El pasado 18 de abril se llevó a cabo en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, Quintana Roo, un ejercicio ciudadano que, visto con detenimiento, debería obligarnos a replantear cómo entendemos la justicia en México. No fue una reforma, no fue una resolución judicial, no fue un acto institucional. Fue algo más simple y, al mismo tiempo, más incómodo: escuchar directamente a quienes intentan acceder al sistema y no siempre lo logran.
Ese punto de partida cambia la conversación. Durante años, la justicia se ha explicado desde arriba, desde normas, instituciones y discursos que buscan ordenar el sistema. Pero pocas veces se ha construido desde abajo, desde donde se vive una denuncia que no avanza, un despojo que no se corrige, un proceso que se detiene aun cuando existen elementos suficientes. Lo que se escuchó en Tulum no fueron excepciones. Fue la evidencia de un patrón.
Se habló de fiscalías que no reciben denuncias, de ministerios públicos que funcionan como filtro, de personas que, aun teniendo la razón, no logran avanzar porque no saben cómo iniciar correctamente un proceso. En términos claros, muchas mexicanas y mexicanos no pierden su caso por falta de razón, sino por falta de orientación. La falla no está únicamente en la resolución. Está en el acceso. Y ahí es donde se pierde la justicia.
Por eso Tulum importa. Porque representa algo más que un encuentro. Marca el inicio de una lógica distinta: llevar la conversación al territorio, no esperar a que el territorio llegue a las instituciones. Durante décadas, el acceso a la justicia ha estado condicionado por la geografía. Mientras más lejos del centro, más difícil resulta acceder a información, acompañamiento y, muchas veces, a la posibilidad real de incidir.
Lo ocurrido el 18 de abril no puede leerse como un hecho aislado. Es el primer paso de una etapa. JUSTA, que puede consultarse en justamx.com, nació en el contexto de la reforma judicial y del proceso electoral de 2025 con un objetivo claro: informar y vincular. Hoy enfrenta un reto mayor. Crecer a nivel nacional no implicaría solo expandirse, sino asumir una responsabilidad más profunda: convertirse en un puente real entre la ciudadanía y quienes imparten justicia.
Ese puente hoy no existe con claridad.
Y donde no hay puente, hay abandono.
El valor del ejercicio en Tulum también radica en quienes lo hicieron posible. La participación de Claudia Romo y Lorenzo Miranda no fue circunstancial. Fue determinante. No solo ayudaron a convocar, ayudaron a sostener el espacio, a darle sentido y legitimidad. Su respaldo deja una lección clara: las causas públicas no se construyen desde el discurso, se sostienen desde el territorio.
Pero escuchar, por sí mismo, no transforma nada. Ese es el punto de quiebre. La ciudadanía no está pidiendo espacios de expresión, está pidiendo respuestas. Y eso implica algo más complejo: convertir lo escuchado en acción. Dar seguimiento a los casos, orientar con claridad, acompañar procesos y, cuando sea necesario, generar presión institucional.
Ahí se juega todo.
Por eso el siguiente paso no es opcional. Este esfuerzo necesita crecer. Y crecer implica estructura. Implica sumar a más personas, especialmente a jóvenes abogadas y abogados que entiendan que el derecho no se limita a los tribunales, sino que también se construye desde el acompañamiento. JUSTA no puede consolidarse como plataforma nacional si no desarrolla capacidad real para estar donde hoy el sistema no está llegando.
No es solo una invitación. Es una causa.
Lo ocurrido en Tulum no resolvió el problema de fondo. Pero sí dejó algo claro: la transformación de la justicia en México no va a comenzar en los tribunales, ni en las reformas, ni en los discursos.
Va a comenzar cuando logre cerrar la distancia entre lo que promete y lo que las personas viven.
Y ese proceso ya empezó.
No desde arriba.
Sino exactamente ahí, donde durante años nadie estuvo.
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