El Tribunal Electoral capitalino ordenó que el exlegislador Jacobo Bonilla cumpla la sanción pendiente, luego de que el PAN intentara cerrar el caso con un simple curso de género.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) frenó el intento del PAN de dar carpetazo a las sanciones contra el exdiputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, acusado de violencia política contra las mujeres en razón de género. La autoridad electoral revocó el acuerdo interno del partido que pretendía considerar cumplida la sanción con un curso de perspectiva de género de apenas 36 horas, y ordenó al exlegislador acatar la sentencia en un plazo improrrogable de diez días.
El caso se remonta a una denuncia presentada por la entonces militante Esperanza Luna Barrios, quien acusó al exdiputado de hostigamiento psicológico, digital y físico. En marzo de 2024, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la CDMX (FEPADE) logró la primera vinculación a proceso en la capital por este tipo de delito derivada de esta denuncia.
De acuerdo con los expedientes, el acoso inició en 2021, cuando el político contactó a la joven militante para integrarla a la agrupación interna “Panistas Organizados”. Las conversaciones derivaron en interrogatorios sobre su vida personal, exigencias para evaluar su apariencia en videollamadas y comentarios cosificadores.
La agresión escaló posteriormente a contacto físico no consentido, luego de que el exlegislador citara a la joven cerca de su domicilio y realizara tocamientos en su vehículo, hechos que fueron incluidos en la carpeta de investigación y en los testimonios presentados ante las autoridades.
Pese a que la justicia penal acreditó elementos del delito, documentos internos revelan que la Comisión de Justicia del PAN intentó clasificar la conducta como una “falta leve ordinaria”. Incluso el propio partido reconoció después que el exdiputado ni siquiera acreditó el curso que pretendía sustituir la sanción.
A pesar de las resoluciones judiciales, Bonilla Cedillo sigue activo en la estructura panista. En 2025 solicitó su registro como aspirante al Consejo Nacional del PAN, y la dirigencia ratificó su cargo como consejero regional para el periodo 2025-2028. Además, el partido no ha promovido su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, medida obligatoria contemplada en sus propios estatutos.
