La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá un rezago de más de mil 500 asuntos al asumir funciones el próximo 1 de septiembre de 2025, entre ellos temas fiscales, penales y de derechos fundamentales.
De acuerdo información de El Sol de México, hasta el 8 de agosto la Corte acumulaba mil 507 casos sin resolver, de los cuales solo 382 están listos para votación en el Pleno, mientras que más de mil 200 deberán ser estudiados desde cero por las ponencias de las y los nuevos ministros.
Entre los temas más relevantes destacan la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los conflictos fiscales de Grupo Elektra, el caso de Emilio Lozoya contra la periodista Lourdes Mendoza, así como debates emergentes como la regulación del uso de hongos alucinógenos en México.
También se encuentran pendientes asuntos como la extinción de organismos autónomos, la creación de un Banco de ADN, y las facultades de la consejera presidenta del INE.
El próximo Pleno estará conformado por Hugo Aguilar Ortíz —quien será presidente de la Corte—, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf, Giovanni Figueroa, Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero.
El nuevo ministro presidente adelantó que los temas fiscales y penales serán prioridad, y que la meta central será dar una salida rápida y eficaz al rezago judicial, que marcará el inicio de la nueva era de la Corte mexicana.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció sobre la controversia suscitada tras la sesión más reciente en el máximo tribunal, en la que la ministra Lenia Batres abandonó el salón, argumentando que se le impidió participar en la resolución relacionada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el empresario Ricardo Salinas Pliego. En entrevista exclusiva con el periodista Manuel Pedrero, Esquivel aclaró los puntos centrales del caso y expresó su postura ante la opinión pública.
Durante la conversación, la ministra subrayó que el impedimento en cuestión no está vinculado con temas fiscales o de impuestos del empresario, sino con una solicitud de la UIF para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue estados de cuenta específicos. Según Esquivel, el impedimento fue solicitado por el propio quejoso y se consideró legal, ya que la ley de amparo establece que los jueces y ministras deben excusarse cuando exista enemistad manifiesta con alguna de las partes.
La ministra explicó que la controversia surgió porque Lenia Batres, antes de asumir el cargo de ministra, publicó varios mensajes en redes sociales criticando abiertamente a Ricardo Salinas Pliego, incluso refiriéndose a él de manera despectiva en algunos casos. Además, ya en funciones como ministra, Abatres emitió opiniones públicas sobre los asuntos fiscales del empresario, lo que, desde la perspectiva de Esquivel, comprometió la imparcialidad exigida por la constitución.
Esquivel también hizo referencia a una denuncia penal presentada por el propio Ricardo Salinas en contra de Lenia Batres por presunto ejercicio indebido del servicio público. Estos antecedentes, afirmó, justificaron el impedimento para que Abatres participara en el caso. La ministra reiteró que la decisión no resolvió el fondo del asunto, sino exclusivamente la recusación de la ministra involucrada.
Manuel Pedrero cuestionó a la ministra Esquivel sobre posibles conflictos de interés en casos donde los juzgadores muestren simpatía o cercanía con alguna de las partes, haciendo alusión al ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha sido visto en eventos organizados por empresas vinculadas a Salinas Pliego. Esquivel fue enfática al señalar que ningún juez debe recibir prebendas económicas, favores políticos o privilegios de las partes involucradas en un litigio, asegurando que cualquier cercanía de esta naturaleza debe implicar la excusa del juez en el caso correspondiente.
En el ámbito político, Esquivel rechazó la idea de que exista una división entre las ministras progresistas de la Corte, subrayando que tanto Lenia Batres como Loreta Ortiz son sus colegas con quienes comparte el compromiso de transformación del Poder Judicial. Asimismo, calificó de infundadas las aseveraciones de quienes buscan generar conflictos internos en la SCJN.
En torno a las declaraciones recientes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que algunos ministros carecen de objetividad por supuestamente ocultar información fiscal de Salinas Pliego, Esquivel respaldó la postura de la mandataria y enfatizó que todos los ciudadanos y empresas tienen la obligación de pagar impuestos sin excepción. Afirmó que, a pesar de las tensiones políticas y mediáticas, ella continuará actuando con imparcialidad y conforme a la ley.
Finalmente, la ministra expresó su confianza en que la controversia será superada pronto y que el Poder Judicial continuará con su labor en la búsqueda de justicia, sin permitir que los conflictos internos distraigan del objetivo común: consolidar un Estado de derecho sólido y confiable para todos los mexicanos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de presupuesto para 2025 presentado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
En una sesión privada la ministra presentó un proyecto que contemplaba 5 mil 922 millones de pesos, representando un incremento del 10.9% con respecto a este año, que se autorizó 5 mil 787 millones.
El proyecto estaba distribuido en temas como asignaciones adicionales al sueldo (524 millones 910 mil 531 pesos), compensación de apoyo (430 millones 701 mil 588 pesos), gratificación de fin de año (371 millones 079 mil 352 pesos), prestaciones de retiro (241 millones 191 mil 731 pesos) y cuotas de seguro separación individualizado (204 millones 988 mil 949 pesos).
Antes esto las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf cuestionaron los seguros privados para gastos mayores y la separación idividualizada, ya que estos están prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Asimismo, en la propuesta no se añadió cualquier previsión respecto a la reforma judicial, que incluye medidas como supresión de fideicomisos, ajuste de sueldos de altos funcionario para que no exedan el de la presidenta de la República.
Ante estas observaciones la ministra presidenta se comprometió a reelaborar su propuesta y presentarla el martes 22 de octubre.
Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo en una entrevista para Sputnik que es necesario que los tres poderes dialoguen para que se pueda consolidar la Reforma Judicial.
Respecto a las consultas realizadas por la ministra presidenta Norma Piña, Esquivel mencionó que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte no puede analizar la reforma en materia judicial que ya ha sido aprobada por el Congreso y por la mayoría de las Legislaturas de los estados, invalidar la reforma llevaría al país a una “crisis constitucional”.
“Nuestra Constitución en ningina parte establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar si la reforma constitucionla, que se llevó a cabo por las dos Cámaras y por la mayoría de los Congresos locales, puede ser invalidada o declarada inconvencional […] es decir, no existe una instancia arriba del poder reformados de la Constitución. Considero que entraríamos en una crisis constitucional en caso de que los ministros […] determinaran que la reforma contitucional estuvo mal elaborada“, dijo la ministra Esquivel.
Así mismo señaló que quienes están revisando la reforma deben tener cuidado si deciden declararla como inconstitucional, ya que esto es un acto “inédito e ilegal“. La ministra considera que lo mejor sería que el Poder Judicial y los dos Poderes de la Unión retomaran el diálogo para llegar a una “estapa de entendemiento”, aprovechando la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El respeto entre Poderes es la única forma de avanzar en armonía para lograr lo que queremos y nuestro objetivo, que es que los mexicanos estén bien, que tengamos leyes fuertes, instituciones fuertes, sólidas y la única forma de avanzar en todos los temas inclusive por el ámbito privado y en el ámbito público, es el diálogo“, declaró Yasmín.
También declaró que con la reforma al Poder Judicial se puede construir un camino para terminar con la corrupción que existía en este; además de ser un ejemplo para el mundo en el sentido de brindar más independencia a los jueces, juezas, ministroas, ministras, magistrados y magistradas, mediante la elección ciudadana.
“Se le da mayor fuerza a los ciudadanos, al momento de que puedan participar en las urnas, eligiendo a sus jueces, magistrados y ministros, inclusive tendrán mayor independecia, mayor libertad de la que ya tenemos hoy para resolver los ausntos y expedientes“, añadió.
Para la ministra la reforma constitucional es un cambio pequeño al poder judicial, pues solo se cambiará la forma de elegir a los jueces, no es una reforma que modifique los derechos fundamentales.
“No tengo la menor duda que se se va a realizar el primero de uunio de 2025 la elección del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma constitucional únicamente cambia la forma de elegir a los jueces, no es una reforma a la Constitución que hablé sobre derechos humanos o de las garantías de los derechos fundamentales“, declaró.
Por otra parte Yasmín Esquivel dio a conocer los pendientes que aún continúan en la agenda de la Justicia, entre los casos se ecuentran reforma a policías, ministerios públicos, sistema penitenciario y atención a víctimas.
