Etiqueta: Tesorería de la Federación

  • Salinas pide pañuelos blancos, pero aún debe miles de millones al SAT

    Salinas pide pañuelos blancos, pero aún debe miles de millones al SAT

    El dueño de Grupo Salinas ofrece boletos para la inauguración del Mundial a clientes al corriente con sus créditos, mientras él mismo liquida su propia deuda fiscal en 18 abonos tras dos décadas de litigios.

    Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en X que no pasó desapercibido. El moroso fiscal prometió regalar dos boletos para el juego inaugural del Mundial de Fútbol a los clientes de sus empresas que demostraran estar al corriente con sus créditos. El requisito extra: llevar pañuelo blanco.

    El gesto suena generoso. El contexto, mucho menos.

    Una deuda de dos décadas

    El conflicto entre Salinas Pliego y el fisco se prolongó durante más de 20 años. En un inicio, el SAT reclamaba un adeudo superior a 51 mil millones de pesos. Tras resoluciones judiciales y la aplicación de beneficios legales, el monto final se ajustó a 32 mil 132 millones de pesos

    Del total acordado, 10 mil 400 millones de pesos ya ingresaron a la Tesorería de la Federación en enero de 2026. El monto restante se cubrirá mediante 18 pagos. Es decir, Salinas Pliego paga su deuda con el gobierno mexicano exactamente como sus clientes pagan en Elektra: en abonos.

    La ironía del pañuelo

    El empresario exige a sus clientes puntualidad en sus pagos. Para él, en cambio, el acuerdo con el SAT no llegó por convicción ni por justicia, según el propio comunicado de Grupo Salinas, sino para cerrar definitivamente los litigios. 

    La Suprema Corte confirmó en su momento una deuda de más de 48 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego con el SAT. Fue la presión judicial, no la voluntad, lo que finalmente movió el dinero.

    TV Azteca, otro frente abierto

    La historia no termina ahí. TV Azteca, empresa de Grupo Salinas, inició un proceso de reorganización financiera a través de un concurso mercantil voluntario. La televisora busca ordenar sus deudas ante cambios profundos en la industria publicitaria y la creciente competencia digital.

    El mismo grupo que hoy pide pañuelos blancos a sus clientes enfrenta, en paralelo, uno de los momentos financieros más complicados de su historia.

    Dos reglas, dos pesos

    La pregunta queda en el aire. Un cliente que deja de pagar su televisión en Elektra enfrenta cargos, intereses y presión inmediata. Un empresario que acumula una deuda fiscal durante 20 años negocia descuentos, plazos y condiciones.

    Tras el acuerdo con el SAT, Salinas Pliego todavía debe alrededor de 18 mil millones de pesos al fisco mexicano. Los boletos del Mundial pueden esperar. La deuda, también.

  • Juzgadores opositores intentan robar recursos del Pueblo

    Juzgadores opositores intentan robar recursos del Pueblo

    Un grupo de juzgadores, agrupados en el colectivo Artículo 41, busca revertir el envío de fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Esta maniobra revela su intención de mantener el control sobre más de 10,000 millones de pesos que, en realidad, pertenecen al pueblo de México.

    El colectivo, que se opone a la reforma judicial, ha anunciado la promoción de un juicio de amparo contra Nacional Financiera (Nafin) por la transferencia de estos recursos. Sin embargo, su argumento se basa en un juicio de amparo que, según ellos, congela el envío de dinero a la Tesorería. Este intento de congelar los fondos es, en esencia, un esfuerzo por robar recursos destinados a la ciudadanía.

    Rodríguez, representante del colectivo, asegura que Nacional Financiera violó una suspensión otorgada a más de 850 personas. Este argumento es cuestionable, pues los fondos no son de los juzgadores, sino del pueblo. Al insistir en que no se deben extinguir los fideicomisos, el colectivo intenta aferrarse a recursos que deberían ser utilizados para el bienestar general.

    Los juzgadores sostienen que Nafin transfirió los fondos bajo órdenes superiores y que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dinero se destinaría a financiar al ISSSTE. Sin embargo, su protesta parece más un intento de proteger sus propios intereses que una defensa del interés público. La falta de recursos para indemnizar a los juzgadores que se han separado del cargo es una consecuencia de su propia resistencia al cambio.

    Además, este colectivo planea solicitar una nueva audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que ellos consideran graves violaciones a sus derechos. Sin embargo, su enfoque en enjuiciar al Estado mexicano por estas supuestas violaciones es un intento de desviar la atención de su propia avaricia.

    La realidad es clara: los juzgadores de Artículo 41 buscan mantener el control sobre recursos que deberían ser utilizados para el desarrollo del país. Su lucha no es por la justicia, sino por el poder y el dinero del pueblo de México.