Durante años, millones de mexicanas y mexicanos aprendieron a tenerle miedo a la justicia. No al delito, sino al sistema. Miedo a denunciar y no ser escuchados. Miedo a perderse entre trámites interminables. Miedo a instituciones lejanas que parecían hablar un idioma distinto al de la vida cotidiana. Por eso, la nueva reforma judicial enviada por el Gobierno federal no debería entenderse solamente como un ajuste constitucional. En realidad, revelaría que el Estado mexicano comenzó a reconocer que la reforma de 2024 necesitaba corregirse antes de que el nuevo modelo perdiera legitimidad frente a la ciudadanía.
La elección popular de juezas, jueces y magistraturas cambió la historia del Poder Judicial mexicano. Sin embargo, la experiencia de 2025 también dejó señales de alerta: boletas excesivamente complejas, demasiadas candidaturas, perfiles difíciles de evaluar y una ciudadanía que, en muchos casos, votó sin comprender plenamente qué estaba eligiendo. La baja participación y la dificultad para identificar perfiles técnicamente sólidos comenzaron a evidenciar que democratizar el voto judicial no bastaría por sí mismo para construir confianza pública.
Ahí aparece el verdadero sentido de la nueva iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma propone mover la próxima elección judicial de 2027 a 2028, homologar elecciones judiciales federales y locales, reducir significativamente el número de candidaturas, simplificar boletas y reorganizar distritos judiciales para hacer más comprensible el proceso electoral. También plantea crear una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios de evaluación, revisar requisitos y aplicar exámenes de conocimientos para quienes aspiren a cargos judiciales.
Técnicamente podrían parecer ajustes administrativos, pero políticamente representan algo más profundo: el Gobierno entendió que el nuevo sistema corría el riesgo de saturarse, desgastarse y perder credibilidad si no se fortalecían mecanismos de organización y filtros técnicos. La reforma original abrió las urnas al Poder Judicial; la nueva reforma parecería intentar evitar que esa apertura termine debilitando la capacidad institucional de quienes deberán impartir justicia.
Incluso algunos cambios aparentemente menores reflejan preocupaciones mucho más grandes. La posibilidad de reducir candidaturas mediante insaculación, la intención de disminuir saturación visual en boletas y la permanencia temporal de personas juzgadoras cuyo encargo concluía en 2027 mostrarían que el Estado busca estabilizar políticamente el nuevo modelo antes de enfrentar otro proceso masivo de elección judicial. En otras palabras, la reforma no solo corregiría aspectos electorales; también intentaría contener riesgos de improvisación, polarización y desorden operativo que comenzaron a detectarse después de la elección de 2025.
Pero el problema de fondo no terminaría en las boletas. En distintos encuentros ciudadanos comenzó a repetirse la misma sensación: millones de personas siguen sintiendo que la justicia continúa lejos de sus vidas. Muchas veces el conflicto no empieza en un tribunal, sino antes, cuando nadie explica cómo denunciar, cómo defenderse o cómo acceder realmente a las instituciones. Ahí es donde la reforma comienza a tocar un terreno mucho más profundo: la legitimidad social.
A partir de ahora, juezas y jueces ya no dependerían únicamente de conocimientos técnicos o resoluciones judiciales. También enfrentarían una legitimidad permanente frente a una sociedad más crítica, más participativa y mucho más atenta al comportamiento de sus instituciones. La confianza ya no terminaría el día de la elección; tendría que construirse todos los días frente a una ciudadanía que exigiría cercanía, claridad y sensibilidad institucional.
En medio de esa transformación comenzaron a fortalecerse espacios ciudadanos como JUSTA. La reciente instalación del capítulo Estado de México, encabezado por la Mtra. Amelia Ivonne Mejía Guerrero, reunió a juezas, jueces y representantes sociales en torno a un mensaje central: la nueva etapa judicial necesitaría cercanía con la ciudadanía, organización territorial y mecanismos permanentes de confianza pública alrededor de la justicia mexicana.
La segunda transformación judicial mexicana apenas comienza. La elección popular de jueces abrió una etapa inédita en la historia del país, pero el verdadero desafío sería mucho más profundo: lograr que millones de personas vuelvan a sentir que la justicia también les pertenece. La nueva reforma confirma que el futuro del Poder Judicial ya no se definiría únicamente en tribunales o reformas constitucionales, sino también en la capacidad de construir confianza pública, cercanía social y legitimidad cotidiana frente a la ciudadanía.
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