El aval del Departamento de Justicia rompe con normas surgidas tras Watergate y enciende críticas por riesgo a la transparencia en EUA.
El gobierno de Donald Trump vuelve a colocarse en el centro de la polémica. El Departamento de Justicia (DOJ) autorizó una nueva interpretación legal que le permitiría conservar documentos oficiales al dejar el cargo, rompiendo con décadas de normas establecidas tras el escándalo de Watergate.
El dictamen sostiene que la Ley de Registros Presidenciales de 1978 excede las facultades del Congreso y limita la autonomía del Ejecutivo. Con ello, el mandatario ya no estaría obligado a entregar archivos clave a la Administración Nacional de Archivos, lo que ha sido señalado como un golpe directo a la rendición de cuentas en Estados Unidos.
Organizaciones de vigilancia y expertos en transparencia alertaron que esta decisión abre la puerta a ocultar información sensible sobre decisiones gubernamentales, debilitando los mecanismos democráticos. Las críticas resurgen especialmente por los antecedentes del propio Trump, quien en 2023 enfrentó आरोपaciones por el manejo indebido de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago.
Además, el movimiento se da en medio de ajustes estratégicos dentro del DOJ, donde la Casa Blanca evalúa cambios en puestos clave que podrían influir en investigaciones y decisiones legales. Entre los cargos en revisión se encuentran altos funcionarios como el fiscal general adjunto y la división de derechos civiles.
En paralelo, Trump también firmó una orden para garantizar salarios a empleados del Departamento de Seguridad Interior durante un eventual cierre parcial del gobierno, lo que forma parte de su narrativa de confrontación política con el Congreso.
La nueva postura del DOJ no sólo redefine el manejo de documentos presidenciales, sino que reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos y el futuro de la transparencia institucional en una de las democracias más influyentes del mundo.
Deja un comentario