La reforma impone límites al gasto, prohíbe nepotismo y obliga a estados a armonizar sus leyes antes del 30 de mayo.
El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual entró en vigor este 24 de abril tras su aprobación en el Congreso y la mayoría de los congresos estatales.
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reconfigurar ayuntamientos, congresos locales y el gasto en órganos electorales. Entre los puntos centrales, se establece que los municipios tendrán hasta 15 regidurías y deberán cumplir con paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva.
Uno de los cambios más relevantes es la prohibición del nepotismo electoral, al impedir que familiares directos del titular saliente puedan contender por alcaldías, regidurías o sindicaturas. Además, en los congresos estatales se fija un tope de gasto del 0.7% del presupuesto estatal y se elimina la reelección inmediata de diputados locales.
En materia de austeridad, el decreto establece que consejeros electorales y magistrados no podrán ganar más que el titular del Ejecutivo, además de restringir seguros privados y prestaciones adicionales. También se ordena una reducción progresiva del 15% al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales deberán ajustar sus normas internas, mientras que los ahorros generados serán destinados a infraestructura pública. El decreto también advierte que cualquier disposición contraria quedará sin efectos.
El “Plan B” generó debate político: mientras sus impulsores destacan que fortalece la austeridad, la transparencia y la equidad, la oposición advierte riesgos para la autonomía electoral. El Congreso y las legislaturas estatales tendrán hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar sus leyes conforme a la reforma.
