El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo que los cárteles mexicanos y el Gobierno de México “son inseparables”. Sin embargo, el funcionario no presentó pruebas que respalden una acusación de tal magnitud.
De hecho, las palabras de Cole contrastan con el propio historial de la DEA, una agencia que en los últimos años ha enfrentado diversos casos documentados de corrupción interna, que se han expuesto en Los Reporteros Mx, con trabajo de Ricardo Sevilla. Uno de los más conocidos fue el revelado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que documentó que agentes de la DEA participaron entre 2001 y 2012 en fiestas con prostitutas financiadas por integrantes de cárteles de la droga en Colombia.
El informe señaló que algunos funcionarios recibieron regalos, dinero e incluso armas de organizaciones criminales. El escándalo derivó en fuertes cuestionamientos del Congreso estadounidense y precedió a la salida de la entonces administradora de la DEA, Michele Leonhart, en 2015.
Otro de los episodios más graves fue el protagonizado por el exagente especial José Irizarry, quien se declaró culpable de múltiples delitos federales tras desviar millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas de lavado de dinero para financiar un estilo de vida de lujo. En 2020 fue condenado a 12 años de prisión. Durante entrevistas posteriores, Irizarry describió la llamada guerra contra las drogas como “un juego divertido” y aseguró que las irregularidades dentro de las investigaciones eran más amplias de lo que públicamente se reconocía.
A estos antecedentes se suma la condena del exagente Joseph Bongiovanni, declarado culpable por filtrar información confidencial a narcotraficantes en Buffalo, así como las investigaciones administrativas contra Nicholas Palmeri, exdirector de la DEA en México, por mantener relaciones inapropiadas con abogados de presuntos narcotraficantes y por el uso indebido de recursos públicos. Estos casos, documentados por autoridades estadounidenses y diversos medios de comunicación, muestran que la propia DEA ha enfrentado problemas de corrupción al más alto nivel.
En ese contexto, las declaraciones de Terry Cole han sido recibidas con escepticismo por distintos sectores, que consideran que acusaciones de esa magnitud deben ir acompañadas de pruebas públicas. Más aún cuando la propia DEA ha tenido que reconocer, investigar y sancionar durante años a funcionarios que terminaron colaborando o beneficiándose de las mismas organizaciones criminales que la agencia asegura combatir.
