Estados Unidos inició una campaña internacional para debilitar a la Corte Penal Internacional, con sanciones, restricciones y presión sobre sus aliados para que abandonen el organismo, al que acusa de amenazar su soberanía.
El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una campaña diplomática para debilitar y “desmantelar” a la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington buscará convencer a sus aliados de abandonar el organismo, al que acusa de interferir en asuntos internos y de representar una amenaza para la soberanía estadounidense.
Rubio sostuvo que la CPI pretende atribuirse facultades para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios de Estados Unidos por acciones realizadas en defensa de los intereses nacionales. Además, afirmó que el tribunal libra una “guerra” contra su país mediante el uso del derecho internacional y reiteró que Washington no reconoce su autoridad, ya que nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte.
Como parte de la estrategia, la administración de Donald Trump plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI, ampliar las sanciones contra sus integrantes y organizaciones vinculadas, así como incrementar la presión diplomática sobre los países aliados para que rechacen públicamente las iniciativas del tribunal internacional.
El Departamento de Estado también convocará a embajadores y altos funcionarios extranjeros para denunciar lo que considera “abusos” de la CPI y advertir que habrá un mayor escrutinio sobre los gobiernos que continúen respaldando al organismo mientras reciben apoyo de Washington. Rubio aseguró que Estados Unidos trabajará con sus aliados para desmantelar a la Corte “ladrillo a ladrillo, si es necesario”.
