El exgobernador de Veracruz enfrenta serias acusaciones de mal manejo de fondos públicos destinados a la salud.
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue condenado a prisión preventiva por presuntamente desviar 5 millones de pesos. Este dinero estaba destinado a obras de salud para niños y adultos mayores. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su caso durante una audiencia que se extendió por casi siete horas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que Duarte lideraba una red de funcionarios que mal utilizaba recursos federales. Estos recursos, en lugar de destinarse a su fin original, eran utilizados para pagar salarios de empleados estatales. Esta mezcla de fondos provocó un manejo irregular de los recursos.
Duarte, por su parte, no se quedó callado. Calificó las acusaciones en su contra como “una bola de sandeces”. Además, enfatizó que el Poder Judicial se ha convertido en un instrumento político del Estado. Aprovechó su intervención para señalar que el enfoque del juicio no es realmente la justicia, sino mantenerlo en prisión.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor respondió que él y sus colegas nunca han sido actores políticos. Afirmó su fe en la independencia del sistema judicial y decretó la prisión preventiva justificada para el exgobernador.
Este caso vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de recursos y la lucha contra la corrupción en el país. La situación de Duarte representa un capítulo más en la historia política reciente de México, llena de controversias y desafíos en el ámbito de la justicia.
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