El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé desechar el juicio promovido por el PAN para anular la elección de magistraturas regionales electorales, al considerar que los partidos políticos no tienen legitimación para intervenir en este proceso judicial.
De acuerdo con el proyecto de resolución elaborado por Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, al cual tuvo acceso el diario Milenio, la Constitución y la ley prohíben expresamente la participación partidista en la elección de jueces y magistrados, incluso si se alega la “defensa de principios democráticos”.
El juicio en cuestión es parte de una serie de recursos promovidos por el Partido Acción Nacional, que busca impugnar distintas etapas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, principalmente por el presunto uso de acordeones que habrían afectado la certeza y libertad del voto.
Sin embargo, el proyecto aclara que el PAN no forma parte del conflicto jurídico, ya que no hubo afectación directa a sus derechos político-electorales. Por tanto, no puede interponer recursos contra el proceso de designación de magistrados.
Además, se recuerda que la reforma publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación prohíbe expresamente a los partidos políticos y a representantes del Congreso participar en las actividades relacionadas con esta elección.
El argumento del PAN, que alega actuar en defensa de los principios democráticos, fue considerado “inatendible” por el Tribunal. En caso de aprobarse este miércoles, la propuesta de Soto sentará un precedente para desechar automáticamente el resto de los juicios similares, ya sea del PAN o de agrupaciones como Somos México.
Con esto, el TEPJF cierra la puerta a la intervención partidista en la elección judicial, blindando la autonomía del proceso.
¿Se puede considerar censura? Tras un tuit en la red social X de la ciudadana Karla Estrella de Hermosillo, Sonora, la diputada Diana Barreras, por el Partido del Trabajo y esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, presentó una queja con la consigna de que tal publicación era “violencia política contra las mujeres con razón de género y calumnia en su perjuicio”.
Karla Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y obligada a disculparse durante 30 días con la legisladora petista a través de su cuenta de X.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunució sobre el hecho en la Mañanera del Pueblo. “Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia, entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpen. Si puede haber una sanción del tribunal de decir, no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública, y bueno se hace la disculpa pública”.
Ahora resulta que tengo tres días para contestar cuál era el objetivo de mi tuit y documentación que justifique mis afirmaciones pic.twitter.com/fO8CvfHDPh
Agregado a los 30 días de disculpas públicas, la sonorense deberá revisar bibliografía sobre lenguaje no sexista y violencia contra las mujeres e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en contra de Mujeres del INE.
Estrella, por su parte, publicó en su cuenta “Increíble la censura a una ciudadana: multa e inscripción en el registro nacional de personas sancionadas por un tuit que ni siquiera iba dirigido a la quejosa. Hoy vinieron por mi, mañana por cualquiera de ustedes”.
“A las palabras se las lleva el viento, pero sólo a las de los políticos; las palabras de los ciudadanos que nos atrevemos a cuestionar son perseguidas, castigadas, censuradas”. resaltó y continúa publicando sus disculpas en X.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización civil que defiende los Derechos Humanos, democracia, legalidad y competitividad en México, destacó que sí era un exceso la sanción a Karla E. y que el recurso de revisión presentado ante el TEPJF no ha sido estudiado ni han recibido respuesta; “El TEPJF puso la política por encima de la justicia”, concluyó.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó iniciar una investigación sobre el presunto uso de “acordeones” en la elección judicial, al considerar que las denuncias y notas periodísticas no aportaron elementos suficientes para sustentarla.
El tribunal señaló que la queja presentada por Proyecto Justicia Común carecía de datos mínimos como tiempo, lugar, modo o responsables, indispensables para abrir un procedimiento formal.
Aunque reconoció el valor informativo de los medios, destacó que no pueden sustituir los requisitos legales necesarios para proceder. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la Sala reiteró que esta resolución no impide que el INE investigue otros casos si cuenta con pruebas claras y específicas.
El TEPJF reafirmó su compromiso de revisar denuncias que cumplan con los requisitos legales para garantizar la transparencia electoral.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría desechar los juicios promovidos por ciudadanos que buscan invalidar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto para desestimar estas demandas.
En total, se registraron 17 juicios de ciudadanos como Adán René Reynoso Aranda y María del Carmen Campos Espinoza, entre otros. Estos ciudadanos argumentaron que hubo una inducción ilegítima al voto, vinculado a Morena, mediante el uso de “acordeones”.
Rodríguez Mondragón fundamentó su propuesta en el artículo 54 de la Ley de Medios de Impugnación. Este artículo establece que solo los candidatos pueden impugnar la elección de ministros. Por lo tanto, los ciudadanos que presentaron los juicios carecen de interés jurídico.
El magistrado explicó que aquellos que no participaron como candidatos no pueden cuestionar los resultados de la elección. Una eventual resolución no les beneficiaría directamente en sus derechos político-electorales.
Los demandantes afirmaron que la elección de ministros debe anularse debido a irregularidades graves y generalizadas. Acusaron que ciertas candidaturas recibieron apoyo coordinado de estructuras gubernamentales. También señalaron que el uso de acordeones violó la secrecía del voto.
El mes pasado, cinco consejeros del INE votaron a favor de no declarar la validez de la elección de los nueve ministros. Este voto se dio mientras el TEPJF evaluaba las acusaciones de inducción al voto a través de los acordeones.
La discusión del proyecto en el pleno de la Sala Superior del TEPJF se llevará a cabo en los próximos días. La decisión sobre estos juicios será fundamental para la legitimidad de la elección de los ministros de la SCJN.
Las autoridades electorales han recibido un total de 950 impugnaciones contra la elección judicial del 1 de junio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha registrado 700 impugnaciones, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 250.
De las 950 impugnaciones, el TEPJF ya ha resuelto 178. La mayoría de estas resoluciones fueron desechadas, y solo un caso fue analizado a fondo. En otros dos casos, las impugnaciones fueron reencauzadas a otras instancias.
El TEPJF clasifica 93 expedientes como improcedentes por situaciones anteriores. En 27 casos se declaró la inexistencia del acto, y en 17 se citó la falta de interés jurídico. Además, 32 fueron desechadas por preclusión, y otros casos presentaron problemas como falta de firma o presentación extemporánea.
A pesar de que el periodo para impugnar ha concluido, fuentes electorales advierten que la cifra podría aumentar. Este miércoles, la Sala Superior sesionará para continuar votando sobre los juicios.
El magistrado Reyes Rodríguez propondrá anular una elección en Nuevo León. Esto se debe a que la candidata ganadora no cumplió con el promedio requerido en las materias de su especialidad.
Mientras tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisa los gastos de campaña de 7 mil 767 candidatos. Alrededor de 600 candidatos no entregaron sus informes a tiempo. Si se encuentran irregularidades, esto podría resultar en multas o retiro de candidaturas.
La Sala Especializada del TEPJF no halló irregularidades en las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. Sin embargo, sí encontró irregularidades en una empresa consultora que no cumplió con las reglas de difusión de encuestas electorales.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la constitucionalidad del cómputo de votaciones de la elección judicial. Esta elección se realizó en los consejos distritales, marcando un precedente al no llevarse a cabo en las casillas electorales.
Interés legítimo en impugnaciones
El tribunal determinó que un ciudadano que no fue candidato no tiene interés legítimo para impugnar los resultados de esta elección inédita. La decisión fue tomada durante la sesión de este miércoles, en la que se abordaron varios asuntos relacionados con el proceso electoral.
Aprobación del criterio del INE
Además, el TEPJF aprobó por votación dividida el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE). Este criterio consideró legal que César Gutiérrez Priego, hijo del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, apareciera de manera sistemática en programas de radio.
Debate sobre la participación ciudadana
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó el proyecto y destacó la importancia de abrir las puertas de acceso a la justicia. Argumentó que la ciudadanía debe poder vigilar y cuestionar este proceso electoral, ya que es parte de sus derechos político-electorales.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora se opuso, afirmando que no hubo una afectación real y directa. Diferenció este caso de situaciones donde sí se requiere la legitimación de los ciudadanos, como en consultas populares.
Resolución de quejas electorales
En otro asunto, el TEPJF resolvió una queja contra la candidatura de César Gutiérrez Priego para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La impugnación fue descartada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Decisión empatada con voto de calidad
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso ratificar el acuerdo del INE, pero el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se mostró en desacuerdo. Consideró que la participación constante de candidatos en medios de comunicación representa una indebida adquisición de tiempos.
La votación quedó empatada, pero la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, decidió a favor de la legalidad de estas apariciones. Cabe destacar que, a pesar del respaldo legal, Gutiérrez Priego no obtuvo los votos suficientes en los comicios del 1 de junio para convertirse en ministro.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé aplicar una multa por 21.6 millones de pesos al partido Morena, debido a “irregularidades” en el reporte de gastos vinculados a bardas, espectaculares y otras formas de propaganda utilizadas durante las campañas federales de 2024.
El ajuste surge luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al INE revisar nuevamente el expediente relacionado con los gastos de precampaña, específicamente para candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados.
Aunque en un inicio se consideró que Morena no había informado sobre esos gastos, el nuevo análisis identificó que sí se presentaron reportes, pero por vías distintas a las establecidas en los mecanismos de fiscalización del instituto, lo que dificultó su revisión en tiempo real.
El proyecto que será discutido por el Consejo General del INE contempla dossanciones económicas. La primerapasaría de 4.4 millones a 3.4 millones de pesos, y la segunda, de 18.2 a 18.1 millones. En ambos casos, se señala que hubo omisiones en el registro de propaganda como mantas, carteleras y pinta de bardas.
De acuerdo con el INE, el motivo principal de la sanción es el uso de canales no habilitados para informar sobre los gastos, lo cual limita la capacidad de fiscalización. El ajuste final reduce apenas un millón de pesos respecto a la multa original.
En el documento también se menciona que, por tratarse del partido con mayor capacidad económica en el sistema político, se propone aplicar una sanción equivalente al 150% del monto involucrado. La multa se cubriría con la reducción del 25% de su ministración mensual.
El INE aclaró que sancionar este tipo de omisiones no es una cuestión política, sino un ejercicio técnico y legal para hacer valer los principios de transparencia, legalidad y equidad electoral establecidos por la ley.
La votación del Consejo General está programada para este lunes. Con ello, el órgano electoral busca cerrar el proceso de revisión ordenado por el Tribunal Electoral.
Aunque los resultados aún no son definitivos, la elección judicial del pasado 1 de junio ya enfrenta una lluvia de impugnaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 179 medios de defensa legal en contra del proceso, Dejando ver la inconformidad que han manifestado algunos, tanto candidaturas como organizaciones ciudadanas.
El pasado jueves 19 de junio, se sumó una más: colectivos como Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Laboratorio Electoral presentaron una solicitud formal para anular toda la elección judicial. ¿El argumento? Ellos hablan de violación a principios constitucionales y una serie de prácticas que, aseguran, pusieron en duda la equidad del proceso.
Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, afirmó que el proceso estuvo “plagado de vicios e irregularidades”, al señalar desde la falta de reglas claras para evaluar a los aspirantes, hasta la supuesta intromisión de actores políticos y el uso de recursos públicos. Incluso aseguró que hubo casos de acarreo, induccióndel voto y urnas embarazadas.
La presidenta del colectivo trajo aliados a su crítica. Cinco consejeros del INE votaron en contra de declarar válida la elección por considerar que no se garantizó la transparencia esperada en un proceso de esta magnitud.
El Instituto Nacional Electoral, por su parte, reconoció que no validó los resultados de 818 casillas, que representanapenas el 0.97% del total, pero equivalen a más de 3.7 millones de votos. Aunque oficialmente estas mesas fueron descartadas, el porqué de su exclusión aún debe documentarse ante el TEPJF.
Mientras tanto, el INE solo ha concluido el cómputo en cuatro de las seis elecciones que estaban en juego. La entrega de constancias y la declaración de elegibilidad de los futuros jueces y magistrados, las más numerosas, sigue en pausa, a la espera de una revisión detallada de cada expediente.
Desde la trinchera de estos colectivos, lanzaron su exigencia: elecciones limpias, transparentes y con consecuencias para quienes, de comprobarse, “hayan roto las reglas”.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) deberá cumplir con los requisitos internos establecidos por las autoridades electorales para mantener su registro como partido político local en la Ciudad de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desconociera la legitimidad de su dirigencia en la capital.
La resolución, aprobada en sesión urgente, derivó de una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, en la cual se invalidó la representación de Nora Arias Contreras y Guillermo Domínguez Barrón como presidenta y secretario de gobierno y asuntos legislativos, respectivamente, de la entonces Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la capital del país.
Aunque la Sala Superior ratificó el registro del PRD como partido político local, con base en la resolución IECM/RS-CG-23/2024 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), emitida en octubre de 2024, precisó que la legitimidad para dicho acto correspondía a Karla López Celis, Sergio Iván Galindo Hernández y otros integrantes reconocidos de la dirección estatal.
“Se desconocen todos los actos posteriores suscritos por quienes se ostentaron indebidamente como presidenta y secretario del partido”, señala el fallo, por lo que ahora el cumplimiento de los requisitos internos y la acreditación de los actos recaerá únicamente en la dirigencia validada por el tribunal.
En caso de no cumplir, el PRD perdería su registro como partido local en la capital, aun cuando alcanzó apenas el 3 % de los votos en el proceso electoral 2024, lo que originalmente le habría permitido conservar su presencia en algunas entidades.
Cabe recordar que el PRD perdió su registro nacional en septiembre de 2024, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que no logró ni el mínimo legal de votación del 3 % en las elecciones federales del 2 de junio donde su candidata, Xóchitl Gálvez, perdió ante la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde entonces, el debilitado partido de “izquierda” pero aliado del PAN, dejó de contar con los derechos, recursos y prerrogativas que la ley otorga a los institutos políticos nacionales, limitándose únicamente a los espacios y beneficios transitorios vigentes hasta el cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a los gobiernos y funcionarios públicos promover la elección judicial del próximo 1 de junio, en la que el pueblo votará por ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación.
Durante la mañanera del pueblo, la mandataria sostuvo que la decisión del Tribunal Electoral abre la puerta para que se difunda abiertamente la información sobre este histórico ejercicio de participación democrática:
“Ya podemos hablar: el 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente”, expresó.
Sheinbaum enfatizó que este fallo permitirá difundir los detalles sobre cómo será la jornada electoral, las características de las boletas y los mecanismos de votación: “Ya podemos explicar cómo son las boletas, cómo puede votar la gente”, señaló.
Además, informó que se retomará la difusión del material informativo aprobado por el Tribunal Electoral, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, con el propósito de invitar a la ciudadanía a participar: “Ahorita que terminemos de preguntar vamos a volver a pasar el spot que permitió el Tribunal que pudiera pasar por televisión y redes sociales, invitando a participar”, añadió.
La decisión de la Sala Superior del TEPJF se dio tras analizar un acuerdo que establecía al Instituto Nacional Electoral (INE) como único responsable de promocionar los comicios judiciales. Sin embargo, por mayoría de votos, el Tribunal determinó que los gobiernos y servidores públicos también pueden promover este proceso, con el argumento de evitar una “elección silenciosa”.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes respaldaron que otras instituciones públicas puedan participar en la difusión, al considerar que la restricción total limitaría el derecho a la información de la ciudadanía.
Por el contrario, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez expresaron preocupación por una posible afectación al principio de imparcialidad si se permite a los integrantes de los tres Poderes de la Unión promover el proceso judicial.
Con este fallo, el Gobierno Federal podrá reforzar sus campañas informativas para promover la elección directa de integrantes del Poder Judicial, una de las reformas centrales impulsadas desde el movimiento de la Cuarta Transformación.
