El diputado Ricardo Mejía acusa a Manolo Jiménez y a su fiscal general de ordenar detenciones ilegales, golpes y torturas contra militantes de Morena y el PT durante la elección del 7 de junio.
El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja,presentó este viernes ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.
La acusación es grave: el gobernador habría instruido a la policía estatal para reprimir, secuestrar, golpear y torturar a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del PT durante las elecciones locales del pasado 7 de junio.
Mejía Berdeja precisó que esos hechos ocurrieron antes, durante y después de la jornada electoral. Además, señaló que el propio gobernador presumió que en Coahuila cualquier policía puede detener e intimidar a cualquier ciudadano, lo que viola la libertad de tránsito.
El legislador subrayó que no se trata de un caso aislado: varios diputados federales de la legislatura han descrito cómo fueron privados de su libertad y maltratados por elementos de la policía estatal.
La magnitud de los abusos resulta alarmante. Desde el jueves previo a la elección y hasta el cierre de las casillas, corporaciones policiales detuvieron ilegalmente a alrededor de 200 militantes de Morena y del PT.
Por su parte, la dirigencia de Morena denunció que, en lugar de investigar las acusaciones de compra de votos, las autoridades estatales actuaron contra quienes las hacían, privándolos de su libertad.
La demanda fue presentada por violaciones graves a la Constitución federal y a la del estado de Coahuila, por afectar los derechos humanos de los coahuilenses y por alterar el proceso democrático en esas elecciones para renovar el Congreso local.
El legislador también incluyó en la demanda al fiscal general Federico Fernández por su presunta participación en los mismos hechos.
El gobernador, en tanto, rechazó las acusaciones. Jiménez Salinas argumentó que las intervenciones policiales respondieron a reportes de alteración al orden público cometidos por los propios militantes de Morena. Enfatizó que Coahuila es una “tierra de ley” y anunció que los casos específicos fueron turnados a la Fiscalía General del Estado.
Mejía Berdeja no ocultó su preocupación personal. Responsabilizó directamente al gobernador, al fiscal y a los mandos de la policía estatal de cualquier agresión contra su integridad física y la de sus compañeros del PT.
Al concluir, hizo un llamado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para que dé trámite a los juicios políticos pendientes, con una frase directa: la política no puede estar por encima de la justicia ni de la ley.
