Rosa Alejandra “N” es acusada de encubrimiento; con su detención suman 34 los arrestados por el asesinato del alcalde.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvo a Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan. Se le acusa de encubrimiento por favorecimiento, en el marco de las investigaciones por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
La captura se realizó este jueves en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes cumplieron una orden de cateo autorizada por un juez. La detenida fue puesta a disposición de la jueza de Control que la requiere, quien definirá su situación legal con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
De acuerdo con la Fiscalía, la funcionaria es madre de uno de los escoltas de Manzo y tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”, señalados de participar en la planeación del ataque junto con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Horas antes, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez informó que ella había ignorado tres citatorios para declarar.
Con este arresto, ya son 34 las personas detenidas por el crimen, entre ellas el autor material, el presunto autor intelectual y otros funcionarios del gobierno local. La Fiscalía asegura que la investigación lleva un avance de 90%.
Parientes de Guillermo Tello Zagoya, uno de los siete policías procesados, aseguran que Uruapan les ofreció abogados. Dicen que esa defensa no funciona y quieren que la presidenta intervenga.
Con angustia por la suerte de su ser querido, la familia de Guillermo Tello Zagoya confirmó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, les ofreció respaldo legal. Tello Zagoya escoltaba a Carlos Manzo y hoy enfrenta un proceso por su homicidio junto con otros seis policías municipales.
Los familiares dieron una conferencia de prensa. Ahí reconocieron que los audios que difundió MILENIO son reales. La grabación recoge una reunión con Samuel García Rivero, entonces responsable de Atención Ciudadana en el municipio.
Un hermano del policía contó cómo llegaron a Uruapan sin saber nada. No sabían en qué situación estaba Guillermo ni si tenía defensa. “Nos atiende esta persona, Samuel; él nos recibe y nos da la noticia de que nos tienen defensa legal”, relató.
Pese a ese ofrecimiento, la familia asegura que Guillermo no tuvo una buena defensa. Según los parientes, la propia alcaldesa impuso a los abogados. Además, consideran injusto que el policía quede vinculado a proceso por homicidio calificado en comisión por omisión.
Por eso pidieron, mediante un escrito, que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga. Describen a Tello Zagoya como un hombre honesto, trabajador y entregado a su familia. Nació en Puebla y llevaba más de un año al servicio de Manzo. Los parientes afirman que tienen pruebas de su inocencia.
La preocupación crece por su salud. El policía enfrenta problemas médicos y la familia teme por las condiciones de su encierro. También les inquieta el traslado de penal de su compañero Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas“.
MILENIO obtuvo el audio de 20 minutos, grabado el 25 de noviembre. Ese día ocurrió un día antes de que se reanudara la audiencia que vinculó a proceso a los siete escoltas. Según la grabación, Quiroz habría pagado la defensa y otros servicios dentro del penal. Además, habría nombrado como enlace a un hombre que después resultó ser informante del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el audio, García Rivero cuenta que la alcaldesa estaba molesta por las detenciones. También dice que ella habría enviado artículos personales a los policías. La Fiscalía de Michoacán investiga actualmente a Quiroz.
Mientras tanto, el caso avanza casi un año después del crimen. El 16 de octubre, la Fiscalía estatal confirmó que el móvil fue una represalia del crimen organizado. El detonante habría sido la detención de René “N”, alias “El Rhino”, jefe de plaza en Uruapan, dos meses antes del asesinato.
Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía, detalló el trabajo de investigación. Los peritos analizaron 199 datos conservados de las comunicaciones de todos los involucrados. Además, intervinieron 15 líneas en tiempo real y hicieron 72 extracciones de información con control judicial. Las audiencias suman cerca de 120.
Una grabación difundida por medios refiere que la alcaldesa de Uruapan habría autorizado la defensa legal de los siete policías investigados por su probable responsabilidad en el homicidio por omisión del exedil.
A un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, una grabación difundida por UnoTV expuso presuntos detalles sobre el apoyo legal y económico que Grecia Quiroz, actual alcaldesa del municipio, habría brindado a siete policías detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio por omisión del exfuncionario.
El audio, fechado el 25 de noviembre, registra una conversación entre Samuel, entonces encargado de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, el hermano de uno de los escoltas y un abogado. Durante el diálogo, Samuel aseguró que Quiroz habría autorizado la contratación de la defensa jurídica de los detenidos y enviado ropa y artículos personales a sus familiares.
En la grabación también se mencionan presuntos cobros por servicios al interior del penal y dificultades de los familiares para obtener información sobre el proceso judicial. Además, Samuel relató supuestos acontecimientos previos al asesinato de Manzo, entre ellos la presencia de personas sospechosas durante el Festival de las Velas.
El exfuncionario habría fungido como enlace entre los familiares de los policías y la alcaldesa. Sin embargo, fue detenido en enero por su probable participación en el homicidio y, posteriormente, señalado como presunto informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la información difundida por Monitor Expresso.
La grabación incorpora nuevos señalamientos sobre las relaciones entre funcionarios municipales y los policías investigados por el caso Carlos Manzo. No obstante, las declaraciones contenidas en el audio no constituyen por sí mismas pruebas definitivas de responsabilidad penal contra Grecia Quiroz ni contra las demás personas mencionadas.
Hasta la información publicada, no se detallaron resoluciones judiciales que acrediten las acusaciones contra la alcaldesa. Los señalamientos deberán ser contrastados por las autoridades con otras pruebas para determinar si existieron irregularidades en el apoyo brindado a los detenidos.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el móvil del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue su actuación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En conferencia de prensa, Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, explicó que las diligencias ministeriales y el trabajo de inteligencia establecen como principal línea una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad que el alcalde emprendió en Uruapan.
Informó que se han analizado 199 datos conservados, que corresponden a las comunicaciones telefónicas de todos los involucrados. Detalló que se han intervenido 15 líneas de comunicación, se han realizado 72 extracciones de información de dispositivos electrónicos con control judicial y se han celebrado aproximadamente 120 audiencias.
Agregó que se aseguraron 15 inmuebles y se ejecutaron 18 órdenes de aprehensión. Israel Vega subrayó que los actos de investigación continúan para agotar todas las líneas abiertas.
Por los hechos hay 33 personas detenidas. Entre ellas están Ramón Ángel Áñez, “El R1”, y Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalados como presuntos autores intelectuales. Según la Fiscalía, estas detenciones permiten reconstruir la planeación y coordinación del ataque, además de identificar a presuntos participantes en su ejecución.
Carlos Manzo fue atacado con arma de fuego el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, falleció por siete impactos. En el mismo hecho fue abatido el autor material, identificado como Víctor Manuel, cuya identidad se desconocía al inicio.
El regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo, y otro ciudadano resultaron heridos. La Fiscalía determinó posteriormente que el agresor murió por un disparo con entrada en la parte posterior del cuello y salida en el costado derecho del tórax.
La resolución modifica el criterio de julio, cuando se había señalado al senador por violencia política de género y ordenado su inscripción en el registro nacional de personas sancionadas.
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió que no se acreditó violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por expresiones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña. El fallo fue aprobado por mayoría durante una sesión pública del 10 de octubre, de acuerdo con el documento difundido por el legislador.
A través de sus redes sociales, Noroña celebró la resolución y sostuvo que, tras un litigio prolongado, quedó descartada la acusación en su contra. También cuestionó la cobertura que los medios de comunicación darían al fallo. Según el fragmento de la sentencia que compartió, las expresiones denunciadas están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria y el debate político.
La decisión representa un cambio respecto a julio pasado, cuando el mismo tribunal determinó que el senador había incurrido en violencia política de género contra Quiroz y ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en esta materia. En aquel momento, la alcaldesa pidió que Noroña se disculpara por sus declaraciones y consideró necesario poner un alto a ese tipo de expresiones.
La controversia se originó por los comentarios del legislador sobre Quiroz, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. La nueva resolución corresponde al expediente TEEM-PES-VPMG-005/2026. El documento señala que la magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos votó en contra, mientras que Yurisha Andrade Morales y Amelí Gissel Navarro Lepe presentaron votos razonados.
El fallo también se conoce en medio del enfrentamiento entre ambos por los teléfonos celulares de Carlos Manzo, relacionados con las investigaciones del homicidio. Noroña ha cuestionado que Quiroz no los entregue a la Fiscalía de Michoacán y advirtió sobre posibles consecuencias legales. La alcaldesa, por su parte, ha denunciado una presunta persecución y solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. La información disponible no precisa si la nueva resolución electoral puede ser impugnada.
La alcaldesa de Uruapan convocó a movilizaciones el 1 de noviembre contra la violencia y la impunidad, mientras sigue pendiente esclarecer por completo el asesinato de su esposo.
A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una marcha nacional por la justicia y la paz para el próximo 1 de noviembre. La edil busca que la movilización se realice de manera simultánea en distintos puntos del país para denunciar la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad que afectan a miles de familias mexicanas.
A través de Facebook, Quiroz sostuvo que la protesta no debe limitarse al homicidio de su esposo, sino convertirse en una plataforma para las víctimas que, según señaló, no han sido escuchadas por las autoridades. La convocatoria incluye a madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, transportistas, comerciantes, productores del campo, periodistas, policías y comunidades indígenas y rurales.
La iniciativa, sin embargo, también coloca a la alcaldesa ante una pregunta inevitable: ¿cómo traducirá la exigencia de justicia en resultados concretos desde su propio cargo público? Convocar a una marcha puede dar visibilidad a las víctimas, pero no sustituye las responsabilidades institucionales ni resuelve por sí mismo las condiciones de inseguridad que persisten en Michoacán. La exigencia de respuestas debe acompañarse de acciones y rendición de cuentas.
La concentración principal está prevista para las 10:00 horas del 1 de noviembre en el Monumento a Lázaro Cárdenas, en Uruapan. Hasta la publicación de la convocatoria, no se habían precisado las rutas ni los puntos de reunión para otras ciudades. Quiroz invitó a organizaciones civiles y ciudadanos a sumarse a la movilización.
Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante un acto público por las celebraciones del Día de Muertos y el Festival de las Velas. Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal cuatro días después y ha pedido que las investigaciones alcancen tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron el crimen.
El 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que había 33 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio, incluido un supuesto autor intelectual identificado como “R1”. La Fiscalía General de la República debe determinar si atrae el caso. Mientras tanto, la marcha anunciada por Quiroz pondrá nuevamente el foco sobre una exigencia central: que el asesinato no quede impune y que las demandas de las víctimas se traduzcan en resultados.
La alcaldesa de Uruapan ha insistido en mantener una ruta independiente, pero el dirigente emecista difundió una medición donde aparece como eventual candidata de Movimiento Ciudadano y alcanza 41 por ciento.
La frase de “Grecia va sola” parece empezar a quedarse corta. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, compartió una encuesta que coloca a Grecia Quiroz como posible candidata de MC a la gubernatura de Michoacán en 2027, pese a que la alcaldesa de Uruapan ha sostenido públicamente su ruta independiente.
La medición de Arias Consultores, realizada entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, presenta dos escenarios. En el primero, Quiroz aparece como independiente y registra 29.9 por ciento de las preferencias, apenas por encima de Carlos Torres Piña, de Morena, quien obtiene 28.3 por ciento.
Encuestas publicadas en las últimas 24 horas respecto a Michoacán, Oaxaca y todo el país.
Queda claro por qué les incomoda tanto Movimiento Ciudadano.
Pero en el segundo escenario ocurre la parte que Máynez decidió presumir: con Grecia Quiroz como eventual candidata de Movimiento Ciudadano, la alcaldesa sube hasta 41 por ciento, mientras Torres Piña registra 28.1 por ciento. Es decir, el ejercicio no sólo mide a Quiroz como independiente, sino que también pone sobre la mesa qué ocurriría si MC logra llevarla a sus filas.
El detalle es que Quiroz ha rechazado públicamente una alianza partidista y ha defendido el carácter independiente del movimiento que encabeza en Uruapan. Aun así, MC lleva meses acercándose políticamente a ella: en agosto, Máynez declaró que el partido “defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manzo”, mientras que en septiembre evitó descartar que pueda competir bajo las siglas naranjas.
Así que, mientras Grecia mantiene el discurso de que “va sola”, Máynez ya anda enseñando números de cómo le iría con el color naranja. Por ahora no existe una candidatura formal de MC, pero el mensaje político de la encuesta resulta bastante claro: Movimiento Ciudadano ya está midiendo a Quiroz con camiseta naranja, aunque ella todavía no se la ponga.
La alcaldesa de Uruapan asegura que solo tiene un celular de su esposo, Carlos Manzo, y que las autoridades ya lo revisaron. La Fiscalía de Michoacán prepara medidas de apremio que podrían terminar en arresto.
Grecia Quiroz salió al paso de las advertencias de la Fiscalía de Michoacán y negó que bloquee la investigación del asesinato de su esposo. La presidenta municipal de Uruapan aclaró que conserva un solo teléfono celular de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025. Según explicó, los investigadores ya revisaron ese aparato.
La respuesta llegó después de que el vicefiscal Israel Vega Rodríguez lanzara una advertencia. El funcionario anunció un nuevo requerimiento legal con medidas de apremio que subirán de nivel si la alcaldesa se resiste. Con ellas, la Fiscalía busca incorporar el celular a la carpeta de investigación. Vega Rodríguez no descartó que la presión llegue a una orden de arresto y a la permanencia de Quiroz en prisión.
Frente a ese panorama, la alcaldesa decidió cambiar de ruta. Mediante sus redes sociales, informó que trabaja con el gobierno federal para enviar el dispositivo a la Fiscalía General de la República (FGR). Además, pidió de manera formal que esa instancia atraiga la carpeta de investigación. Con ello, dijo, quiere garantizar un proceso imparcial y transparente.
El choque entre ambas partes crece mientras la investigación toma otro rumbo. El vicefiscal confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y corporaciones federales indagan presuntos vínculos financieros entre el Movimiento del Sombrero, que lidera la alcaldesa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las indagatorias oficiales, esa línea ganó fuerza tras la detención de Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, y de otro implicado apodado “El Vikingo”. Las autoridades procesan a ambos por su probable participación en el homicidio.
Quiroz rechazó esa lectura en un comunicado firmado con sus iniciales. Acusó a la Fiscalía local de cometer inconsistencias y omisiones. También afirmó que las autoridades fabrican narrativas para perseguirla, inhabilitarla o encarcelarla, y así desacreditar a su organización.
La alcaldesa cerró su mensaje con un tono firme. “Si quieren investigarme, que lo hagan conforme a derecho. No tengo nada que esconder”, sentenció. Aseguró que podrán intentar llevarla a prisión, pero que no detendrán una causa que, según dijo, ya pertenece al pueblo.
La Fiscalía estatal prepara nuevas medidas de apremio si la alcaldesa de Uruapan no entrega los dispositivos, considerados relevantes para esclarecer el asesinato de su esposo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán volvió a requerir a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, los celulares que pertenecían a su esposo, el exedil Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025. El vicefiscal Israel Vega Rodríguez advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta el arresto administrativo o incluso una investigación por obstrucción de la justicia.
De acuerdo con la FGE, los dispositivos son necesarios para realizar peritajes forenses y determinar, entre otros aspectos, si hubo alteraciones o manipulaciones en la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo, así como localizar información que pueda aportar a la investigación del homicidio. La Fiscalía ya había solicitado los teléfonos en ocasiones anteriores, pero Quiroz se ha negado a entregarlos debido a su desconfianza hacia las autoridades estatales.
El funcionario estatal señaló que ya se prepara un nuevo requerimiento conforme a la ley y que, de mantenerse la negativa, aumentará el nivel de las medidas. La alcaldesa, además, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso, precisamente por sus cuestionamientos a las investigaciones realizadas por la autoridad michoacana.
En paralelo, la FGE mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con el asesinato de Manzo y analiza posibles vínculos financieros con grupos delictivos alrededor del Movimiento del Sombrero. El vicefiscal aclaró que, hasta ahora, no se ha acreditado una conexión directa entre esos flujos de dinero y el homicidio del exalcalde.
La disputa por los teléfonos ocurre mientras el caso continúa acumulando diligencias y detenidos. La propia Fiscalía ha informado de 32 personas detenidas relacionadas con el homicidio, mientras permanece pendiente la captura del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo.
Los movimientos penitenciarios incluyen a un exescolta de Carlos Manzo y dos hermanos señalados en distintas investigaciones
Autoridades penitenciarias de Michoacán trasladaron este lunes al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, a Cristian Martín Medina García, Alejandro Flores Vargas y Alexis Jesús Medina García, personas privadas de la libertad relacionadas con distintas líneas de investigación vinculadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Los movimientos fueron autorizados mediante oficios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre ellos los identificados como SSPC/PRS/CGCP/47176/2026 y SSPC/PRS/CGCP/47175/2026, además de una resolución administrativa. La documentación señala que los tres internos fueron concentrados en el penal federal, aunque previamente se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios de Michoacán y, en uno de los casos, en el propio sistema federal.
Entre los trasladados se encuentra Alejandro Flores Vargas, “El Macas”, quien formó parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo y fue uno de los siete elementos de seguridad detenidos el 21 de noviembre de 2025. Posteriormente fue vinculado a proceso por homicidio y lesiones calificadas por comisión por omisión, en su calidad de garante de la seguridad del entonces presidente municipal.
Flores Vargas también es identificado como hijo de Rosa Alejandra Vargas Rauda, actual secretaria de Bienestar y Política Social de Uruapan. El Ayuntamiento confirma que Vargas Rauda ocupa actualmente ese cargo.
Vargas Rauda fue incorporada al equipo de gobierno de Manzo y su trayectoria política también aparece vinculada al entorno del exalcalde: documentos del Instituto Electoral de Michoacán registran a ambos como integrantes de la planilla independiente que buscó la Presidencia Municipal de Uruapan. La información proporcionada señala que Manzo la nombró secretaria de Bienestar el 2 de junio de 2025, después de que se desempeñara como directora de Adquisiciones y Arrendamientos.
Los otros dos trasladados son los hermanos Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”, y Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”. Alexis fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan, Jalisco, mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Manzo. Reportes de las investigaciones lo señalan como presunto operador regional de una célula criminal y como integrante de un grupo de mensajería que habría sido utilizado para planear y dar seguimiento al atentado.
En el caso de Cristian Medina García, identificado también como boxeador, fue detenido el 7 de agosto en Tiamba, Uruapan, dentro de una investigación por presuntas extorsiones contra productores de aguacate, comerciantes y empresarios. Tras su captura, autoridades estatales señalaron que mantenía comunicación con Rafael Álvarez Ayala, “El R2”, a quien identifican como integrante de “Los R’s”, célula que las autoridades han relacionado con el CJNG.
Las investigaciones también han documentado la cercanía previa de los hermanos Medina García con el entorno de Carlos Manzo y Grecia Quiroz. Entre los elementos referidos en audiencias y reportes públicos aparecen fotografías familiares y el antecedente de que Manzo habría sido padrino de XV años de una hermana de los Medina García.
El secretario de Obras Públicas de Uruapan, Esteban Constantino Magaña, reconoció previamente que los hermanos habían tenido acercamientos con Manzo, aunque sostuvo que éstos ocurrieron en el contexto de la atención que el entonces presidente municipal brindaba a ciudadanos que acudían a solicitar apoyo.
El traslado al Altiplano concentra bajo custodia federal a tres personas relacionadas con diferentes vertientes de las investigaciones: desde el esquema de seguridad que protegía a Carlos Manzo hasta las pesquisas sobre presuntos operadores criminales y sus posibles vínculos con el atentado.
