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Etiqueta: Todd Blanche

  • Congreso de EUA investiga a la DEA por dejar avanzar cargamentos de fentanilo

    Congreso de EUA investiga a la DEA por dejar avanzar cargamentos de fentanilo

    Legisladores republicanos exigen documentos al Departamento de Justicia tras conocerse que agentes vigilaron envíos masivos de la droga sin detenerlos de inmediato.

    El Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre la Administración de Control de Drogas (DEA). Los legisladores quieren saber si agentes federales dejaron circular grandes cargamentos de fentanilo mientras armaban casos contra redes criminales.

    James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió al Departamento de Justicia entregar documentos sobre esta práctica. La petición llegó después de que una investigación periodística reveló que agentes permitieron que la droga llegara a las calles durante meses.

    En la red social X, Comer criticó directamente al expresidente Joe Biden. Aseguró que la DEA de su gobierno sabía del problema y no actuó a tiempo. Según Comer, esa inacción costó vidas estadounidenses.

    El legislador también difundió cifras concretas a través de su comité. Afirmó que la agencia permitió el paso de hasta 100 mil pastillas de fentanilo mientras los agentes solo observaban. Comer relacionó esa decisión con un aumento del 21% en las muertes por fentanilo en Nuevo México.

    La estrategia bajo la lupa se conoce informalmente como “dejar caminar” las drogas. Consiste en vigilar los cargamentos sin incautarlos de inmediato. El objetivo es identificar a más integrantes de las organizaciones criminales para futuras acusaciones.

    Esta polémica coincide con una demanda del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. El funcionario busca acceder a registros sobre las operaciones de la DEA en su estado.

    Comer calificó de inconcebible permitir la circulación de cargamentos con cientos de miles de pastillas. En su carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, advirtió sobre las consecuencias de esta política.

    Las reglas federales de 2017 exigían a los agentes incautar el fentanilo tan pronto fuera posible. En 2024, el Departamento de Justicia cambió esas normas. Desde entonces, las fuerzas policiales tienen más margen para seguir investigando antes de intervenir.

    Una investigación de Associated Press documentó el uso de esta estrategia en Nuevo México entre 2023 y 2025. En algunos casos, los agentes observaron movimientos de hasta 100 mil pastillas sin actuar de inmediato.

    La práctica continuó incluso antes del mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA. Ese operativo, presentado en mayo de 2025, incautó cerca de 3 millones de pastillas.

    Ahora, el Departamento de Justicia revisa si otras oficinas federales usaron métodos similares en sus investigaciones sobre narcotráfico.

    Terry Cole, administrador de la DEA, defendió el trabajo de la agencia. Dijo que las investigaciones son de largo plazo y complejas. Añadió que se realizan siempre bajo la guía de la ley.

    Hasta el cierre de esta nota, la DEA no respondió a las solicitudes de comentarios del Congreso.

  • HRW demanda a EUA por atacar a la Corte Penal Internacional

    HRW demanda a EUA por atacar a la Corte Penal Internacional

    Human Rights Watch, junto a otras tres organizaciones, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump. Su director ejecutivo, Philippe Bolopion, explica por qué decidieron responder por la vía legal.

    El gobierno estadounidense mantiene un ataque directo contra la Corte Penal Internacional. Sus sanciones representan una amenaza real para la existencia misma del tribunal, según Human Rights Watch. Ante ese panorama, la organización decidió no quedarse callada y actuar en los tribunales.

    Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, encabeza esta respuesta legal. Junto con el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights y el Open Society Institute, presentaron una demanda formal. El objetivo es claro: derribar las sanciones que consideran ilegales.

    La demanda se presentó el 11 de agosto en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Impugna directamente la orden ejecutiva 14,203, firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero de 2025. Ese decreto autorizó sanciones contra fiscales, jueces y colaboradores de la CPI.

    Las medidas también alcanzaron a un experto en derechos humanos de la ONU. Además, golpearon a tres organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Para las organizaciones demandantes, este régimen de sanciones frena el acceso a la justicia de víctimas de crímenes graves en todo el mundo.

    Según los denunciantes, las sanciones violan derechos constitucionales fundamentales. Entre ellos están la libertad de expresión, de asociación y de religión. Asimismo, argumentan que la medida contradice tanto la ley estadounidense como las obligaciones internacionales del país.

    La demanda también cuestiona los límites del poder presidencial en este caso. Sostiene que Trump basó su decisión en una supuesta emergencia nacional sin fundamento real. Andrew Loewenstein, abogado principal del caso en Foley Hoag LLP, calificó la unión de tantas organizaciones como una muestra clara del daño causado.

    El contexto detrás de esta batalla legal tiene un antecedente reciente y contundente. Tres semanas antes de la demanda, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”. Para Bolopion, esa frase amenaza un pilar clave de la justicia internacional.

    Liz Evenson, otra voz dentro de HRW, fue igual de directa en su señalamiento. Aseguró que estas sanciones socavan el Estado de derecho del que depende la protección de los derechos humanos globales. La demanda incluye como acusados al Departamento de Estado, al propio Rubio, a Trump y al Departamento del Tesoro.

    También aparecen como codemandados la Oficina de Control de Activos Extranjeros y su director, Bradley Smith. Se suman el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Departamento de Justicia con su fiscal general, Todd Blanche. La lista de responsables refleja el alcance institucional de la ofensiva.

    Bolopion asumió la dirección de HRW en diciembre pasado, en un momento particularmente difícil para el orden internacional. Él mismo ha reconocido que antes fue un entusiasta del crecimiento de la CPI. Hoy lamenta que ese tribunal enfrente sanciones del propio país que ayudó a construir el sistema basado en reglas.

    Pese al panorama adverso, el director de HRW insiste en no rendirse ante la presión. Cita con frecuencia una frase de Martin Luther King Jr. sobre el largo camino de la historia hacia la justicia. Con esta demanda, su organización decidió no esperar y actuar ahora.

  • Trump coloca a su exabogado al frente del Departamento de Justicia de EUA

    Trump coloca a su exabogado al frente del Departamento de Justicia de EUA

    Todd Blanche fue confirmado por un margen mínimo en el Senado, mientras demócratas cuestionan que un antiguo abogado personal de Trump dirija ahora la principal institución encargada de aplicar la ley federal.

    El Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche como fiscal general con una votación de 50 a 49, en una decisión que refuerza la influencia de Donald Trump sobre el Departamento de Justicia. Dos republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se sumaron a los demócratas para rechazar el nombramiento.

    Blanche ya ocupaba el cargo de fiscal general interino y antes de incorporarse al gobierno fue abogado personal de Trump en varios procesos penales. Tras su confirmación, agradeció públicamente al presidente por la confianza para encabezar el Departamento de Justicia, mientras Trump lo ha descrito como una “estrella”.

    El nombramiento generó fuertes críticas entre los demócratas, quienes acusaron a Trump de politizar el Departamento de Justicia y utilizarlo en beneficio de sus intereses. El senador Dick Durbin señaló que el fiscal general debería actuar como abogado del pueblo y cuestionó que Blanche continúe comportándose como el representante legal de un solo cliente: el presidente.

    La confirmación tampoco estuvo exenta de polémica dentro del propio Partido Republicano. La Casa Blanca tuvo que convencer a legisladores que mantenían reservas sobre el nombramiento para conseguir los votos suficientes en un Senado donde los republicanos tienen una mayoría estrecha.

    Entre los principales cuestionamientos estuvo la propuesta de Blanche para crear un fondo de mil 800 millones de dólares destinado a personas que Trump considera víctimas de persecución judicial. El proyecto podría beneficiar a simpatizantes del mandatario involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando intentaron impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

    Otro punto controvertido fue una propuesta para otorgar inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales. Con su confirmación, Blanche queda al frente del Departamento de Justicia en medio de un creciente debate sobre la independencia de las instituciones encargadas de investigar y aplicar la ley en Estados Unidos.

  • Republicanos frenan nominación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

    Republicanos frenan nominación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

    Senadores republicanos aplazaron la nominación de Todd Blanche como fiscal general al exigir más información sobre un polémico acuerdo entre el Departamento de Justicia y Donald Trump.

    La nominación de Todd Blanche, quien actualmente se desempeña como fiscal general en funciones y anteriormente fue abogado personal de Donald Trump, quedó en pausa luego de que el Comité Judicial del Senado aplazara la votación para definir si su candidatura avanza al pleno de la Cámara Alta. La decisión se produjo porque dos senadores republicanos consideraron que aún existen dudas importantes sobre el caso.

    Los legisladores John Cornyn y Thom Tillis solicitaron al Departamento de Justicia información adicional sobre un acuerdo alcanzado con Trump para resolver una demanda relacionada con la filtración de sus declaraciones de impuestos. Ambos sostienen que no respaldarán la nominación hasta recibir garantías por escrito sobre los alcances de ese convenio.

    Entre las principales preocupaciones figura un fondo de 1,776 millones de dólares que, según el acuerdo, serviría para compensar a personas que aseguran haber sido víctimas de una supuesta utilización política del sistema judicial. Además, los senadores cuestionan una cláusula que limitaría ciertas auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS) contra Trump y personas cercanas a él, al considerar que podría interpretarse como un trato preferencial.

    Ante la falta de consenso, el presidente del Comité Judicial, Chuck Grassley, decidió posponer la votación mientras continúan las negociaciones. Blanche necesita el respaldo unánime de los republicanos del comité para que su nominación llegue al pleno del Senado, donde los demócratas ya adelantaron que votarán en contra. Su designación se produjo de manera interina tras la destitución de Pam Bondi, en medio de las críticas por el manejo de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein.

  • Fiscal de EUA abre la puerta a revisar la extradición de Cabeza de Vaca

    Fiscal de EUA abre la puerta a revisar la extradición de Cabeza de Vaca

    Todd Blanche admitió que las peticiones de extradición del Gobierno de México deben revisarse, luego de que la administración de Claudia Sheinbaum denunciara la falta de respuesta de Estados Unidos.

    El Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que las solicitudes de extradición presentadas por México deben ser revisadas, luego de ser cuestionado sobre los casos que permanecen sin respuesta por parte de la administración estadounidense. Entre ellos destaca el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por la justicia mexicana por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Durante una breve conversación con La Opinión, en el marco de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Blanche reconoció que desconocía los detalles de los expedientes, pero sostuvo que “deberían revisarse tales peticiones”, en referencia al tratado de extradición vigente entre ambos países. También destacó la coordinación en materia de seguridad entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, así como el trabajo conjunto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

    De acuerdo con datos del Gobierno de México, entre 2018 y 2026 se han presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, 233 continúan sin resolución, situación que ha sido señalada por la presidenta Sheinbaum durante sus conferencias matutinas. La mandataria ha cuestionado que, pese a la cooperación bilateral en seguridad, no exista respuesta sobre personas buscadas por la justicia mexicana.

    Uno de los casos más relevantes es el de Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente reside en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad. Tras el rechazo de un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el exmandatario tamaulipeco quedó nuevamente sujeto a una orden de captura, por lo que México mantiene vigente su solicitud de extradición. Sheinbaum sostuvo que, si el panista estuviera en territorio nacional, debería ser detenido, y lamentó la falta de acción de las autoridades estadounidenses.

    En respuesta, García Cabeza de Vaca, militante del PAN, negó ser prófugo de la justicia y aseguró que la presidenta está “mal informada”. No obstante, además de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, enfrenta señalamientos por presunto fraude fiscal y por contratos otorgados durante su administración a empresas vinculadas con los hermanos Sergio y Julio César Carmona, operaciones que forman parte de diversas indagatorias abiertas por las autoridades mexicanas.

  • Casa Blanca insiste en limitar ciudadanía por nacimiento tras revés judicial

    Casa Blanca insiste en limitar ciudadanía por nacimiento tras revés judicial

    La administración de Donald Trump aseguró que intensificará sus acciones contra el llamado “turismo de nacimiento”, pese al reciente revés de la Suprema Corte. Funcionarios adelantaron que buscarán endurecer los controles migratorios y de visas para frenar esta práctica.

    La administración de Donald Trump afirmó que redoblará sus esfuerzos para combatir el llamado “turismo de nacimiento”, luego de que la Suprema Corte frenara su intento de restringir la ciudadanía automática para los hijos de personas nacidas en territorio estadounidense. El fiscal general interino, Todd Blanche, sostuvo que el gobierno seguirá utilizando los procesos de visas para limitar el ingreso de mujeres embarazadas que viajen con ese propósito.

    Blanche argumentó que esta práctica representa una industria en crecimiento y aseguró que las autoridades federales cuentan con herramientas para dificultar que personas extranjeras obtengan ese beneficio. La estrategia buscaría endurecer los criterios migratorios sin modificar, por ahora, el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.

    Por su parte, el asesor Stephen Miller lanzó fuertes críticas contra la Suprema Corte, al calificar su decisión como “una de las más destructivas e indignantes” en la historia del tribunal. Durante una entrevista, insistió en que permitir que hijos de extranjeros obtengan automáticamente la ciudadanía representa una carga para los contribuyentes y cuestionó el alcance de ese derecho.

    La resolución judicial mantiene vigente, por el momento, la ciudadanía por nacimiento en EUA, un principio protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, la Casa Blanca dejó claro que continuará buscando vías legales y administrativas para restringir el llamado turismo de nacimiento y mantener este tema como una prioridad de su política migratoria.

  • Arresto de la hermana de directiva de Gaesa en EUA

    Arresto de la hermana de directiva de Gaesa en EUA

    Marco Rubio confirma la detención de Adys Lastres Morera en Florida. Esta acción coincide con el endurecimiento de las sanciones hacia el gobierno cubano.

    En un movimiento inesperado, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el arresto de Adys Lastres Morera en Florida. Esta mujer es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un conglomerado cubano señalado por su estrecha relación con el régimen militar de la isla.

    Rubio explicó que Adys Lastres Morera residía en Florida y gestionaba propiedades inmobiliarias mientras supuestamente colaboraba con las autoridades de Cuba. El funcionario sostuvo que las actividades de Gaesa son perjudiciales para el pueblo cubano, al desviar recursos que deberían beneficiar a la población.

    El secretario de Estado destacó que no habrá lugar en Estados Unidos para aquellos que amenacen la seguridad nacional. Este arresto se produce en un contexto de creciente presión sobre figuras ligadas al gobierno cubano. En ese día, el fiscal general interino de EUA, Todd Blanche, también reveló una acusación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un trágico incidente que dejó varias víctimas.

    Gaesa, establecido en 1995 durante el “Período Especial”, ha controlado sectores clave de la economía cubana, incluyendo turismo, comercio e infraestructura. Estas acciones reflejan una postura firme de Washington frente a lo que considera abusos del régimen cubano. La detención de Lastres Morera señala un capítulo más en la tensa relación entre Estados Unidos y Cuba.

  • Más acusaciones contra políticos mexicanos, advierte fiscal interino de EUA

    Más acusaciones contra políticos mexicanos, advierte fiscal interino de EUA

    El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anticipa que habrá más casos relacionados con la corrupción y el narcotráfico en México.

    El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, ha hecho declaraciones impactantes sobre la situación de corrupción en México. En una reciente entrevista con News Nation, advirtió que podrían surgir más acusaciones contra funcionarios y políticos mexicanos supuestamente vinculados a cárteles de narcotráfico. 

    Blanche mencionó que ya han presentado cargos contra varios funcionarios del gobierno mexicano. La semana pasada, se anunciaron acusaciones contra diez exservidores públicos, incluido Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Los cargos incluyen tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, lo que ha generado una gran preocupación en ambos países.

    Durante su conversación, el fiscal destacó que algunos de los acusados podrían decidir cooperar con las autoridades. Esta cooperación, según Blanche, podría dar lugar a nuevos cargos contra otros implicados en estos actos de corrupción.

  • Archivo Epstein contenía material que evidenciaba muerte, abuso físico y lesiones

    Archivo Epstein contenía material que evidenciaba muerte, abuso físico y lesiones

    Por: Frank Alvarado

    El Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, admitió, en la conferencia de prensa sobre los archivos Epstein, que existían imágenes y videos que no fueron liberados, en la que se retrataba muerte, abusos físicos y lesiones dentro de las prácticas de Jeffrey Epstein y su círculo cercano.

    Pese a que la fecha que tenía como límite para entregar la documentación fuera el 19 de diciembre de 2025, fue este viernes 30 de enero que el Departamento de Justicia de EU hizo público el último lote de los registros, documentos y materiales relacionados al caso de Jeffrey Epstein que tenía en posesión. En total, fueron tres millones y medio de páginas las que se liberaron, aunque no estuvieron exentas a la censura.

    “El departamento ha entregado casi tres millones y medio de páginas, en cumplimiento”, entre los que se incluyen 2000 videos y 180 mil imágenes, aseguró Todd Blanche. No obstante, él mismo admitió que no es todo el material, ya que el departamento de Justicia estadounidense tenía alrededor de seis millones de páginas.

    Mucho del material, aclaró, no fue puesto como disponible al escrutinio público porque son “archivos que contienen información personal identificable de víctimas, registros médicos de las víctimas y archivos similares que pudieran constituir una invasión a la privacidad”.

    Sin embargo, lo que llamó la atención fue el hecho de que fiscal, además de reafirmar la existencia de material referente a la pederastia, que en efecto, no debe hacerse público, dentro de las imágenes y videos de las prácticas de Einstein y su círculo cercano, que en gran parte de mantienen en anonimato, existía material en donde se retrataba muerte, abusos físicos y lesiones:

    “Cualquier evidencia que contenga pornografía infantil se ha excluido, también cualquier cosa que pudiera comprometer una investigación federal, y finalmente, cualquier cosa que contenga imágenes de muerte, abuso físico y lesiones”, dijo el Fiscal durante la conferencia de prensa, quien sin dar más detalles, dejó abierta la posibilidad de que las prácticas del delincuente Jeffrey Epstein no se limitaran a la pederastia y fueran incluso peores.