La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México continúa las gestiones para lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, quien se encuentra en Israel.
Durante La Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el avance del proceso “depende mucho de las autoridades” israelíes, ya que no hay un tratado de extradición entre ambas naciones. Indicó que la Fiscalía General de la República mantiene comunicación con el Poder Judicial de ese país.
Claudia Sheinbaum reveló que, al inicio de su administración, envió una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, para pedirle que orientara al Poder Judicial en torno a la extradición. Isaac Herzog respondió que el asunto queda fuera de su marco de actuación, pues el Poder Ejecutivo no interviene en decisiones judiciales.
Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que la Fiscalía General de la República ha realizado múltiples comunicaciones, teleconferencias y llamadas, además de intercambiar información con las autoridades israelíes.
Tomás Zerón reside en Israel desde 2019. México solicitó formalmente su extradición en diciembre de 2021 por su presunta responsabilidad en delitos vinculados con el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas en 2014, entre ellos tortura y fabricación de pruebas relacionadas con la llamada “verdad histórica”. El exfuncionario ha solicitado asilo en Israel y alega persecución política.
La defensa del empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, cuestionó la apertura consecutiva de cinco carpetas de investigación en su contra y sostuvo que los nuevos procesos han surgido justo cuando el empresario estaba cerca de recuperar su libertad.
📹 #Vídeo | El abogado, Adrián Arellano, señaló que existe una inspección por parte de la Policía respecto a lo desarrollado en la etapa uno en Aguascalientes y que se hará referencia a documentos emitidos por las propias autoridades, en especial por la Fiscalía. pic.twitter.com/72Y9KI4K2c
Durante una conferencia de prensa, el abogado Adrián Yosef Arellano Regino, integrante del despacho Vega-Macgregor-Arellano, señaló que existe una actuación coordinada entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Aguascalientes para mantener a su cliente privado de la libertad. Aclaró que esta es la postura de la defensa y que dicha acusación forma parte de una denuncia presentada ante autoridades federales.
El litigante explicó que el primer proceso contra Maiz Domene está relacionado con los contratos que Next Energy celebró con el Municipio de Aguascalientes para un proyecto de generación y suministro de energía eléctrica. La investigación por fraude comenzó el 27 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la cronología presentada por la defensa, la orden de aprehensión se libró el 14 de noviembre de 2025 y fue ejecutada el 17 de diciembre de ese año.
Adrian Arellano aseguró que al señor Eugenio se le ha negado su derecho a la defensa, no se han dado pruebas a la defensa y ha imperdo la presunción de culpabilidad en su contra sin argumentos sustentables pic.twitter.com/bXgFGwhHww
Para Arellano Regino, el origen del conflicto es principalmente contractual, por lo que cuestionó que el asunto haya sido llevado a la vía penal bajo la acusación de fraude.
“Lo que nosotros hemos señalado es que estamos ante un incumplimiento contractual que debió resolverse en materia mercantil”, sostuvo el abogado.
Sin embargo, pocos días después de la detención del empresario se abrió una segunda carpeta. Según la defensa, ésta se originó por un incidente ocurrido durante un traslado de Maiz Domene a un hospital, en el que dos policías lo acusaron de haberlos amenazado y ofrecido dinero.
La defensa también puso bajo la lupa la rapidez con la que avanzó ese expediente. Arellano Regino aseguró que la investigación comenzó el 22 de diciembre de 2025 y que el 16 de enero de 2026 ya se había emitido una nueva orden de aprehensión.
“Estamos hablando de que en menos de 20 días se integró, se judicializó y se ordenó una orden de aprehensión en contra de una persona”, afirmó.
De acuerdo con el abogado, después aparecieron otras investigaciones por delitos distintos, entre ellos peculado, narcomenudeo y extorsión agravada, con lo que el empresario terminó enfrentando cinco carpetas de investigación.
La defensa considera que la sucesión de expedientes no es casual y sostiene que las nuevas acusaciones han aparecido en momentos en los que Maiz Domene estaba próximo a obtener su libertad.
“Va obteniendo la libertad el señor Eugenio y, como va obteniendo la libertad, necesitan buscar una carpeta para poderlo detener y dejarlo privado de la libertad”, acusó Arellano Regino.
El conflicto tiene como antecedente el contrato celebrado entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy. En torno a ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con pagos realizados por el gobierno municipal, mientras que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra cinco exfuncionarios municipales por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pregunta expresa por Los Reporteros Mx sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su conocimiento a la Fiscalía General de la República y del Tribunal de Disciplina y de la SCJN. Arellano aseguró que ya existe una sanción por parte del Tribunal de Disciplina en contra de uno de los jueces que mantiene preso a Eugenio Maiz, por su mala actuación y falta de imparcialidad
A pregunta expresa por #LosReporterosMX sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y al Teibunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su… pic.twitter.com/2satGIXpth
La defensa de Maiz Domene también presentó una denuncia ante la FGR para solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que, según su señalamiento, involucrarían a jueces, agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos de Aguascalientes.
Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine que la Fiscalía estatal y el Poder Judicial de Aguascalientes hayan actuado de manera coordinada para impedir la libertad del empresario. Esa acusación corresponde a la defensa y forma parte de los señalamientos que busca que sean investigados por autoridades federales.
Ángela Beyruti deberá garantizar el crédito fiscal que impugna si busca suspender las acciones de cobro mientras continúa el litigio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido por Ángela Mireya Beyruti, hija de Raúl Beyruti Sánchez, conocido como el “Rey del Outsourcing”, contra un crédito fiscal impuesto por el SAT. Con la resolución, no podrá frenar las acciones de cobro sin presentar previamente una garantía.
El Pleno de la Corte aprobó por mayoría de 8 votos el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, quien sostuvo que es constitucional la norma que obliga a los contribuyentes a garantizar un adeudo fiscal cuando buscan suspender su cobro mientras se resuelve un juicio.
La garantía puede presentarse mediante fianza, hipoteca, embargo en vía administrativa o carta de crédito, entre otras modalidades previstas por la legislación. La ministra argumentó que esta obligación no representa una privación de bienes, sino un mecanismo para asegurar que el Estado pueda cobrar el adeudo si el crédito queda firme.
El caso deriva de las investigaciones iniciadas por autoridades federales contra Raúl Beyruti Sánchez, quien encabezó GINgroup, firma especializada en subcontratación y administración de nóminas. La FGR, Hacienda y la UIF lo señalaron por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con un esquema de empresas utilizado, según las autoridades, para evadir impuestos y cuotas obrero-patronales.
A partir de esas investigaciones, cuentas, activos e inmuebles vinculados con empresas relacionadas con GINgroup y familiares de Beyruti fueron sujetos a embargos y revisiones fiscales. En ese contexto, Ángela Beyruti recurrió al amparo para intentar evitar el cobro coactivo del SAT sin garantizar previamente el crédito que mantiene en disputa.
Con la decisión de la SCJN, el expediente regresará a un Tribunal Colegiado, que deberá resolver de fondo la validez o invalidez del crédito fiscal. Mientras tanto, la resolución establece que la contribuyente deberá garantizar el adeudo si pretende obtener la suspensión de las acciones de cobro.
La presidenta destacó avances contra la corrupción judicial horas antes del informe de Hugo Aguilar en la SCJN.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el Poder Judicial mexicano funciona hoy con mayor eficacia que antes. Habló minutos antes de asistir al informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.
Durante la conferencia matutina, un reportero le preguntó sobre el desempeño de la Corte en su primer año con ministros electos por voto popular. Sheinbaum respondió que mañana martes dará detalles completos sobre los cambios registrados en este periodo.
La mandataria mencionó dos ejemplos concretos. Primero, los ministros ahora perciben un salario menor al que tenían sus antecesores. Segundo, bajaron las resoluciones que en el pasado beneficiaban a grandes empresarios.
Además, la presidenta criticó una práctica que llamó “puerta giratoria”. Explicó que antes los delincuentes salían libres casi de inmediato por errores en sus detenciones. Según Sheinbaum, ese fenómeno ha disminuido con la nueva integración judicial.
Al final, la presidenta resumió su balance con una frase clara: los jueces actuales muestran mayor capacidad y menor corrupción que sus predecesores.
Sheinbaum salió de Palacio Nacional pasadas las 10 de la mañana para dirigirse a la sede de la Corte. Caminó por un pasillo delimitado con vallas entre ambos edificios. El ministro Hugo Aguilar la recibió personalmente en la entrada del tribunal.
Varias personas llegaron con anticipación para intentar ver a la presidenta durante su trayecto. Poco después, Aguilar y los demás integrantes del Poder Judicial encabezaron la ceremonia por el primer aniversario de su llegada a esos cargos, resultado de la reforma que estableció su elección por voto popular.
El máximo tribunal redujo de mil 400 a 56 los expedientes rezagados y emitió criterios relevantes sobre derechos indígenas, lavado de dinero, abuso sexual infantil y acceso al agua.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple este martes un año desde su renovación derivada de la reforma judicial, periodo en el que realizó 163 sesiones públicas y resolvió más de 2 mil 600 asuntos, de acuerdo con un balance de su primer año de labores.
Entre los casos de mayor impacto destaca la resolución de litigios fiscales de empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las que confirmó créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos. Además, el máximo tribunal estableció criterios en materia de lavado de dinero, factureras, violencia vicaria y protección de menores víctimas de abuso sexual.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, calificó como “sumamente positivo” el desempeño de la nueva Corte y destacó el combate al rezago. Explicó que los ministros recibieron más de mil 400 asuntos pendientes, algunos acumulados durante seis años, y que actualmente sólo quedan 56. También confió en que este año pueda resolverse el tema de la prisión preventiva oficiosa.
Entre sus resoluciones, la Corte reconoció a pueblos indígenas y afromexicanos como terceros interesados en controversias constitucionales que involucren sus derechos. También validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos federales, limitó intereses por créditos fiscales pagados en exceso y permitió reclamar una pensión compensatoria por concubinato incluso después del fallecimiento de la pareja.
En materia de seguridad y derechos humanos, el máximo tribunal avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas ante indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin orden judicial ni solicitud internacional. Asimismo, protegió a menores víctimas de abuso sexual de nuevos interrogatorios y amparó a ejidatarios de San Salvador Atenco para recibir una compensación por afectaciones relacionadas con el Lago de Texcoco.
La Corte también emitió fallos para garantizar el acceso al agua en comunidades de Chihuahua y Ecatepec, además de ordenar medidas contra riesgos de contaminación y uso de glifosato en comunidades mayas de Hopelchén, Campeche. Con ello, la nueva integración busca consolidar una visión centrada en derechos humanos y comunidades históricamente vulneradas.
Cinco ex funcionarios de Aguascalientes enfrentan proceso penal por un contrato millonario que nunca se cumplió.
La Fiscalía General de la República busca abrir proceso penal contra cinco ex funcionarios del municipio de Aguascalientes. El caso involucra un desvío de recursos ocurrido entre 2019 y 2021, cuando María Teresa Jiménez, hoy gobernadora del estado, era alcaldesa. El contrato en disputa supera los 848 millones de pesos y una parte del dinero provino de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades graves. El ayuntamiento pagó 132.4 millones de pesos a la empresa Next Energy durante 2021 por un servicio que nunca inició. Los registros contables clasificaron ese gasto como “consumo de energía eléctrica”, aunque el servicio jamás se prestó.
Las revisiones de la ASF confirman algo más grave todavía. Los pagos comenzaron desde 2019 y continuaron hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante todo ese periodo, los trabajos del “Programa de Eficiencia Energética” ni siquiera habían arrancado.
El pasado 13 de agosto, un juez de control fijó la fecha para la audiencia inicial. En ese momento, la FGR presentaría las pruebas del daño causado por el desvío de recursos federales. El proyecto se acordó mediante el contrato PPS 002/2019, firmado el 28 de marzo de 2019 por 948 millones 913 mil 59 pesos.
Minutos antes de iniciar la audiencia ocurrió un giro inesperado. El Juzgado Séptimo de Distrito en Aguascalientes ordenó suspender la diligencia, como resultado de un juicio de amparo. Esta decisión contradice la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 de la Suprema Corte, que prohíbe frenar una audiencia inicial por esta vía.
Las investigaciones revelan además un rastro confuso del dinero. Next Energy devolvió 154.1 millones de pesos al municipio, cifra que incluye el IVA correspondiente. Pero el ayuntamiento registró ese reembolso como un ingreso bajo el concepto “energía eléctrica por APP”.
Ahora las autoridades federales perdieron el rastro completo del dinero. El municipio nunca canceló el gasto original por “consumo de energía” en sus registros. Tampoco entregó documentos que expliquen el destino final de los 132.4 millones de pesos devueltos.
Denuncian persecución contra empresario
Este lunes, los abogados de Eugenio Javier Domene presentaron una denuncia ante la FGR. Domene es propietario de Next Energy y permanece privado de la libertad en Aguascalientes. La denuncia señala a ex funcionarios municipales y a la propia gobernadora Jiménez por presuntos actos de corrupción.
En conferencia de prensa, representantes del despacho Vega-Macgregor-Arellano hicieron una acusación fuerte. Aseguraron que existe una intención del gobierno estatal de mantener detenido ilegalmente al empresario. El abogado Adrián Arellano explicó los detalles del caso ante los medios.
Según su relato, Domene enfrentaba inicialmente una denuncia civil por fraude, ligada a contratos con el gobierno estatal. Obtuvo la libertad en ese proceso, pero de forma rápida y sospechosa surgió una segunda carpeta de investigación en su contra.
Al salir libre de ese segundo caso, apareció una tercera acusación por el delito de amenazas. Después llegó otra carpeta más. Hoy suman cinco investigaciones abiertas por la fiscalía local contra el empresario.
Arellano calificó estas acusaciones como improbables y falsas. Aseguró que incluso le fabricaron delitos de narcotráfico y extorsión. Domene enfrenta también un proceso penal distinto, por presunto fraude en contratos de Next Energy con Baja California y Aguascalientes.
El empresario ha presentado cartas dirigidas a la presidenta. En ellas responsabiliza a la gobernadora por su vida e integridad, pues todas estas carpetas surgieron dentro del penal de Aguascalientes.
Los abogados lamentaron que el Poder Judicial y la fiscalía locales permitan esta situación. Señalaron que Domene nunca vivió en Aguascalientes y que su familia reside en Nuevo León. Piden trasladarlo para que continúe sus procesos legales cerca de los suyos. Su esposa e hijos viven con enorme preocupación esta persecución sin precedentes en el estado.
La Sala Regional Toluca revocó la resolución que acusaba a Gerardo Fernández Noroña de violencia política de género y ordenó al Tribunal Electoral de Michoacán emitir un nuevo fallo antes del 14 de agosto.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un revés a la resolución que sancionaba al senador Gerardo Fernández Noroña por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García. La Sala Regional Toluca determinó, por unanimidad, revocar la sentencia al considerar que el tribunal local no analizó un aspecto clave del caso: la inviolabilidad parlamentaria.
Con esta decisión, quedó sin efectos la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que había concluido que los señalamientos realizados por Noroña en redes sociales constituían violencia política de género. Entre las expresiones cuestionadas, el legislador calificó a la presidenta municipal como “irresponsable”, “fascista” y la acusó de actuar por “ambición política”.
Los magistrados federales no determinaron que existiera o no violencia política de género, sino que señalaron que el tribunal michoacano omitió estudiar primero si las declaraciones del senador estaban protegidas por la inmunidad o inviolabilidad parlamentaria, un derecho previsto en el artículo 61 de la Constitución, que protege las opiniones emitidas por legisladores en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, el TEEM deberá emitir una nueva resolución antes del 14 de agosto, siguiendo los criterios establecidos por la Sala Regional Toluca. Solo después de resolver si aplica la inviolabilidad parlamentaria podrá analizar nuevamente si las expresiones de Fernández Noroña actualizan o no los elementos de la violencia política en razón de género.
La controversia inició en enero de 2026, cuando Grecia Quiroz presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán. Desde entonces, el expediente ha pasado por diversas resoluciones e impugnaciones, hasta que el TEPJF ordenó reponer el análisis jurídico del caso. La nueva decisión será determinante para establecer los alcances de la libertad de expresión de los legisladores y los límites de la inviolabilidad parlamentaria en México.
La Fiscalía General de la República solicitó 23 órdenes de aprehensión contra una presunta red de contrabando de combustibles, pero un juez federal del antiguo Poder Judicial las negó, alegando falta de pruebas suficientes.
Un juez de distrito rechazó 23 órdenes de aprehensión pedidas por la Fiscalía General de la República contra una presunta red de huachicol fiscal. La decisión, fechada el 22 de junio, generó cuestionamientos sobre el avance del caso.
El juez Mario Elizondo Martínez, con sede en el Estado de México, argumentó que el Ministerio Público no fundamentó adecuadamente sus pruebas. Consideró que las inferencias presentadas no acreditaban los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La red investigada está vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como uno de los líderes de la organización. La Fiscalía lo relaciona con el traslado ilegal de combustible desde la refinería de Deer Park, en Texas, hacia territorio mexicano.
Tras el primer rechazo, la Fiscalía reformuló la acusación semanas después. Esta vez incluyó a Ruffo Appel y logró que otra jueza autorizara las capturas contra 25 personas en total.
El exgobernador fue detenido y enviado a prisión preventiva en el Cefereso “El Altiplano”, junto con otros siete implicados. Actualmente permanecen pendientes 17 órdenes de aprehensión más dentro del mismo expediente.
El caso forma parte de una de las investigaciones más grandes sobre contrabando de hidrocarburos en México. Todo comenzó en julio de 2025, cuando autoridades aseguraron 33 ferrotanques cargados con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila.
El episodio reaviva el debate sobre los criterios judiciales al momento de resolver casos de corrupción de cuello blanco. Analistas insisten en que este tipo de decisiones exponen los retos que enfrenta el sistema de justicia mexicano.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Juan Emilio Elizalde Figueroa, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Estatal.
Durante la reunión, la gobernadora Margarita González Saravia reafirmó la coordinación entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial para seguir impulsando una justicia pronta, expedita y transparente en beneficio de la ciudadanía.
La mandataria estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, reiterando la disposición de su administración para mantener una relación institucional basada en el respeto a la autonomía de los poderes.
El objetivo declarado es ampliar el acceso a la justicia, promover el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos de las y los morelenses. Como parte de la visita, la gobernadora recorrió el Salón Presidentes del Tribunal Superior de Justicia y el Centro de Desarrollo Infantil “Palacio de Justicia”, espacio dedicado a las hijas e hijos del personal de la institución.
En enero de 2026, autoridades del Poder Judicial de la Federación también se reunieron con la gobernadora Margarita González Saravia con el propósito de estrechar vínculos de colaboración entre el Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo estatal.
La propuesta aprobada por comisiones pospone la elección de jueces y magistrados hasta 2028 y genera tensión entre los partidos políticos.
Este jueves, el Senado de la República inició una sesión extraordinaria para discutir la reforma judicial. Esta reforma, ya aprobada en comisiones,modifica la fecha de elección de jueces y magistrados, que ahora se llevará a cabo hasta 2028.
La propuesta incluye cambios en los procedimientos judiciales. Uno de los puntos más controversiales permite a cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) participar en el proceso electoral, lo que algunos legisladores de oposición, como el PAN, PRI y MC, consideran una posible reelección.
El debate comenzó a las 14:00 horas en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. Estas comisiones estaban dirigidas por Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Después de un análisis rápido, la minuta fue aprobada con 21 votos a favor y 9 en contra, en medio de una atmósfera de tensión entre los senadores de Morena y sus oponentes.
Los legisladores de la oposición criticaron la reforma, afirmando que busca consolidar el control de Morena sobre el Poder Judicial. Por su parte, los senadores oficialistas rechazaron estas acusaciones. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que el nuevo Poder Judicial “sirve a la gente y no al poder económico”, contrastando la situación con la anterior administración judicial.
A pesar de que la primera elección judicial no fue perfecta, Huerta Ladrón de Guevara confía en que el proceso puede mejorarse. Resaltó que vale la pena contar con un Poder Judicial renovado.
Tras la aprobación en comisiones, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para su análisis en el pleno. Esta discusión podría extenderse hasta la madrugada, ya que hay otros temas importantes en la agenda.
Uno de ellos es una reserva reciente que permitiría a los actuales magistrados del TEPJF presentarse en la elección de 2028 para continuar en sus cargos. Los senadores tienen la intención de trabajar toda la noche y hasta el viernes, ante la necesidad de aprobar reformas que establecerían nuevas causales de nulidad electoral por intervención extranjera, y la creación de una comisión de verificación de candidaturas con cinco consejeros del INE.
