El Pentágono confirmó que el operativo elevó a 80 las personas fallecidas en estos ataques, pese a que EU reconoce que desconoce la identidad de quienes viajan en las embarcaciones.
El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo su vigésimo ataque en el Caribe contra una presunta “narcolancha”, operación en la que cuatro personas fueron asesinadas, informó un funcionario del Departamento de Defensa citado por CNN. De acuerdo con la declaración, no hubo sobrevivientes.
El funcionario detalló que el ataque ocurrió el pasado lunes, en el marco de una campaña militar que Washington justifica como un esfuerzo para interrumpir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la propia administración de Donald Trump ha reconocido que no siempre conoce la identidad de las personas a bordo antes de ordenar los disparos, lo que ha generado cuestionamientos internacionales sobre el uso de fuerza letal sin verificaciones previas.
Con este nuevo operativo, la cifra total de personas muertas asciende a 80, un número que crece en medio de señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos y por la falta de transparencia en los criterios de selección de objetivos.
Según CNN, el ejército estadounidense está utilizando aviones de combate, drones y helicópteros artillados para ejecutar estos ataques, una estrategia que ha escalado en las últimas semanas y que se desarrolla en aguas del Caribe bajo total control del Pentágono.
Mientras voceros de la administración Trump insisten en que estas acciones forman parte de una lucha “legítima” contra el narcotráfico, la ausencia de identificación previa de las víctimas ha abierto un debate global sobre la legalidad y la proporcionalidad de la ofensiva militar.
Un examen de la ONU destapa denuncias de tortura sistemática contra prisioneros palestinos mientras Donald Trump exige a Israel el indulto total para Benjamin Netanyahu, prófugo de la CPI. El gesto aviva tensiones internacionales y exhibe la impunidad política que rodea al primer ministro israelí.
El examen del Comité contra la Tortura de la ONU volvió a colocar bajo los reflectores las acusaciones de malos tratos, tortura y condiciones inhumanas contra prisioneros palestinos desde 2023. Las descripciones enviadas por organismos internacionales e independientes dibujan un escenario de abusos sistemáticos, con prácticas que incluyen palizas severas, descargas eléctricas, privación de alimento y amenazas de violación. Al mismo tiempo, Hamas también enfrenta señalamientos por el trato brindado a rehenes en Gaza, lo que subraya un contexto de vulneraciones generalizadas y una región atrapada entre violencias cruzadas.
En medio de este panorama crítico, Donald Trump irrumpió en la escena diplomática con una carta dirigida al presidente israelí Isaac Herzog para solicitar el indulto total de Benjamin Netanyahu, quien enfrenta un juicio por corrupción y es considerado prófugo por la Corte Penal Internacional. Para Trump, el proceso judicial contra Netanyahu constituye una “persecución política”, narrativa que utiliza para blindar políticamente a un aliado clave y relativizar las acusaciones que pesan sobre el mandatario israelí. La petición no solo desafía la independencia judicial en Israel, sino que manda un mensaje evidente: la lealtad política, para Trump, justifica la absolución automática.
El respaldo de Netanyahu no se hizo esperar. Desde X, agradeció el “increíble apoyo” de Trump y celebró la posibilidad de reforzar su colaboración. El gesto revela la convergencia entre dos proyectos políticos que desprecian los contrapesos institucionales, al tiempo que instrumentalizan la retórica de “tiempos de guerra” para justificar medidas excepcionales y garantizar impunidad para sus dirigentes. El tono celebratorio contrasta con las investigaciones por tortura, las denuncias humanitarias y el clima de emergencia que atraviesa Gaza.
Mientras tanto, la Casa Blanca intentó desmarcarse de tensiones al desmentir versiones sobre una posible base militar en la frontera con Gaza. Sin embargo, el movimiento de Trump ensombrece la posición diplomática de EUA al exhibir la fractura interna en torno al conflicto. La combinación de violaciones documentadas, presiones políticas y llamados al indulto deja al descubierto una dura realidad: los derechos humanos siguen siendo moneda de cambio en la geopolítica regional, donde la justicia queda subordinada a intereses y alianzas personales.
Tras 43 días de parálisis administrativa, la Cámara de Representantes aprobó un acuerdo que pone fin al cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Trump firmó el documento esta noche, reabriendo oficialmente el Gobierno.
El Congreso estadounidense puso fin al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, luego de que la Cámara de Representantes aprobara el acuerdo previamente avalado por el Senado. El documento fue remitido al presidente Donald Trump, quien lo firmó esta noche ante los medios, marcando el regreso formal de la administración federal a sus operaciones normales.
Durante 43 días, las oficinas públicas permanecieron cerradas por la pugna entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto. El proyecto fue aprobado con 222 votos a favor y 209 en contra, destacando la división interna en ambos partidos. Seis demócratas respaldaron la propuesta y dos republicanos votaron en contra.
La medida incluye la restitución de empleos federales, el pago retroactivo a trabajadores suspendidos y un paquete de financiamiento que garantiza la operación del Gobierno hasta enero, además de tres leyes de gasto separadas para sectores agrícolas, de veteranos y de construcción militar.
Sin embargo, el ala progresista demócrata criticó que el acuerdo no contempla la extensión de subsidios médicos del Obamacare, que expiran a fin de año. Por su parte, la representante Alexandria Ocasio-Cortez calificó la postura de la Casa Blanca como un acto de “crueldad”, al haber intentado suspender fondos de apoyo alimentario para más de 40 millones de estadounidenses.
El texto también contiene una cláusula controvertida impulsada por los republicanos, que permitirá a funcionarios oficialistas demandar al Gobierno por las investigaciones derivadas del asalto al Capitolio de 2021. Con la firma presidencial, las agencias federales llamaron a sus empleados a retomar labores este jueves, dando por concluido el cierre que paralizó buena parte del aparato estatal.
Venezuela activó un despliegue militar masivo para “defender la soberanía” ante la creciente presencia de EUA en el Caribe. El operativo, llamado “Independencia 200”, incluye fuerzas terrestres, aéreas y misilísticas, así como medidas para garantizar servicios básicos. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional aprobó una ley que refuerza la coordinación entre el ejército y la población civil frente a amenazas externas.
En plena madrugada del martes, Venezuela activó un despliegue militar masivo en todo su territorio, involucrando a las fuerzas armadas, la milicia bolivariana, los sistemas de armas estratégicos y los órganos de seguridad ciudadana. De acuerdo con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la medida responde a la necesidad de “asegurar la integridad de los elementos del poder nacional ante amenazas imperiales”, en alusión directa a EUA.
El operativo, identificado como “fase superior del plan Independencia 200”, contempla el movimiento coordinado de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, además del aseguramiento de servicios básicos como electricidad, agua, combustible y distribución de alimentos. Padrino López afirmó que se trata de un ejercicio de “apresto operacional” que busca optimizar el comando, el control y las comunicaciones frente a posibles escenarios de conflicto.
En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que formaliza la estructura encargada de coordinar la defensa ante amenazas internas y externas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó la norma como “fundamental para articular al pueblo y la Fuerza Armada en una sola dirección de resistencia”.
El despliegue ocurre mientras EUA mantiene una flotilla de al menos 10 mil tropas, ocho buques de guerra, aviones caza, bombarderos, helicópteros de élite y un submarino nuclear en el sur del Caribe. La operación, dirigida por el Comando Sur, asegura combatir el narcotráfico, aunque Caracas la considera un acto de provocación. Washington, pese a las acusaciones, no ha presentado pruebas de sus bombardeos recientes contra embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas.
Con esta maniobra, el gobierno de Nicolás Maduro busca mostrar músculo militar y cohesión nacional, en un momento de creciente tensión regional y de abierta confrontación diplomática con EUA.
En el Día de los Veteranos, cientos de excombatientes estadounidenses tomaron las calles para rechazar la política militar interna y externa del presidente Donald Trump. Las protestas, realizadas en más de 70 ciudades, denunciaron el despliegue del ejército en zonas urbanas y el respaldo a Israel en Gaza.
En el Día de los Veteranos, redes de exmilitares pacifistas organizaron una jornada nacional de protestas bajo el lema “No a la guerra contra nuestras ciudades”, en rechazo al uso del ejército en operaciones internas y a la política bélica de la Casa Blanca. Las manifestaciones se extendieron por más de 75 ciudades de EUA, entre ellas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Washington.
“Vemos cómo este gobierno ataca sin piedad a nuestras comunidades y no nos quedaremos a un lado”, señalaron los organizadores, quienes también denunciaron los recortes presupuestales a programas sociales y de apoyo a veteranos, mientras se amplían los gastos militares.
En la capital, varios cientos de exsoldados marcharon pese al frío portando pancartas que exigían paz y justicia. Algunos denunciaron haber recibido órdenes de participar en operaciones contra civiles dentro del país, mientras otros condenaron el respaldo de Washington a Israel en la guerra contra Gaza. “Militares estadounidenses están siendo obligados a cometer crímenes de guerra”, afirmó el exoficial Harrison Mann, quien dimitió de la Agencia de Inteligencia de Defensa.
En Nueva York, un veterano recordó frente a la alcaldía que “uno debe tener una conciencia moral: si desangramos los recursos de otros países, después no podemos quejarnos de sus migrantes”. Otros denunciaron que las mismas fuerzas que ocuparon Irak y Afganistán hoy se despliegan en ciudades estadounidenses. “No me pongo de pie con la bandera, me pongo de pie con el pueblo”, dijo un exmarine.
El clamor fue unánime: “Saquen a los soldados de nuestras calles”. Con esa consigna, los veteranos convirtieron su día conmemorativo en una jornada de resistencia contra lo que califican como una guerra interna y moral del gobierno de Trump.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión del intercambio de inteligencia con EUA, sumándose así a la medida tomada por el Reino Unido tras los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe. La decisión profundiza el aislamiento de Washington en su controvertida campaña antidrogas, acusada de violar el derecho internacional y los derechos humanos.
El presidente Gustavo Petro ordenó a las fuerzas de seguridad de Colombia detener toda cooperación de inteligencia con EUA mientras continúen los ataques militares contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe. “La lucha contra las drogas debe estar subordinada a los derechos humanos de los pueblos caribeños”, declaró el mandatario en su cuenta de X, marcando un nuevo distanciamiento de Bogotá frente a la política exterior de Washington.
La decisión colombiana ocurre apenas horas después de que el Reino Unido rompiera parcialmente su intercambio de inteligencia con EUA, argumentando que no desea ser cómplice de operaciones que considera “ilegales” y contrarias al derecho internacional. Fuentes diplomáticas británicas señalaron que los ataques, ordenados por la administración de Donald Trump, han dejado al menos 76 muertos desde septiembre.
Con esta postura, Petro alinea a Colombia con el creciente bloque de países latinoamericanos que cuestionan la ofensiva estadounidense, incluyendo a México y Venezuela, que han pedido investigaciones internacionales sobre el uso de fuerza letal en aguas del Caribe y el Pacífico. La suspensión del flujo de información podría afectar de manera directa las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la región.
Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene la defensa de su estrategia militar, insistiendo en que las acciones “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados” y que las embarcaciones destruidas representaban “amenazas inminentes”. Sin embargo, informes de inteligencia —filtrados por aliados europeos— contradicen esa versión, señalando que varias naves estaban detenidas o desarmadas al momento del ataque.
La medida de Petro simboliza un golpe diplomático a la hegemonía estadounidense en la lucha antidrogas, un terreno históricamente dominado por Washington. En un contexto de creciente tensión hemisférica, la decisión colombiana podría marcar el inicio de una nueva etapa de autonomía regional frente a las políticas militares del norte.
Los mensajes divulgados por los demócratas apuntan a que el expresidente de EUA estaba al tanto del abuso de menores cometido por Jeffrey Epstein. La Casa Blanca enfrenta creciente presión para liberar los llamados “archivos Epstein”.
Las piezas de un escándalo que nunca terminó de cerrarse vuelven a encajar. Nuevos correos electrónicos dados a conocer por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara sugieren que Donald Trump conocía las actividades sexuales ilícitas de Jeffrey Epstein, el magnate condenado por tráfico de menores que murió en prisión en 2019. En uno de esos mensajes, Epstein escribió que “por supuesto [Trump] sabía sobre las chicas”.
El contenido de los tres correos, fechados entre 2011 y 2019, implica que el presidente tuvo contacto con víctimas y que incluso pidió a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, que detuviera la captación de menores. En otro mensaje, el propio Epstein admitió haber pasado horas con Trump y una víctima en su residencia, al tiempo que presumía de la protección política que esa cercanía le daba.
La revelación ha encendido el Congreso. El demócrata Robert Garcia acusó a la Casa Blanca de ocultar los “archivos Epstein”, un conjunto de documentos que detallarían la relación entre Trump y la red de tráfico sexual. Ro Khanna, también demócrata, aseguró que trabaja con el republicano Thomas Massie para forzar un voto que haga públicos todos los expedientes. “El público merece transparencia y las sobrevivientes merecen justicia”, declaró.
En medio del escándalo, Ghislaine Maxwell busca la conmutación de su sentencia, una petición que Trump aún no ha rechazado públicamente. La situación ha llevado a los líderes demócratas a acusar al presidente de encabezar “un programa de protección de pedófilos”, mientras los republicanos bloquean la divulgación total de los documentos.
El silencio del mandatario, que insiste en que las acusaciones son un “engaño político”, contrasta con la creciente presión para que su gobierno libere la verdad completa sobre su vínculo con Epstein.
La ultraderecha, montada sobre un falso patriotismo, vende nostalgia; promete un pasado mítico que nunca existió. Los seguidores de Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele, Le Pen y Abascal han activado una interconexión global a través del uso estratégico de redes sociales.
El movimiento de la ultraderecha, entendido como un conjunto de estrategias y partidos que promueven discursos ultraconservadores, ultranacionalistas y autoritarios, se encuentra en un momento de auge global sin precedentes.
Y está avanzando a pasos agigantados.
Su ideología, que hunde sus raíces en el pensamiento contrarrevolucionario –como la que pregonó el filósofo reaccionario Joseph de Maistre– y el fascismo histórico –encarnada por Benito Mussolini y José Antonio Primo de Rivera– ha evolucionado a través de cuatro olas post-Segunda Guerra Mundial, culminando en la actual, que está marcada por la interconexión global y el uso estratégico de redes sociales.
Pero hablar sobre el resurgimiento de la ultraderecha exige asomarse a la sociología y a la psicología de las masas. Y es que se trata de un fenómeno complejo y multicausal que se alimenta de la crisis de la globalización, la desafección hacia las élites políticas tradicionales y las ansiedades socioeconómicas de grandes segmentos de la población.
Ahora bien, es importante saber qué contexto ha propiciado la reaparición de la ultraderecha.
De entrada, la deslocalización del trabajo y la expansión global del mercado han generado “ganadores y perdedores”, incrementando, cada vez más, las brechas de renta.
Pero hay un elemento adicional: la crisis global de 2008 y sus secuelas comenzaron a exacerbar la desafección hacia los sistemas políticos.
Inmigración como Agravio Central
Es importante señalar que la inmigración es un elemento unificador y central en el discurso de la ultraderecha. Y se articula en torno al concepto de Überfremdung (“sobre-extranjerización”) y la percepción de una amenaza a la identidad nacional y la homogeneidad cultural.
También hay que subrayar que la ideología ultraderechista opera bajo una lógica populista, que divide a la sociedad en “el pueblo puro” y la “élite corrupta“.
Este discurso, que está apoyado en bases endebles y hasta ramplonas, se propone simplificar problemas complejos y, una vez hecho eso, movilizar a votantes que se sienten “relegados por el Estado” y desatendidos por la democracia representativa.
Y esas estratagemas, desafortunadamente, están ganando terreno en el concierto político mundial.
De hecho, los líderes ultraderechistas están forjando una alianza global (y ejemplos abundan: la formación Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, uniendo a Vox, el FPO, el PVV y la Agrupación Nacional de Le Pen), con el propósito de crear redes transnacionales que comparten retórica, comunicación y estrategias.
La tendencia está marcada por líderes que han alcanzado o mantienen posiciones de poder. Y, para muestra, basta enlistar un puñado de ejemplos paradigmáticos:
América: Donald Trump (EUA), Jair Bolsonaro (Brasil), Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador).
Europa: Viktor Orbán (Hungría), Giorgia Meloni (Italia), Geert Wilders (Países Bajos), Marine Le Pen (Francia), Santiago Abascal (España – Vox).
Asia: Narendra Modi (India), cuyo partido (BJP) comparte rasgos ultranacionalistas y autoritarios.
El ascenso del falso patriota
La patria es otra de las palabras recurrentes de la ultraderecha. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque el supuesto “patriotismo” de la ultraderecha, en realidad, propone un nacionalismo excluyente que define al ciudadano por lo que odia.
La ultraderecha, por otra parte, demoniza a la víctima (migrante, colectivo LGTBI) para cohesionar a la mayoría.
Lo cierto es que el auge ultra es el síntoma de una democracia enferma de desigualdad y desconfianza.
Infelizmente, donde hay crisis de identidad y desigualdad, la ultraderecha siembra su discurso binario.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen 30 quejas por violaciones a derechos humanos derivadas de las recientes redadas migratorias en EUA. Llamó a reconocer el papel de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense y exigió respeto a sus derechos.
Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum abordó las redadas contra migrantes en EUA y reveló que 30 denuncias por abusos a los derechos humanos fueron presentadas ante el gobierno mexicano. La mandataria subrayó que los migrantes “sostienen la economía” del país vecino y denunció la discriminación y el trato indigno que enfrentan.
Sheinbaum destacó que los cruces irregulares de mexicanos hacia el norte “son muy pocos”, pero recordó que más de 40 millones de personas de origen mexicano viven en territorio estadounidense. “El 90 % tiene papeles, incluso más”, dijo, y sostuvo que muchos llevan más de medio siglo en aquel país.
La presidenta insistió en que la migración mexicana impulsa sectores como el campo, la construcción y los servicios, y pidió que se reconozca su aporte. “Siempre vamos a buscar el diálogo y la coordinación, pero cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer”, afirmó.
El tema surge luego de que el subsecretario Roberto Velasco informara que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE, lo que motivó al gobierno mexicano a enviar 13 notas diplomáticas a Washington.
El exyihadista Ahmed al Sharaa, otrora miembro de Al Qaeda, fue recibido con honores por Donald Trump en la Casa Blanca, marcando un giro histórico en la política hacia Siria. Su ascenso —de combatiente radical a presidente recibido por Washington— genera asombro y sospechas sobre la autenticidad de su transformación.
En un giro que parece sacado de un thriller político, Ahmed al Sharaa, antiguo líder del Frente Al-Nusra, fue recibido este lunes por Donald Trump en la Casa Blanca. Sonriente, el mandatario republicano calificó al nuevo presidente sirio como “un hombre fuerte” y un “aliado confiable”, apenas días después de que su nombre fuera eliminado de la lista de terroristas globales del Departamento del Tesoro de EUA.
El encuentro simboliza una ruptura con décadas de aislamiento y sanciones. Siria, tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024, intenta presentarse como una nación reconciliada. El propio Al Sharaa —antes conocido como Abu Mohammed al-Yolani— pasó de colocar explosivos en Irak a prometer paz, reconstrucción y apertura económica.
De los campos de batalla a los despachos diplomáticos, la historia del nuevo líder es tan vertiginosa como improbable. Tras ser prisionero en Abu Ghraib y Camp Bucca, donde conoció a Abú Bakr al Baghdadi, Al Sharaa rompió con el extremismo más salvaje del Estado Islámico. En 2015 prohibió ejecuciones y ordenó devolver propiedades a comunidades cristianas, gesto que cimentó su reputación de líder pragmático.
El reconocimiento de Washington llega tras una semana decisiva: la ONU levantó las sanciones contra su gobierno y Siria se integró a la Coalición Global contra el ISIS, convirtiéndose en su miembro número 90. Trump celebró el hecho como “una nueva era para Medio Oriente”.
Aun así, el escepticismo persiste. Analistas advierten que la conversión de un exyihadista en estadista “es tan meteórica que cuesta creerla”. Mientras tanto, Israel y Líbano observan con cautela el nuevo eje Washington-Damasco, conscientes de que un solo movimiento en falso podría hacer temblar de nuevo la región.
La pregunta queda abierta: ¿es Al Sharaa el símbolo de una Siria renovada o el más hábil camaleón del siglo XXI?
Con información de Fran Ruíz Pereira para La Crónica.
