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  • Senado aprueba cárcel por usar símbolos oficiales para engañar en internet

    Senado aprueba cárcel por usar símbolos oficiales para engañar en internet

    La reforma castiga con uno a cinco años de prisión la imitación comercial de logotipos, dominios y documentos del Gobierno. La oposición teme que amenace la sátira y la crítica.

    El Pleno del Senado aprobó en lo general una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La votación terminó con 72 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención. La norma regula el uso de imágenes, símbolos, dominios y documentos oficiales en el entorno digital.

    El cambio castiga a quien copie o imite la identidad gráfica de una institución, sus dominios electrónicos u otros signos oficiales. Para que exista el delito, deben darse tres condiciones a la vez. El uso debe ocurrir a escala comercial. Además, debe buscar que otros caigan en el error o el engaño. Por último, debe servir para cometer un ilícito.

    Las comisiones del Senado suavizaron la propuesta original, que planteaba de tres a siete años de cárcel. Ahora el dictamen fija una pena de uno a cinco años de prisión. También impone multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Las comisiones aclararon que usar un logotipo oficial no basta para cometer un delito.

    La oposición dio la pelea en tribuna y puso el foco en el artículo 403 Bis. La panista Mayuli Latifa Martínez Simón subió con una manta que decía: “Criticar al gobierno es igual a cárcel”. Además, advirtió que las sanciones a contenidos digitales pueden frenar la crítica hacia las autoridades.

    La senadora Lilly Téllez fue más lejos. Acusó que el gobierno podría usar la reforma contra quienes se burlen de Morena. Para ilustrar su postura, pidió proyectar un video de las redes sociales sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la cancelación de la visa de Andy López Beltrán.

    El video empezó a correr, pero se detuvo antes de terminar porque se acabó el tiempo de Téllez. La legisladora calificó el hecho como censura y lo ligó con el debate de la reforma.

    El PAN anunció su voto en contra. Las panistas Guadalupe Murguía Gutiérrez y María de Jesús Díaz Marmolejo criticaron que el texto no excluya de forma expresa la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el periodismo y la creación artística. La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales también votó en contra, por los riesgos que ve para la libertad de expresión.

    Morena respondió con otro argumento. La senadora Lucía Mícher aseguró que la reforma no busca perseguir la sátira, la parodia ni la libertad de expresión. Según explicó, los memes forman parte del humor y la cultura popular. En cambio, la piratería organizada, la falsificación de documentos y la copia de marcas a escala industrial son conductas distintas.

    Mícher también recordó a caricaturistas como Rafael Barajas Durán “El Fisgón”, Trino, Hernández, Rius, Naranjo y Helguera. Según ella, en gobiernos anteriores también hubo intentos de frenar la crítica política.

    El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara añadió que el dictamen separa la crítica del fraude con símbolos institucionales. Aseguró que la autoridad tendrá que probar cada elemento del delito y respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

    El senador Javier Corral defendió los cambios al artículo 403 Bis. Explicó que las comisiones cambiaron el concepto de “ánimo de lucro” por el de “escala comercial”. Con eso, buscan fijar elementos objetivos para saber cuándo una conducta constituye delito.

    La presidenta Claudia Sheinbaum ya había dicho que la reforma no pretende prohibir memes ni publicaciones en redes sociales. Con el visto bueno del Senado en lo general, la discusión sigue abierta. La oposición mantiene sus dudas sobre cómo se interpretará y se aplicará la norma en los contenidos digitales.

  • Dos tigres de Bengala vivían en una casa de Mazatlán sin papeles

    Dos tigres de Bengala vivían en una casa de Mazatlán sin papeles

    Un macho adulto y una hembra joven estaban en buen estado, pero sus dueños no mostraron registro ni plan de manejo. Profepa los puso bajo custodia.

    Inspectores de la Profepa encontraron a dos tigres de Bengala en una vivienda de El Bajío, una comunidad rural del municipio. La dependencia federal informó del caso.

    Todo comenzó cuando la Secretaría de Marina (Semar) avisó a la Profepa de que había ejemplares de esta especie en un inmueble. Con ese reporte, personal de ambas instituciones acudió al lugar.

    Durante la inspección, los funcionarios confirmaron la presencia de un tigre macho adulto y una hembra joven. Los dos felinos estaban en buen estado de salud.

    Aun así, los dueños no mostraron documentos que respalden el registro que otorga la Semarnat. Tampoco presentaron un plan de manejo para los animales.

    Por esa razón, los inspectores aseguraron a los felinos de forma precautoria y los dejaron en custodia.

    La Profepa también recordó las reglas para quienes cuidan fauna silvestre. Los sitios que la manejan, como las UMA y los PIMVS, deben cumplir la Ley General de Vida Silvestre. Además, necesitan autorización para funcionar y un plan de manejo para cada especie.

    Ahora la dependencia seguirá con el procedimiento administrativo. Según su aviso, la prioridad es el bienestar y el cuidado de los tigres.

  • Ciudad de México combate a franeleros

    Ciudad de México combate a franeleros

    Desde la implementación de nuevas leyes, la capital busca frenar la operación de franeleros y la invasión de espacios públicos con estrictas multas y sanciones.

    La Ciudad de México decidió dar un paso firme contra la ocupación ilegal de lugares de estacionamientos por franeleros. Esta medida, que prohíbe apartar espacios en la vía pública, busca devolver el control a los ciudadanos y facilitar el tránsito. Sin embargo, aún persisten quienes violan la normativa.

    A partir de las reformas a la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Tránsito, los infractores enfrentan importantes penalizaciones. Quienes sean sorprendidos reservando espacios con objetos como cubetas o conos podrán recibir multas que oscilan entre mil 290 y 4 mil 692 pesos. Estas cifras corresponden a entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

    Además de las multas, los infractores pueden vivir una experiencia menos agradable. Si las autoridades los encuentran en flagrancia, podrían ser detenidos y enfrentar un arresto administrativo. Este arresto puede llegar a ser de hasta 24 horas si solo están apartando un lugar sin solicitar dinero a cambio.

    La situación se agrava para aquellos que persisten en cobrar por sus servicios ilegales. En estos casos, el arresto se puede extender hasta 36 horas. Las autoridades señalan que estas sanciones son necesarias para mantener el orden y proteger el espacio público.

    Incluso, hay posibilidades de que se ordene trabajo comunitario en lugar de multas o arrestos, dependiendo de la gravedad de la acción. La meta es clara: erradicar las prácticas que obstaculizan la convivencia en la capital y asegurar que todos podamos disfrutar de la ciudad libremente.

  • Diputados aprueban iniciativa presidencial de reformar el Código Penal Federal para endurecer sanciones por tala ilegal

    Diputados aprueban iniciativa presidencial de reformar el Código Penal Federal para endurecer sanciones por tala ilegal

    La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial, con 457 votos a favor y 27 abstenciones, de reformas y adiciones al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por tala ilegal y castigar hasta con 16 años de cárcel, así como cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (518 mil 700 pesos), ese delito.

    El proyecto remitido al Senado prevé la imposición de seis a 12 años de prisión a quien transporte, comercie, enajene, distribuya, compre, adquiera, almacene, resguarde, posea o transforme productos forestales maderables en un volumen mayor a dos metros cúbicos, sin acreditar su legal procedencia.

    No obstante, las penas aumentarían hasta cuatro años, para alcanzar 16 como máximo, en caso de que las materias primas forestales o productos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

    La reforma establece asimismo pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de hasta 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (311 mil, 220 pesos) a quien desmonte o destruya la vegetación forestal, o cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.

    Dicha pena se incrementaría hasta cuatro años más, para sumar 13 años, cuando la tala ilegal afecte un área natural protegida.

    “Cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego o cualquier otro medio violento contra las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se le impondrá pena de tres a doce años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la UMA”, señala.

    El articulado prevé, sin embargo, que no se aplicará pena alguna a quien incurra en las conductas señaladas ni a quien transporte leña o madera muerta cuando realice la actividad para uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana a la que pertenezca.

    En su exposición de motivos, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el comercio ilegal de recursos naturales es tan grave como el crimen organizado trasnacional con ganancias de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares en todo el mundo.