La administración de Alejandro Armenta enfrenta un modelo de saqueo institucionalizado que afecta las finanzas estatales y busca recuperar recursos para el bienestar de los poblanos.
En Puebla, la lucha contra el cártel de concesiones heredado de gobiernos anteriores toma protagonismo. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, afirmó que desde 2013, las deudas disfrazadas de obligaciones financieras han asfixiado los recursos del estado.
Durante una conferencia, García Parra destacó el compromiso de la administración actual por establecer orden y desmantelar los modelos de inversión que han permitido este saqueo. “La ley fue torcida para legalizar el robo de recursos públicos”, subrayó.
Uno de los casos más preocupantes es la concesión del sistema RUTA, que cuenta con un contrato vigente por 29 años. El coordinador advirtió que terminar el acuerdo de manera anticipada podría costarle al estado más de 22 mil millones de pesos. Este monto podría ser utilizado para renovar completamente el transporte público.
Por otro lado, el servicio de agua potable sigue en manos privadas. García Parra señaló que el Congreso del Estado perdió su capacidad para revisar y fijar tarifas. La recuperación de este servicio costaría más de 7 mil millones de pesos. Desde la implementación de este sistema, los poblanos ya han pagado más de 4 mil millones.
El gobierno de Alejandro Armenta se compromete a poner fin a estos negocios que perjudican a las finanzas estatales. Cada paso busca recuperar recursos, promoviendo transparencia y justicia social.
Puebla avanza hacia un modelo que prioriza el bienestar de la población, buscando construir un futuro más equitativo para todos.
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