La investigación pasó por tres gobiernos, sumó nuevas identificaciones, análisis de comunicaciones y procesos judiciales, pero el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue sin esclarecerse.
Este 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero. Desde entonces, el caso ha atravesado los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, con cambios en las investigaciones y nuevas líneas para determinar qué ocurrió con los estudiantes.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la entonces PGR presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron entregados a integrantes de Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó irregularidades e inconsistencias y cuestionó el sustento científico de esa versión.

Con López Obrador se creó en 2018 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y posteriormente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR. Esta etapa incorporó archivos, registros telefónicos, comunicaciones y nuevas búsquedas. También se confirmó la identificación genética de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, que se sumaron a la identificación previa de Alexander Mora Venancio. Así, 40 estudiantes continúan sin ser localizados.
En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un nuevo reanálisis de las actuaciones del expediente, del que surgieron nuevas líneas de investigación. Entre ellas se encuentran el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos relacionados con el Palacio de Justicia de Iguala. La investigación también derivó en la detención de un exgobernador de Guerrero, contra quien la FGR obtuvo prisión preventiva y formuló imputación por su posible participación en desaparición forzada; el proceso judicial continúa.
A 12 años de los hechos, el expediente continúa abierto. El Gobierno federal informó en agosto que las investigaciones recientes contemplan nuevas detenciones, análisis de comunicaciones y revisión de actores y hechos relevantes, además de mantener las labores de búsqueda. El caso, que ha cambiado de hipótesis e instituciones durante tres administraciones, mantiene pendiente la respuesta central para las familias: conocer el paradero de los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos.

















