presuntas “investigaciones” ya presentadas por otro de los medios favoritos de los neoliberales: Latinus, aún cuando los negocios de Zumaya ya han sido verificados por Forbes.
Para este miércoles 20 de noviembre, el Reforma continúo su guerra negra en contra de Sánchez Zúmaya, y es que por segundo día aparece en la primera plana, donde ahora es llamado “arma ligas”, confirmando además que Ricardo Gallardo estaría detrás de esta persecución política.
“No permitiremos que estas denuncias queden sin respuesta”, ha declarado Ignacio Segura, líder del Verde, mientras que su colega en la Cámara de Diputados, José Luis Fernández, exigió una investigación a fondo sobre los contratos de Sánchez Zumaya con la paraestatal.
Gerardo Sánchez Zumaya desmiente proceso en su contra y acusa persecución
El empresario Gerardo Sánchez Zumaya ya ha salido a desmentir al Reforma y demás medios hegemónicos, señalando que no ha sido notificado de algún proceso en contra de su persona o de alguna de sus empresas , invitando incluso a que los medios investiguen sus contratos de manera rigurosa.
“No se me ha notificado de la demanda de ciertas empresas (…) no hay nada que ocultar, investiguen bien los contratos”.
Gerardo Sánchez también denunció públicamente que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, comenzó una persecución política en su contra, ya que el empresario también ha jugado un destacado rol a la hora de denunciar los abusos de Gallardo en contra del pueblo.
“El gobernador Ricardo Gallardo continúa la persecución política en mi contra, seguiremos ayudando a San Luis Potosí, No nos detendremos, seguiré denunciando todos sus abusos”.
Forbes legitima fortuna de Sánchez Zumaya mientras la UIF investiga a Gallardo
Recientemente, la revista Forbes certificó la legitimidad de la riqueza del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya tras someter sus empresas y finanzas personales a una exhaustiva auditoría. Durante casi dos meses, se revisaron a detalle sus libros contables, estados financieros y registros bancarios, validando el origen de sus ingresos y el cumplimiento de estándares de confiabilidad y viabilidad. Además, se reconoció el impacto positivo de su actividad empresarial, que genera más de 5 mil empleos en todo el país.
En contraste, el pasado 14 de noviembre se informó que se ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que señala al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su círculo cercano por presuntos desvíos de más de 724 millones de pesos durante su gestión en las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Estas irregularidades habrían beneficiado a empresas vinculadas con la familia Gallardo, como Clínica Wong y Axioma. Además, movimientos recientes en la Secretaría de Salud estatal, como la destitución de funcionarios relacionados con dichas empresas, sugieren un intento de encubrir las operaciones sospechosas que están bajo escrutinio.
La investigación, liderada por Pablo Gómez, incluye solicitudes del Ministerio Público federal para indagar en bienes y propiedades de la familia Gallardo, así como información de los ayuntamientos involucrados. También se extiende a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y señalamientos por su presunta implicación en la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz.
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