El Gobierno de la Ciudad de Puebla alcanzó el primer lugar nacional en transparencia fiscal, al obtener 97.45% de calificación en una evaluación que midió rendición de cuentas, manejo responsable de recursos y acceso a la información pública.
El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, recibió un reconocimiento nacional tras colocar al municipio en el primer lugar del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2025, evaluación en la que participaron 60 gobiernos municipales del país.
Durante la ceremonia, el alcalde subrayó que este reconocimiento refleja el compromiso institucional con la rendición de cuentas, aunque llamó al Gabinete Municipal a redoblar esfuerzos para sostener y mejorar los resultados alcanzados en materia de transparencia.
Chedraui Budib destacó que la administración municipal mantiene una línea de trabajo alineada con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en torno al uso responsable de los recursos públicos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Por su parte, Laura E. García, coordinadora General de Transparencia y Municipio Abierto, reconoció al Gobierno de la Ciudad por consolidarse como referente nacional en transparencia, al garantizar información accesible, datos abiertos y una comunicación clara con la ciudadanía.
En tanto, el tesorero municipal, Héctor Romay González Cobián, afirmó que el reconocimiento no solo valida la gestión financiera del Ayuntamiento, sino también su compromiso con el manejo responsable de la hacienda pública.
La evaluación, realizada por ARegional, consideró el cumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con una calificación de 97.45%, Puebla escaló tres posiciones respecto a 2024 y mejoró su puntuación en más de 6 puntos porcentuales.
Con este resultado, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la apertura institucional, la transparencia fiscal y la confianza ciudadana.
En su primer informe, el nuevo presidente de la SCJN destacó un enfoque más cercano al pueblo y un compromiso con la justicia y la transparencia.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó su primer informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta es la primera corte elegida por voto ciudadano en la historia de México.
Aguilar resaltó que en sus primeros días la Corte ha priorizado el interés general, la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos. “Estamos construyendo una justicia más humana y accesible”, afirmó, y mencionó la política de “Puertas Abiertas”, que aumentó la atención ciudadana en un 1,300%.
La nueva SCJN busca distanciarse del pasado, por lo que Aguilar afirmó que la integración anterior era “soberbia” y respondía a intereses particulares. Ahora, la Corte aspira a estar más presente en la vida de las personas, atendiendo a colectivos diversos como mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad y población LGBTQ+.
Desde septiembre hasta diciembre, el Pleno de la SCJN realizó 45 sesiones públicas y resolvió 741 asuntos. Este incremento en la actividad refleja un cambio significativo: antes se abordaban 1.8 casos por sesión, mientras que ahora se llegan hasta 16.4.
“No buscamos privilegios ni respondemos a presiones”, aseguró Aguilar. Las viejas prácticas, donde los casos podían demorar años en resolverse, son cosa del pasado. La nueva Corte tiene como meta ser un órgano cercano al pueblo y comprometido con la rendición de cuentas.
En cuanto al futuro, Aguilar planteó un enfoque de austeridad y anunció un presupuesto más razonable. Para el próximo año, la SCJN no requerirá 661 millones de pesos que se habían solicitado en administraciones anteriores.
El informe, presentado en Día de los Derechos Humanos, contó con la participación de figuras clave como la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. Con el compromiso de una justicia transformadora y honesta, la nueva SCJN promete ser un modelo de transparencia y cercanía con la sociedad.
La gestión de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc se ha visto empañada por la opacidad en la adquisición de su nuevo parque vehicular de seguridad.
La administración de Rojo de la Vega presumió, a través de un gran despliegue mediático, la integración de supuestamente 53 nuevas unidades tipo patrullas.
Sin embargo, una investigación realizada por LosReporteros Mx revela graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras.
Entre acusaciones de ser víctima de una “cacería política”, Alessandra Rojo de la Vega ha defendido los “logros” de su gestión. No obstante, existe una baja percepción de resultados reales, lo que ha obligado a su equipo a maquillar las cifras para justificar lo que la alcaldesa no logra explicar.
El 8 de noviembre de 2025, por ejemplo, Rojo de la Vega presentó su primer informe de Gobierno ante una audiencia convocada en el Frontón México.
Acompañada por figuras como el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, la alcaldesa presumió, entre otros puntos, los siguientes “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación:
Instalación de 51 mil luminarias.
Adquisición de 53 patrullas nuevas.
Recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas.
Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Documentos emitidos por la alcaldía Cuauhtémoc vía Transparencia, y firmados por Erick Herrera Martell, director de la Unidad de Transparencia, revelan que la administración maquilló las cifras, dejando al aire varios millones de pesos provenientes de la renta del parque vehicular.
En un primer documento oficial, la alcaldía admitió haber arrendado (no comprado) 44 patrullas, incluyendo 28 motocicletas KTM.
La alcaldía afirmó haber gastado 8 millones 730 mil 565 pesos por las 44 unidades, una cifra que es matemáticamente imposible si se utiliza su propio desglose de rentas mensuales.
De hecho, la suma correcta de los once meses, basada en sus propios datos de renta, asciende a más de 10 millones de pesos, lo que abre una duda que taladra a los habitantes de la demarcación: ¿cuál fue el destino y la justificación de ese presupuesto?
Lo escandaloso no es solo el error de suma, sino que el discurso de la alcaldesa, que presume luchar por la justicia presupuestaria, se contradice con una realidad administrativa costosa: el arrendamiento de vehículos con opción a compra o devolución es un mecanismo que genera jugosas ganancias para automotrices y financieras.
Y es que, al término de su gestión, la alcaldía Cuauhtémoc se quedará sin las patrullas o, peor aún, deberá erogar más dinero para comprarlas, dejando un pasivo a la siguiente administración.
Pero eso no es todo.
Un segundo documento, también firmado por Erick Herrera, agrava la situación al contradecir al primer documento y duplicar el costo.
Dicho documento afirma que se adquirieron 53 unidades tipo patrulla (9 más que la cifra anterior). Y afirma que el costo total fue de 20 millones 319 mil 26 pesos.
Por si fuera poco, el proceso de adquisición es todo un enigma. Y es que la administración de Rojo de la Vega no se molesta en aclarar si se llevó a cabo un proceso de licitación pública.
Existe una diferencia de 11 millones 588 mil 461 pesos entre el gasto reportado en el primer documento (asumiendo los 8.7 millones) y el segundo documento (20.3 millones). Y asoma la negra duda: ¿La renta o adquisición de las otras nueve unidades costó más de once millones de pesos, duplicando el gasto por apenas un 20% más de unidades?
Lamentablemente, a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega parece no importarle aclarar estas flagrantes contradicciones financieras. Y tampoco parece importarle la opinión de quienes gobiernan. Y es que el 57.7% de los habitantes mayores de 18 años en Cuauhtémoc manifiestan sentirse inseguros.
De acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios en 2025, Puebla, bajo la administración del presidente municipal Pepe Chedraui, fue evaluada como la ciudad más transparente a nivel nacional, superando el cuarto lugar obtenido en 2024.
Los resultados fueron posibles gracias al nivel de disponibilidad y calidad de la información fiscal generada y publicada en el nuevo Portal de Gobierno Abierto. El documento muestra que la capital de Puebla lidera la lista de las administraciones municipales calificadas como las más transparentes del país.
Las cifras destacan que, de un total de sesenta que fueron evaluadas, Puebla obtuvo un resultado del 97.45, lo que significó un incremento de seis puntos porcentuales respecto de la puntuación del año 2024, colocándola por encima de los municipios de Corregidora y Veracruz, los cuales obtuvieron una puntuación de 95.23.
Cabe señalar que, el instrumento estadístico de Aregional,existe desde hace más de 20 años, y establece indicadores específicos relacionados con Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La opinión del presidente municipal, Pepe Chedraui, sobre este resultado estadístico fue, comprometerse aún más, él y su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, destacando que es una obligación para la administración y un derecho de las y los poblanos para conocer el quehacer municipal, así como el ejercicio de los recursos públicos.
Tameztec, Construcciones San Benito y C-Gallegos no podrán participar en nuevas contrataciones hasta cubrir multas y cumplir sanciones temporales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió este viernes tres circulares mediante las cuales ordena a dependencias federales, estatales y municipales abstenerse de contratar a las empresas Tameztec, Construcciones San Benito y C-Gallegos, debido a irregularidades detectadas en procesos de obra pública.
En el caso de Tameztec, la sanción es una inhabilitación de 18 meses para participar en cualquier contratación del gobierno. La restricción seguirá vigente si la empresa no paga la multa correspondiente, aunque los contratos actualmente en curso no serán cancelados.
Construcciones San Benito recibió una suspensión de tres meses para presentar propuestas o firmar contratos con recursos federales. Al igual que Tameztec, la sanción se mantendrá hasta cubrir la multa, mientras que los contratos vigentes continuarán normalmente.
La tercera empresa, C-Gallegos, enfrentará la misma inhabilitación de tres meses, bajo las mismas condiciones: sin participación en nuevas obras públicas y con la sanción vigente hasta que se pague la multa impuesta. Los contratos activos seguirán su curso.
La medida busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación de obras públicas, enviando un mensaje claro a las empresas sobre la responsabilidad y cumplimiento de la ley en todos los niveles de gobierno.
El Comité de Transparencia argumenta que revelar los bienes del exfiscal podría poner en riesgo su seguridad y la de la propia institución.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó mantener en confidencialidad todas las declaraciones patrimoniales de Alejandro Gertz Manero durante los próximos cinco años, decisión que se hizo pública tras su reciente renuncia a la titularidad de la dependencia, cargo que ocupó por siete años.
De acuerdo con los documentos consultados por Froji MX, las seis “versiones públicas” de las declaraciones presentadas por el exfiscal aparecen totalmente testadas, con la información cubierta por bloques negros.
El Comité de Transparencia de la FGR sostuvo que la reserva responde a razones de seguridad, al advertir que divulgar los bienes, inversiones e ingresos del exfuncionario podría convertirlo en un objetivo atractivo para la delincuencia organizada.
La institución enfatizó que revelar detalles como propiedades o vehículos podría facilitar su localización en tiempo real, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de su familia, colaboradores y de la propia Fiscalía. Como sustento, el Comité citó el atentado contra el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para ilustrar los riesgos asociados a la exposición pública de patrimonios de altos mandos.
Además, la FGR argumentó que tampoco cuenta con el consentimiento del exfiscal para difundir sus declaraciones, y sostuvo que conocer la cantidad y tipo de bienes que posee no representa un interés público.
Sin embargo, este razonamiento contrasta con la práctica general de transparencia, donde las versiones públicas de funcionarios incluyen tipo de bien, fecha y valor de adquisición, sin comprometer datos personales. Incluso las declaraciones del propio Harfuch son de acceso abierto bajo estos criterios.
La decisión ha fortalecido el debate sobre los límites entre la seguridad de los servidores públicos y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, especialmente tratándose de quien encabezó por años la institución encargada de combatir la corrupción y asegurar la legalidad.
Con información de Rodrigo Gutierréz para Froji MX
El exconsejero del INE gana, en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, más que la presidenta Sheinbaum.
Mensualmente, Ciro Murayama Rendón gana más de 132 mil pesos mensuales por dirigir un Centro de la UNAM en España que sólo se dedica a organizar charas virtuales y conferencias con lo que la máxima casa de estudios llama escritores de la “casa”.
Una solicitud de transparencia realizada por ReporterosMx reveló que el exasesor del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, percibe 6 mil 454 euros mensuales netos, que al tipo de cambio de hoy, 26 de noviembre, corresponde a 137 mil 287 pesos con 87 centavos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo percibe un sueldo neto mensual de 134 mil 290 pesos. Esto significa que Ciro Murayama gana 2 mil 997 pesos más que la Presidenta.
De esta manera, el profesor de Facultad de Economía de la UNAM –donde no imparte clases desde hace tiempo– escapa de la tan sonada, pero mal aplicada, norma de la SHCP que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo más alto que la titular del Poder Ejecutivo.
La máxima casa de estudios intenta justificar estos altos sueldos alegando que, técnicamente, ni los profesores, ni los rectores, ni otro algún otro trabajador dependiente de la UNAM es legalmente un servidor público.
En ese sentido, la autonomía de la Universidad se hace valer en su máximo esplendor, puesto que la cúpula dorada no está obligado a rendir cuentas, ni a seguir los criterios de transparencia o elegibilidad para los que cualquier funcionario público tendría que demostrar algo más que “palancas” o contactos influyentes.
Lamentablemente, siguiendo la herencia de la meritocracia selectiva, la UNAM ha designado para los centros, como el que dirige Ciro Murayama, y en los que gasta más de 71 mil millones de pesos al año, a personajes con dudosa reputación, pero con influjo y conexiones en las altas esferas.
Ejemplo de ello es precisamente Ciro Murayama, señalado por avalar el fraude electoral de 2006 en contra del entonces aspirante –y ulterior presidente, en 2018– Andrés Manuel López Obrador.
Además de Murayama, la lista de funcionarios bien pagados incluye al escritor Jorge Volpi, predecesor de Ciro Murayama en el Centro de Estudios Mexicanos en España, y a la nueva directora del Centro UNAM en Chile, Sandra Lorenzano, una narradora argentina que ha aprovechado muy bien sus conexiones en la UNAM para obtener buenos puestos y publicar sus novelas.
Viáticos, viajes, reuniones…
Ciro Murayama ha gozado de una mimada estadía en la UNAM, no sólo como profesor de la Facultad de Economía, de donde se tomó un año sabático para promocionarse como consejero del INE, o como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sino también como funcionario de la UNAM en España.
Murayama, que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, recibe de la UNAM una renta anual de 732 mil 563 pesos.
Cabe destacar que la máxima casa de estudios, donde varias sedes académicas mantienen un paro indefinido a causa de la inseguridad y la impunidad, dilapida 44 mil pesos en viáticos y otros 324 mil 396 pesos en lo que ellos denominan “Gastos de Intercambio”, y que no son otra cosa que viajes con cargo a la Universidad.
Cada año, la UNAM asigna una millonaria partida presupuestal para la manutención de estos Centros UNAM en el extranjero y de todo el personal que labora ahí, tal como ya dimos a conocer en una investigación especial, publicado aquí, en ReporterosMx.
Lo perturbador es que el financiamiento de estas sedes de la UNAM en el extranjero proviene, de acuerdo con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales del “Gobierno Federal de México”.
Lamentablemente, los resultados no han sido destacados ni satisfactorios para el grueso de la comunidad universitaria, en especial de alumnos y profesores que, a pesar de tener años de trayectoria, no pueden acceder a esta clase de privilegios, como los que tiene Ciro Murayama y la casta dorada de la UNAM.
Infelizmente, la máxima casa de estudios, que en otro tiempo personificó el sentido de la democracia, la igualdad y el progreso, hoy se ha convertido en el símbolo más pringoso del nepotismo, el amiguismo y el derroche.
Efraín Morales asegura que cambios legislativos buscan garantizar acceso equitativo al agua y transparencia en concesiones.
El director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales, afirmó que quienes se oponen a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales “defienden sus intereses”, ya que, durante años, “acapararon grandes volúmenes de agua al amparo del poder político y económico”. Morales subrayó que estas posiciones generan “campañas de desinformación”, pero la iniciativa será discutida en los próximos días en la Cámara de Diputados, con ajustes para fortalecer la propuesta.
El funcionario explicó que históricamente los pequeños y medianos productores, comunidades rurales e indígenas han tenido limitado acceso al agua, mientras que algunos permisos se otorgaron para uso agrícola que terminó en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios, generando desigualdad y desorden.
La reforma establece que el gobierno federal será el único facultado para otorgar concesiones, eliminando la posibilidad de transferir títulos entre particulares y garantizando un registro nacional público de agua que mostrará beneficiarios, volúmenes y forma de otorgamiento de cada concesión. Morales precisó que se mantiene el derecho a heredar y transferir concesiones en compraventas de propiedades.
Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) explicó que la reforma a la Ley de Aguas busca que el agua deje de percibirse como un negocio y se reconozca como un derecho humano. Por ello, los particulares ya no podrán vender concesiones, una práctica que ha afectado a la población por… pic.twitter.com/0dJReqlkqm
Además, anunció medidas para combatir el robo de agua y la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales, dirigido a garantizar suministro constante a comunidades que actualmente carecen de concesiones. También se prohíbe mantener títulos utilizados de forma especulativa.
En paralelo, Morales informó sobre el inicio de la construcción de un acueducto de 21 km en Colima, con una inversión de 1,780 millones de pesos, que garantizará el abastecimiento para los próximos 30 años a la capital estatal. La gobernadora Indira Vizcaíno destacó que la obra asegura el derecho al agua y la viabilidad del suministro para la zona metropolitana.
La Conagua enfatiza que la reforma busca equidad, transparencia y sustentabilidad, priorizando el acceso a quienes realmente necesitan el recurso.
El Instituto asegura que, a diferencia de gobiernos anteriores, eliminó bonos, redujo salarios y destinó recursos al bienestar de los trabajadores.
El INFONAVIT respondió a la nota publicada por Reforma sobre los salarios de sus funcionarios, aclarando que se ha priorizado la transparencia y la austeridad republicana desde la llegada de la Cuarta Transformación.
Durante los gobiernos neoliberales, el instituto operaba con tabuladores inflados, bonos millonarios y una estructura burocrática que beneficiaba a cúpulas administrativas. Hoy, los cambios incluyen la eliminación de bonos, la reducción de directivos y la homologación de salarios con el gobierno federal, cancelando pagos extraordinarios a consejeros y sindicalistas.
Antes, los sueldos de funcionarios superaban incluso a los de un subsecretario de Estado. El secretario sindical ganaba más de 314 mil pesos mensuales y se pagaban hasta 86 mil pesos por asistir a sesiones del consejo. Actualmente, el director general percibe 185 mil 825 pesos brutos, equivalentes a 120 mil netos, sin bonos ni privilegios, alineado con los titulares del IMSS y PEMEX.
INFONAVIT informa sobre nota publicada en el diario Reforma.
La reestructuración también redujo los costos operativos al eliminar duplicidades, pasando de 59 directivos y 61 contratos de honorarios a 28 puestos directivos efectivos. Esto ha permitido liberar más de 300 millones de pesos anuales, destinados a programas de vivienda social y reestructuración de créditos.
Hasta el momento, se han construido 1.2 millones de viviendas, se reestructuraron 5 millones de créditos impagables, y se apoyó a jóvenes trabajadores desde los 18 años con seis meses de cotización. Además, se priorizó la cercanía a escuelas, hospitales y centros de trabajo para garantizar calidad de vida.
El INFONAVIT enfatiza que cada ahorro en sueldos y bonos se traduce en casas y bienestar, marcando un contraste con administraciones pasadas: “Antes se construían privilegios, hoy se construye bienestar”, señaló la institución.
Con estos cambios, el INFONAVIT busca consolidarse como un instituto eficiente, justo y transparente, dejando atrás los excesos y orientando todos los recursos al pueblo trabajador.
La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial actúa ante irregularidades en la justicia penal. Un juez enfrenta sanciones por modificar sentencias y beneficiar a delincuentes.
La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a un juez de distrito en Colima tras descubrir graves irregularidades en su desempeño. Este caso marca un hito en la supervisión interna del Poder Judicial, siendo el primero resuelto desde la instalación de la comisión el 29 de octubre.
Según el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juez alteró penas en múltiples casos, manipulando procedimientos penales relacionados con armas y narcóticos. La suspensión surge después de que tribunales superiores corrigieron sus decisiones, las cuales rompían con los principios fundamentales del proceso penal.
Los informes revelan que el juez redujo penas de manera inapropiada, además de otorgar beneficios sin cumplir con lo que la ley establece. Estas acciones no solo comprometen la legalidad, sino que también perjudican la confianza de la sociedad en el sistema judicial.
El OAJ informó que el juez actuó de manera sistemática y reiterada al exceder sus competencias. Esta conducta generó la necesidad de tomar medidas rápidas para proteger la administración de justicia y prevenir cualquier posible obstaculización de la investigación en curso.
La decisión de suspender al juez se basa en las leyes que permiten tal acción cuando hay riesgo de obstrucción del proceso. Se busca así garantizar la integridad de la investigación y evitar más daños al sistema judicial.
La Comisión de Investigación reafirmó su compromiso con la justicia y la transparencia. A través de esta resolución, el TDJ envía un mensaje firme: no habrá tolerancia ante prácticas irregulares en la función judicial. La integridad y la profesionalidad son esenciales para recuperar la confianza y ofrecer un servicio justo a la ciudadanía.
