La resolución impide, por ahora, que el Gobierno estadounidense retire las autorizaciones laborales a solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Un juez federal de Boston bloqueó temporalmente una de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, al impedir que su administración retire los permisos de trabajo a decenas de miles de migrantes, entre ellos solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión representa un revés para la política de endurecimiento migratorio promovida por la Casa Blanca.
El fallo fue emitido por el juez Nathaniel Gorton, quien dio la razón a una coalición integrada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y sindicatos. Los demandantes solicitaron detener la aplicación de las nuevas restricciones impulsadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), argumentando que afectarían el derecho de miles de personas a trabajar legalmente mientras resuelven su situación migratoria.
Con esta resolución provisional, los permisos de trabajo permanecerán vigentes mientras el caso continúa en los tribunales. El juez adelantó que decidirá antes del 5 de agosto si concede una suspensión de mayor duración. Hasta el momento, el USCIS no ha emitido una postura oficial sobre la decisión judicial.
La controversia se originó tras la aprobación, en julio de 2025, de una ley fiscal y de gasto respaldada por la mayoría republicana en el Congreso. La legislación estableció por primera vez el cobro de tarifas para solicitar asilo y endureció los requisitos para obtener permisos laborales bajo el TPS, un programa que protege a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias.
Durante su segundo mandato, Donald Trump ha impulsado una política migratoria de mano dura, con intentos por eliminar el TPS para ciudadanos de varios países, acelerar deportaciones, ampliar las detenciones y restringir beneficios migratorios. Aunque algunas de estas medidas han recibido el respaldo de la Corte Suprema, el fallo emitido en Boston representa un nuevo obstáculo para la estrategia del mandatario y mantiene, al menos por ahora, el derecho de miles de migrantes a trabajar legalmente en Estados Unidos.
