El nuevo presidente chileno confirmó que utilizará la facultad de indulto para uniformados sentenciados por abusos durante las protestas que dejaron 30 muertos y cientos de heridos.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que analiza conceder indultos a policías y militares condenados por casos de represión durante el estallido social de 2019, una decisión que ha generado controversia en el país sudamericano por su impacto en los procesos de justicia relacionados con violaciones a derechos humanos.
En una entrevista con Canal 13, el mandatario afirmó que utilizará la facultad presidencial de indulto, aunque aseguró que su gobierno revisará cada expediente antes de tomar una decisión definitiva. “La facultad de indulto la tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar. Estamos estudiando cada caso”, declaró el jefe de Estado.
Las protestas iniciadas en octubre de 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera derivaron en una de las mayores crisis sociales recientes en Chile. De acuerdo con datos de la fiscalía chilena, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se registraron más de 35 mil delitos, de los cuales alrededor del 34 por ciento fueron atribuidos a agentes del Estado.
El estallido social dejó al menos 30 personas fallecidas y 464 víctimas con lesiones oculares, según reportes oficiales, lo que provocó múltiples investigaciones y condenas contra integrantes de las fuerzas de seguridad por abusos cometidos durante las manifestaciones.
Kast, quien en el pasado ha calificado las protestas como un “estallido delictual”, ya había adelantado durante su campaña presidencial que consideraba injustas algunas condenas contra carabineros, a quienes acusó de ser objeto de persecución judicial. Por ello, reiteró que su administración evaluará posibles liberaciones para uniformados sentenciados por estos hechos.
El mandatario también ha señalado que analizará indultos para algunos exuniformados condenados por delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, etapa que dejó más de 3 mil 200 víctimas entre muertos y desaparecidos, lo que ha reavivado el debate político y social sobre memoria, justicia y derechos humanos en Chile.
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