La iniciativa propone cambios a 11 artículos constitucionales para redefinir la integración del Congreso, ajustar las reglas de comunicación política, regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales así como fortalecer los controles contra el financiamiento ilícito de partidos.
La propuesta de la Reforma Electoral, enviada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone modificar 11 artículos de la Constitución con el objetivo de introducir cambios en la estructura del Congreso, las reglas de comunicación política así como diversos mecanismos del sistema electoral.
El documento contempla la reducción de tiempos en medios de comunicación masivos como radio y TV, la regulación del uso de la IA en campañas, así como un ajuste en el inicio de los cómputos distritales; aunque, ya no plantea la eliminación del PREP, mantiene cambios dirigidos al sistema de legisladores plurinominales, lo que ha generado un debate en la alianza gobernante.
La propuesta de la Reforma al Artículo 35 constitucional plantea fortalecer la democracia participativa, mediante la incorporación del voto electrónico en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato. Además, busca hacer accesible al reducir al 33% el nivel de participación requerido para ser válido.
En cuanto al Artículo 41, en materia de financiamiento público plantea su reducción del 25%, modificando el sistema de cálculo anual, al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.75% del valor diario de Unidad de Medida y Actualización, en lugar de 65% que establece actualmente la ley.
Los Artículos 52, 53, 54, sugieren reestructurar la integración de la Cámara de Diputados sin modificar su tamaño actual de 500 legisladores, con 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Propone que los plurinominales sean elegidos mediante voto directo en listas estatales, además de impulsar una reducción de 25% en los costos electorales y modificar el sistema de asignación legislativa logrando una representación más proporcional.
El Artículo 55 considera las reglas de separación del cargo, es decir, los funcionarios, secretarios de estado y gobernadores deben separarse de sus cargos al menos 90 días antes de la elección en caso de contender a una diputación; asimismo, la edad mínima es de 18 años para ser diputado federal.
Para el Artículo 56, la propuesta plantea reducir el número de Senadores de 128 a 96, al eliminar 32 lugares, lo que modifica la fórmula de elección al eliminar la asignación por primera minoría y establecer un esquema con menos legisladores por cada entidad federativa.
En cuanto al Artículo 63, considera la prohibición de reelección consecutiva en cargos de elección popular y establecer medidas para evitar el nepotismo electoral, es decir heredar cargos a familiares.
Por otro lado, el Artículo 115 plantea fortalecer la representación en los ayuntamientos al establecer la paridad de género obligatoria e incluir la participación de representantes de pueblos indígenas y afromexicanos en su integración, además, propone ajustar tiempos de toma de protesta para que las autoridades municipales asuman el cargo dentro de los 60 días posteriores al inicio del periodo constitucional del ayuntamiento.
La propuesta al Artículo 116 contempla elegir por voto popular a magistrados y jueces locales, fortalecer la fiscalización pública de recursos y reducir en 25% el costo de las elecciones, con impacto en OPLES y tribunales estatales.
Finalmente, la propuesta contempla al Artículo 134 reforzar la austeridad en la propaganda gubernamental mediante la reducción del gasto público, destinado a difusión oficial; asimismo, propone regular la publicidad política para limitar el uso de materiales y mantener la prohibición de promoción personalizada de servidores públicos en propaganda financiada con recursos públicos.
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum planteó una reconfiguración del sistema político y electoral del país mediante cambios institucionales orientados a la reducción de costos, ajustar la representación legislativa y fortalecer las reglas de financiamiento y organización de los procesos democráticos en el país.
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