El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que es improcedente la solicitud del Tribunal Electoral para que la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excusaran de participar en la sesión sobre la elección judicial.
Esta resolución impacta e interfiere directamente en los asuntos del TEPJF y daña el proceso electoral que pretende poner al centro la voz popular. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo público un proyecto de sentencia en el que ordena a todas las instancias involucradas, incluido el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE), a acatar las suspensiones definitivas relacionadas con la elección.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Por mayoría de seis votos a tres, el pleno de la @SCJN desechó la petición del @TEPJF_informa para que Norma Piña y secuaces se excusaran de participar en el debate sobre los amparos contra la reforma judicial. pic.twitter.com/tI89F1l2Q1
El debate en la SCJN mostró posturas encontradas entre los ministros. Margarita Ríos Farjat, quien llegó al máximo tribunal propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, votó en contra de la solicitud del Tribunal Electoral, alineándose con la mayoría.
En contraste, las ministras del pueblo, Lenia Batres y Loreta Ortiz, también propuestas por el exmandatario, apoyaron la petición de excusar a los cuatro ministros que pretenden obstaculizar la democratización del Poder Judicial.
En una postura firme sobre la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia y facultades para intervenir en disputas entre jueces y magistrados en materia electoral. Destacaron que la Constitución establece que las sentencias del TEPJF son inatacables, reafirmando su carácter de última instancia.
Durante una conferencia de prensa, Soto Fregoso lamentó la existencia de un presunto proyecto atribuido al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se describe la situación del Tribunal Electoral como una “gran tragedia” y con un tono que, según la magistrada, está escrito con “lágrimas y dolor”.
“El tribunal está juzgando con apego a lo que gramaticalmente dice la Constitución”, enfatizó Soto Fregoso, subrayando la legalidad de las resoluciones aprobadas por mayoría dentro del órgano electoral.
Asimismo, informó que a las 9:47 de la mañana de este lunes, el TEPJF envió su respuesta a la SCJN, y solicitó que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Norma Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes han hecho comentarios sobre el tema en medios de comunicación, se excusen de votar el próximo 13 de febrero.
Esta declaración refuerza la defensa de la autonomía del TEPJF frente a posibles intentos de intervención por parte de la Ministra Norma Piña y su séquito de ministros conservadores que llevan meses intentando sabotear no solo el proceso electoral judicial, sino la voluntad de decenas de millones de mexicanos que votaron por las reformas de la Cuarta Transformación.
Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), invitó a sus compañeros a no ceder ante las presiones ni dejarse llevar por “olas políticas”.
También advirtió que en su posición no deben temer a las críticas ni los ataques mediáticos, pues su propósito principal es el de defender la democracia y garantizar su ejercicio por parte de todo el Pueblo de México.
Juzguemos a base del derecho; defendamos nuestra competencia jurisdiccional y no atendamos olas políticas”, solicitó la magistrada Soto.
Estas determinantes palabras las pronunció durante el informe de labores de la Sala Regional de Guadalajara. En donde también aseguró que su papel no es el de favorecer a ningún interés político en lo que se refiere al proceso rumbo a la Elección Judicial 2025, y puso como prueba las confrontaciones que han tenido al interior del tribunal.
Buscamos, sí, la interpretación más favorable al justiciable”, refiriéndose a todas y todos quienes están interesados en participar en la elección de personas juzgadoras que se llevará a cabo en México el próximo mes de junio.
También aprovechó para reiterar su rechazo a la intervención del juez de amparo que pretendía impedir el proceso de selección de candidaturas y por supuesto a todos aquellos que igualmente han sugerido que sea la SCJN quien tome una decisión con el único objetivo de retrasar todo.
El reconocimiento de nuestras facultades no es una cuestión de interpretación discrecional, no es eso, es un mandato constitucional y convencional. Negar o menoscabar esta competencia o intentar vulnerarla, así como nuestra independencia, eso será absolutamente rechazado por este Tribunal”, sentenció la magistrada Soto.
En el evento al que acudieron magistrados de salas regionales y sus colegas de la Sala Superior, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, puntualizó que los momentos que se están viviendo actualmente son definitorios y que su única preocupación, la del TEPJF, es mantener el rumbo.
El trabajo que realiza esta Sala es fundamental para consolidar la equidad en los procesos democráticos y para proteger los derechos de las personas que depositan su confianza en las salas que integramos el TEPJF”, finalizó.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló al juez Sergio Santamaría por haber otorgado un amparo que intentó frenar la selección de candidatos para la elección judicial, pese a que el recurso fue solicitado por una asociación a la que él mismo pertenece.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expuso lo que calificó como un proceso “irregular”, en el que el mismo juez que presentó el amparo terminó resolviéndolo.
“Es el mismo juez que presenta el amparo el que resuelve (…) un juez a nombre de una asociación presenta el amparo y como juez lo resuelve o bueno, da la suspensión, en un proceso completamente irregular”, explicó la mandataria.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que este 31 de enero el Comité de Selección del Poder Ejecutivo dará a conocer la lista de aspirantes que participarán en la elección del Poder Judicial. pic.twitter.com/wP12evrclI
A pesar de que los amparos no aplican en temas electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender el proceso, lo que obligó al Tribunal Electoral (TEPJF) a intervenir. En consecuencia, el tribunal envió la lista de aspirantes a jueces al Senado de la República para continuar con el procedimiento.
Sheinbaum también cuestionó la forma en que se eligieron los nombres enviados por el Tribunal Electoral, especialmente en el caso de las mujeres candidatas. “Envía los nombres, en caso de las mujeres ‘casualmente’ envía exactamente los nombres para que no haya insaculación (…). ¿Cómo pasaron de 3 mil al número de personas que enviaron?”, comentó, en referencia a la posible manipulación del proceso.
A pesar de estas irregularidades, la presidenta destacó que el procedimiento sigue en marcha y que aún falta la insaculación por parte del Ejecutivo y el Legislativo para definir a los candidatos que estarán en las boletas.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha ordenado suspender la elección judicial, por lo que este órgano, como máxima instancia en la materia, tampoco lo hará.
En conferencia de prensa, Felipe de la Mata, acompañado de sus colegas Mónica Soto, presidenta del Tribunal, y Felipe Fuentes, dejó en claro que la elección se llevará a cabo conforme a derecho.
“Si alguien está queriendo entorpecer la elección, no sé si sea el caso, pero lo que estamos haciendo es quitar todas las piedritas en el camino. Va a haber elección porque la Constitución lo mandata y será un ejemplo para el mundo”, afirmó De la Mata.
Soto, por su parte, subrayó que los tiempos del ámbito electoral no son los mismos que los de la SCJN. Recordó que, desde octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó una aclaración a la Corte sin obtener respuesta.
El tribunal rechaza interferencias y defiende su competencia
La magistrada explicó que el TEPJF es la última instancia en materia electoral y, por lo tanto, decidió rechazar cualquier competencia del juez de amparo en el proceso.
Mostró, además, la respuesta de la SCJN al Comité de Evaluación del Poder Judicial, fechada el 23 de enero, en la que se aclara que la suspensión de actividades del Comité no implica frenar la elección.
“El tribunal electoral no ha violado ninguna orden de la Corte, y eso es importante que se diga aquí y en Stanford. Perdón, es que no hay ninguna orden de la Corte y menos violentada por este tribunal”, enfatizó Soto.
Aseguró que algunas personas se sienten frustradas por considerar que la reforma afectó su carrera judicial, pero aclaró que el tribunal no puede permitir que sus sentencias sean ignoradas ni que un juez sin competencia intente interferir en su labor.
Resolución de impugnaciones y determinación del Senado
Este miércoles, el TEPJF resolvió las últimas impugnaciones de aspirantes rechazados por los comités de Evaluación de los Poderes Judicial y Ejecutivo, sumando 112 casos revisados la semana pasada.
Los magistrados indicaron que su objetivo al ordenar al Comité del Poder Judicial reanudar los trabajos fue garantizar los derechos de los aspirantes. Ante la negativa del Comité, determinaron que el Senado realice la insaculación, sin intervenir en la selección de candidatos.
De la Mata recordó que este procedimiento ya se ha aplicado en el pasado cuando una autoridad se ha mostrado renuente a cumplir con sus obligaciones, priorizando la protección de derechos establecidos en la Constitución.
La ministra Yasmín Esquivel señaló la falta de facultades de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien emitió una medida cautelar para proteger al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, de las sanciones por cometer desacato al no continuar con el proceso de selección de candidatos interesados en participar en la Elección Judicial 2025.
Acusó la ministra Esquivel a Piña de violar la independencia y autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó al Comité de Evaluación retomar sus actividades.
Piña argumentó que emitió las medidas cautelares para dar tiempo y para que sea la SCJN quien le indique al Comité Judicial cuál fallo obedecer, si debe acatar lo dicho por los jueces federales alineados a la oposición, o si debe acatar lo sentenciado por el TEPJF que busca se respete la voluntad del Pueblo de México.
Ante estos argumentos, la ministra Yasmín Esquivel respondió que Piña no tiene facultades para tomar esa decisión, pues carece de fundamento legal.
La Ministra Norma Piña no tiene facultades para otorgar una medida cautelar en pleno proceso electoral, que busca evitar posibles sanciones al Comité de Evaluación del PJF por incumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, indicó Esquivel en una publicación en sus redes sociales.
Explicó que en un principio el Pleno de la SCJN tiene atribuciones para conocer de este tipo de controversias, pero no para decretar la suspensión en los términos solicitados por el Comité de Evaluación del PJF.
Dijo que en todo caso, Piña puede recibir el asunto, registrarlo y turnarlo a un ministro, que para este caso sería Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En la publicación, la ministra Yasmín Esquivel incluye su ponencia completa al respecto, firmada y con sello de recibido por parte del Pleno de la SCJN.
La Ministra Norma Piña no tiene facultades para otorgar una medida cautelar en pleno proceso electoral, que busca evitar posibles sanciones al Comité de Evaluación del PJF por incumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que… pic.twitter.com/7OaXjpimvA
Fue el 7 de enero cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió su proceso de selección de candidatos interesados en participar en la Elección Judicial 2025, acatando una suspensión definitiva emitida por un juez de Distrito en Michoacán. Luego, otro juez federal en Jalisco también emitió una orden similar.
Más tarde la Sala Superior del TEPJF, falló en contra del Comité y le ordenó que retomara sus actividades, para no retrasar el proceso y sobre todo para permitir a las interesadas y los interesados, participar en la elección histórica de personas juzgadoras que tendrá lugar en junio próximo.
Pero el jueves pasado, el magistrado Wilfrido Castañón León, presidente del Comité Judicial, solicitó a la SCJN que se pronunciara con base en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para decidir a qué autoridad deberían obedecer, si a la judicial o a la electoral. Por ello el viernes pasado, la ministra Piña aceptó la encomienda y protegió al citado Comité de cualquier acción legal por el desacato cometido.
El Senado de la República se alista para seguir las directrices del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al decidir reemplazar al Comité de Evaluación del Poder Judicial en el proceso de selección de candidatos a jueces, ministros y magistrados. Este cambio se implementará para la elección programada para junio de este año, donde la insaculación se llevará a cabo mediante un sorteo.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, subrayó que el Senado no tiene intención de desobedecer el mandato del Tribunal Electoral. En su intervención, aseguró que los derechos político-electorales de las personas que se inscribieron ante el Poder Judicial permanecerán intactos. “No vamos a desacatar lo que determina el Tribunal (Electoral). Ahí nosotros no tenemos incidencia y lo que determina es lo que vamos a acatar”, afirmó Noroña, quien también destacó que las aproximadamente 600 personas que confiaron en el proceso no serán excluidas.
📹 #Vídeo | El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que se acatará la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que otorga a la Mesa Directiva de la Cámara alta la facultad de insacular a los candidatos a juzgadores, tras la negativa del Comité de… pic.twitter.com/PmnFkzAKrW
El senador explicó que, aunque la Junta de Coordinación Política tiene un voto determinante, la Mesa Directiva tomará decisiones en conjunto, garantizando así una representación plural dentro del Senado. Noroña indicó que todos los aspirantes que llegaron a la segunda etapa del Comité de Evaluación serán considerados para la insaculación directa.
Además, Fernández Noroña criticó al Comité de Evaluación por haber suspendido el proceso de auscultación de los aspirantes, cuestionando su capacidad para cumplir con las órdenes del TEPJF. “¿Dónde estudiaron Derecho? ¿Cómo le hacen caso a un juez que ni siquiera sabe de derecho electoral?”, expresó.
El senador también abordó el papel de los partidos políticos en este proceso y dejó claro que la oposición no podrá impedir que el Senado lleve a cabo la insaculación. “¿Va a votar en contra de la decisión del Tribunal Electoral?”, cuestionó, reafirmando que el Senado actuará conforme a lo dictado por el TEPJF.
Luego de que Norma Piña y sus secuaces siguieran tratando de frenar la histórica elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría que el Senado de la República sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial, y en un plazo de 24 horas defina los lineamientos para seleccionar a las candidaturas del citado proceso mediante un procedimiento de tómbola para agilizar y garantizar las votaciones.
En una sesión privada, la Sala Superior del TEPJF aprobó con tres votos a favor y dos en contra que el Senado asuma las responsabilidades del Comité Judicial, después de que este último desacatara una sentencia previa para reactivar el proceso de selección de candidaturas.
La sesión, convocada por la magistrada presidenta Mónica Soto, contó con el respaldo de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, mientras que los votos en contra provinieron de los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Durante la sesión, Soto argumentó la necesidad de adoptar una figura de “cumplimiento sustituto” debido al incumplimiento del Comité Judicial.
“Esta Sala Superior determina que, en plenitud de jurisdicción, la Mesa Directiva del Senado de la República tome los acuerdos, lineamientos y formularios requeridos, relativos a efectuar la fase de insaculación pública a todas aquellas personas que resultaron con un dictamen favorable de cumplimiento de requisitos de elegibilidad emitido por el Comité de Evaluación responsable”, expuso Soto en su propuesta.
La decisión destaca que, debido a la cercanía con el 31 de enero —fecha límite para entregar las listas de candidatos—, el Senado podrá omitir la evaluación de idoneidad. Las personas que cumplan con los requisitos básicos pasarán directamente a la etapa de tómbola, que se llevará a cabo el 4 de febrero.
El Senado deberá emitir, en las próximas 24 horas, los lineamientos necesarios para realizar el procedimiento de insaculación pública. Además, en los casos donde no haya suficientes candidatos para cubrir las posiciones requeridas, los aspirantes elegibles pasarán directamente a la boleta.
La sentencia también incluye disposiciones para casos de negativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si el pleno de la SCJN no aprueba las listas generadas tras la tómbola, el Senado estará autorizado a remitirlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como las candidaturas oficiales del Poder Judicial.
“En caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, por lo que, la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral”, establece la sentencia.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, ha presentado un proyecto de resolución en el que sugiere que el Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial en el proceso de selección de candidatos a jueces, ministros y magistrados. Esto después de que el Comité se negara a acatar la sentencia de del TEPJF.
Soto argumentó que, debido a la falta de tiempo para llevar a cabo entrevistas que determinen la idoneidad de los aspirantes, es necesario que el Senado realice un proceso de insaculación. En su propuesta, la magistrada calificó como inadmisible el incumplimiento del comité y planteó un “cumplimiento sustituto” para proteger a los aspirantes que se inscribieron en el proceso.
El procedimiento selectivo deberá concluir a más tardar el 31 de enero, y las listas resultantes serán enviadas al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aprobación antes del 6 de febrero.
En caso de que la Corte no apruebe los listados, se considerará actualizada la afirmativa ficta, permitiendo así que la Mesa Directiva del Senado remita las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral para continuar con el proceso electoral.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación informó, mediante un comunicado oficial, su imposibilidad para cumplir con la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio SUP-JDC-8/2025 y acumulados. La resolución en cuestión está vinculada a las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial y se encuentra en estado de acatamiento a diversas interlocutorias de suspensión dictadas por juzgados en Michoacán y Jalisco.
Según el documento, dichas interlocutorias obligan al Comité a detener cualquier acción relacionada con la ejecución del decreto de reformas, lo que ha generado un conflicto jurídico. A esto se suman sanciones impuestas por incumplimientos, que ascienden a más de $107,000 pesos.
El Comité también señaló la existencia de aparentes contradicciones en las resoluciones que enfrenta. Por ello, decidió solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine cuál es la vía idónea para resolver esta situación. Entre las preguntas planteadas, destaca si las medidas cautelares otorgadas en los juicios de amparo deben resolverse mediante los recursos previstos en la Ley de Amparo o a través de la jurisdicción electoral.
La solicitud fue remitida a la SCJN en virtud de las facultades contempladas en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, considerando también el artículo tercero transitorio de la ley vigente.
Por último, el Comité informó que la notificación de su imposibilidad fue enviada a la Sala Superior del Tribunal Electoral por medios electrónicos e impresos en los horarios correspondientes.