Etiqueta: Represión

  • 55 años del Halconazo: herida abierta de una masacre priista de estado

    55 años del Halconazo: herida abierta de una masacre priista de estado

    Por: Frank Alvarado

    El 10 de junio de 1971, el grupo paramilitar Los Halcones, entrenado y financiado por el gobierno priista, atacó a estudiantes que marchaban en la Ciudad de México.

    Este 10 de junio se cumplen 55 años del Halconazo o Matanza del Jueves de Corpus, uno de los episodios más violentos de la Guerra Sucia en México. En 1971, miles de estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en favor de la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y exigir mayores libertades democráticas. La movilización, que avanzaba de manera pacífica, fue brutalmente atacada por el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”.

    Los Halcones fueron una organización de choque creada y financiada por el gobierno durante el régimen priista. Diversas investigaciones históricas han documentado que la mayoría de sus integrantes eran jóvenes de escasos recursos reclutados y entrenados con disciplina militar. Testimonios y documentos señalan que incluso recibieron capacitación especializada por parte de instructores militares mexicanos y extranjeros (estadounidenses), con el objetivo de actuar como fuerza represiva contra movimientos sociales y estudiantiles.

    La agresión comenzó en las inmediaciones de la Calzada México-Tacuba y San Cosme. Armados con varas de bambú, palos, pistolas y rifles, los paramilitares persiguieron a estudiantes, transeúntes y periodistas. Los ataques se extendieron incluso a hospitales donde eran atendidos los heridos. Aunque el gobierno intentó minimizar la magnitud de la matanza, estimaciones independientes calculan que alrededor de 120 personas fueron asesinadas, además de registrarse decenas de desaparecidos y cientos de lesionados.

    Las investigaciones revelan que la cadena de mando del “halconazo” está vinculada directamente al PRI. Entre los principales responsables se encuentra Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República; Mario Moya Palencia, responsable de la política interior; Alfonso Martínez Domínguez, regente de la capital; y el coronel Manuel Díaz Escobar, identificado como uno de los organizadores y coordinadores del grupo paramilitar. También ha sido mencionado el teniente coronel Edilberto Gil Cárdenas.

    A más de medio siglo, el Halconazo continúa siendo símbolo de la represión ejercida por el Estado contra la disidencia política y estudiantil. Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes sostienen que la justicia sigue pendiente, pues la mayoría de los responsables nunca enfrentó una sentencia firme. Cada aniversario renueva la exigencia de verdad, memoria y reparación para las víctimas de una masacre que marcó la historia contemporánea de México y evidenció el uso de grupos paramilitares por parte del gobierno priista.

  • Estudiantes desafían a Kast en Chile; protesta termina en violenta represión policial

    Estudiantes desafían a Kast en Chile; protesta termina en violenta represión policial

    Miles de jóvenes salieron a las calles de Santiago para rechazar una reforma que permite inspecciones policiales en escuelas sin orden judicial; la movilización terminó con enfrentamientos tras ser bloqueado su paso hacia la sede presidencial.

    La tensión política en Chile escaló este miércoles luego de que estudiantes universitarios y organizaciones juveniles protagonizaran una masiva movilización en Santiago contra las políticas impulsadas por el presidente José Antonio Kast. La protesta, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), buscaba manifestar el rechazo a una serie de iniciativas de seguridad consideradas por los manifestantes como una amenaza a los derechos civiles y a la autonomía de los centros educativos.

    El principal motivo de la inconformidad es el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados. La propuesta permite la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes dentro de los planteles y abre la posibilidad de que agentes policiales ingresen a las escuelas para realizar inspecciones, incluso sin una orden judicial previa, siempre que exista una solicitud de las autoridades educativas.

    Aunque la legislación establece restricciones para evitar revisiones corporales invasivas, organizaciones estudiantiles y defensores de derechos humanos consideran que la medida representa un precedente preocupante para las libertades individuales. Además, la norma contempla restricciones al uso de prendas o accesorios que dificulten la identificación facial de los alumnos, una disposición que también ha generado controversia.

    La movilización pretendía llegar hasta el Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno, para entregar su posicionamiento. Sin embargo, el recorrido fue modificado por las autoridades, lo que derivó en momentos de tensión, enfrentamientos y acciones de dispersión por parte de cuerpos antimotines. Videos difundidos en redes sociales muestran operativos policiales para impedir el avance de los manifestantes hacia el centro político del país.

    Los estudiantes también expresaron su rechazo a otra propuesta promovida por la administración de Kast que busca crear un “Registro Nacional de Vándalos” y endurecer las sanciones contra las denominadas “incivilidades”. A ello se suma la crítica a una iniciativa económica que reduciría la carga tributaria para grandes empresas y accionistas, una medida que los manifestantes consideran favorable a grupos empresariales en detrimento de las demandas sociales.

    Las protestas reflejan el creciente descontento de sectores estudiantiles frente a la agenda de seguridad y reformas impulsadas por el gobierno chileno, en un escenario marcado por el debate sobre derechos civiles, educación y participación democrática.

  • Vecinos denuncian represión en Miguel Hidalgo por protestar abandono del Parque Lira

    Adulta mayor de 72 años resultó lesionada tras forcejeo con policías durante protesta pacífica por falta de mantenimiento y seguridad.

    Un grupo de vecinos acusó a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo de represión y uso excesivo de la fuerza durante una protesta pacífica para denunciar el abandono del Parque Lira, donde señalaron falta de limpieza, mantenimiento y seguridad.

    De acuerdo con testimonios, al menos 15 elementos de la Policía Auxiliar intervinieron cuando los manifestantes colocaban carteles y residuos recolectados del parque como parte de una acción simbólica. La protesta, realizada en la explanada de la alcaldía, buscaba visibilizar el deterioro del espacio público, pero derivó en empujones, amenazas y detenciones.

    Entre los casos más graves destaca el de María Teresa Angulo, de 72 años, quien denunció haber sido jaloneada violentamente por dos oficiales al intentar colocarle esposas. La mujer presentó lesiones en el brazo y fue trasladada a un hospital tras acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia por agresión.

    Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del forcejeo, mientras otros vecinos exigían su liberación. Según los afectados, no hubo diálogo previo y al menos cuatro personas fueron llevadas al juzgado cívico, donde permanecieron retenidas por varias horas sin que se fincaran cargos.

    Los manifestantes señalaron como responsable del operativo a la comisionada de Seguridad Ciudadana en la demarcación, mientras que la alcaldía defendió la actuación policial al asegurar que se trató de un “arresto en flagrancia” por alterar el orden público al arrojar basura en la explanada, versión que fue rechazada por los vecinos.

    Con información de La Jornada.

  • Kast anuncia indultos para policías condenados por represión durante el estallido social de 2019 en Chile

    Kast anuncia indultos para policías condenados por represión durante el estallido social de 2019 en Chile

    El nuevo presidente chileno confirmó que utilizará la facultad de indulto para uniformados sentenciados por abusos durante las protestas que dejaron 30 muertos y cientos de heridos.

    El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que analiza conceder indultos a policías y militares condenados por casos de represión durante el estallido social de 2019, una decisión que ha generado controversia en el país sudamericano por su impacto en los procesos de justicia relacionados con violaciones a derechos humanos.

    En una entrevista con Canal 13, el mandatario afirmó que utilizará la facultad presidencial de indulto, aunque aseguró que su gobierno revisará cada expediente antes de tomar una decisión definitiva. “La facultad de indulto la tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar. Estamos estudiando cada caso”, declaró el jefe de Estado.

    Las protestas iniciadas en octubre de 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera derivaron en una de las mayores crisis sociales recientes en Chile. De acuerdo con datos de la fiscalía chilena, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se registraron más de 35 mil delitos, de los cuales alrededor del 34 por ciento fueron atribuidos a agentes del Estado.

    El estallido social dejó al menos 30 personas fallecidas y 464 víctimas con lesiones oculares, según reportes oficiales, lo que provocó múltiples investigaciones y condenas contra integrantes de las fuerzas de seguridad por abusos cometidos durante las manifestaciones.

    Kast, quien en el pasado ha calificado las protestas como un “estallido delictual”, ya había adelantado durante su campaña presidencial que consideraba injustas algunas condenas contra carabineros, a quienes acusó de ser objeto de persecución judicial. Por ello, reiteró que su administración evaluará posibles liberaciones para uniformados sentenciados por estos hechos.

    El mandatario también ha señalado que analizará indultos para algunos exuniformados condenados por delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, etapa que dejó más de 3 mil 200 víctimas entre muertos y desaparecidos, lo que ha reavivado el debate político y social sobre memoria, justicia y derechos humanos en Chile.

  • Milei advierte a periodistas antes de protestas por reforma laboral y anticipa acción policial

    Milei advierte a periodistas antes de protestas por reforma laboral y anticipa acción policial

    El Gobierno argentino fijó “reglas” para la prensa y dejó claro que las fuerzas de seguridad intervendrán ante disturbios durante el debate legislativo.

    En un clima político cada vez más crispado, el gobierno de Javier Milei lanzó una advertencia directa a periodistas que cubrirán las movilizaciones contra su reforma laboral. A través del Ministerio de Seguridad Nacional, la administración libertaria informó que, ante hechos de violencia, “nuestras fuerzas actuarán”, un mensaje que para muchos suena más a amenaza que a protocolo preventivo.

    El comunicado oficial no solo anticipa la intervención policial, sino que establece indicaciones específicas para la prensa: delimita zonas de estacionamiento para móviles sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y recomienda no ubicarse entre manifestantes y fuerzas de seguridad, advirtiendo que no acatar las disposiciones podría implicar “autopuesta en peligro”. En otras palabras, si hay represión, la responsabilidad podría recaer también en quienes documenten los hechos.

    La advertencia se produce en la antesala del tratamiento en Diputados de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ha provocado fuertes movilizaciones sociales. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a una protesta frente al Congreso, mientras crece el rechazo sindical a la iniciativa oficial.

    El antecedente inmediato no es menor: la semana pasada hubo detenciones durante manifestaciones similares. Ahora, con un mensaje que condiciona la cobertura periodística, el Ejecutivo parece optar por blindarse ante posibles críticas.

    La discusión de fondo ya no es solo la reforma laboral, sino el tono de un gobierno que, frente a la protesta social, prioriza el despliegue de fuerza y marca límites a la prensa. En un país con una historia sensible en materia de represión y libertad de expresión, las advertencias oficiales no pasan desapercibidas.

  • Trump amenaza con enviar al ejército a reprimir protestas contra ICE en Minesota

    Trump amenaza con enviar al ejército a reprimir protestas contra ICE en Minesota

    El presidente de EUA, Donald Trump, advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección para enviar militares a Minesota con el fin de reprimir protestas contra operativos del ICE.

    El presidente Donald Trump amenazó con recurrir al ejército estadunidense para contener las protestas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, luego de varios días de disturbios relacionados con operativos migratorios. El mandatario dijo que, de persistir la violencia, podría aplicar la Ley de Insurrección de 1807, una herramienta legal poco utilizada que permite el despliegue militar en territorio nacional.

    Las manifestaciones se intensificaron tras la muerte de Renee Good, quien fue abatida por un agente de ICE a principios de enero, y un nuevo tiroteo ocurrido esta semana, en el que un oficial federal hirió a un hombre durante un altercado. En respuesta, agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes, mientras algunos grupos respondieron con piedras y fuegos artificiales.

    Autoridades locales criticaron la presencia federal. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, señaló que el despliegue de fuerzas migratorias ha generado miedo y tensión entre los residentes, al tiempo que el gobernador Tim Walz acusó al gobierno federal de llevar a cabo una campaña de fuerza que, dijo, ya rebasó el ámbito del control migratorio.

  • Agentes del ICE reprimen con gas a civiles en Mineápolis

    Agentes del ICE reprimen con gas a civiles en Mineápolis

    Un nuevo episodio de represión y abuso policial se registró en Mineápolis, en un clima de tensión debido al reciente asesinato de la civil Renee Good a manos de un agente de ICE.

    La tensión volvió a las calles de Mineápolis, donde agentes del ICE utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se congregó tras un choque automovilístico en el que estuvieron involucrados elementos federales. El incidente ocurrió a pocas cuadras del sitio donde, días antes, Renee Good fue asesinada por un agente de inmigración, hecho que detonó protestas en distintas ciudades de EUA.

    De acuerdo con lo ocurrido, las personas se reunieron para observar cómo un hombre era interrogado por los agentes, quienes momentos antes habían impactado su vehículo. La situación escaló rápidamente y los oficiales recurrieron al gas para desalojar a los presentes, retirándose del lugar entre gritos de reproche y consignas de la multitud.

    El episodio se suma a una serie de operativos migratorios y manifestaciones que han marcado a Mineápolis desde la muerte de Good, ocurrida el 7 de enero. Autoridades estatales y locales han cuestionado la actuación de los agentes federales, mientras el gobierno de Donald Trump ha defendido reiteradamente el uso de la fuerza, postura que continúa generando críticas y movilización social.

  • La DFS infiltró a espías en Avándaro: el festival que el gobierno quiso controlar

    La DFS infiltró a espías en Avándaro: el festival que el gobierno quiso controlar

    Documentos oficiales revelan que agentes jóvenes de la Dirección Federal de Seguridad asistieron días antes y durante el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, registrando nombres, actividades y hasta supuestos excesos de los asistentes.

    Tres días antes de Avándaro, agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se infiltraron entre los estudiantes que planeaban asistir al festival de rock en Valle de Bravo. Según una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio, los policías jóvenes se mezclaron con universitarios de cabello largo y mezclilla deslavada, registrando movimientos, nombres de asistentes e incluso el certamen de Señorita Simpatía en la preparatoria.

    El 11 de septiembre de 1971, más de 150 mil jóvenes llegaron al evento, organizado por Eduardo López Negrete y Justino Compeán, inicialmente pensado como carrera automovilística. La DFS describió el festival con términos alarmantes: “aquelarre psicodélico”, consumo masivo de drogas, topless, amor libre y un supuesto 70% de asistentes intoxicados.

    Los reportes exageraban la realidad. Periodistas como Jorge Meléndez recuerdan que la mayoría eran familias que asistían a escuchar rock y que la presencia de drogas era minoritaria. La narrativa oficial estigmatizó a los jóvenes, prohibiendo publicar la crónica verdadera y reforzando la visión de Echeverría sobre una juventud “desbordada e inmoral”.

    Los documentos detallan la logística del festival: escenario central para 12 bandas, 200 elementos de seguridad, 150 mil cocacolas, 240 mil cervezas, 170 mil sándwiches y 100 mil cajetillas de cigarros. Todo esto evidencia la planificación profesional del evento, que buscaba combinar música y automovilismo con fines comerciales, sin intención política.

    Los informes posteriores describen con exageración desórdenes, consumo excesivo de alcohol y drogas, y actos inmorales, mientras medios sensacionalistas publicaron titulares como: “Infierno en Avándaro: encueramiento, mariguaniza y depravación”. Para Meléndez, fueron estrategias del gobierno para repudiar la cultura juvenil tras la masacre de 1968.

    Avándaro no solo fue un festival de música; se convirtió en símbolo de resistencia cultural y juvenil. A pesar de la censura, despertó interés en el rock y la libertad de expresión, demostrando que la narrativa oficial no siempre coincide con la realidad de los hechos.

  • Trump intenta reprimir protestas en Los Ángeles con amenazas de Ley de Insurrección

    Trump intenta reprimir protestas en Los Ángeles con amenazas de Ley de Insurrección

    El presidente Donald Trump ha intensificado su respuesta a las protestas en Los Ángeles, amenazando con invocar la Ley de Insurrección. Esta medida extrema revela su falta de comprensión sobre el derecho a la protesta y muestra un enfoque autoritario ante el descontento social.

    Trump argumenta que, sin el despliegue de casi 5 mil soldados, la ciudad estaría “en llamas”. Esta afirmación no solo es alarmista, sino que también ignora las causas profundas de las manifestaciones. Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas, se desencadenaron por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes indocumentados.

    El presidente justificó el uso de la Guardia Nacional y marines, alegando que era necesario “detener” a los manifestantes. Sin embargo, este enfoque militarizado solo exacerba la tensión en la ciudad. La Ley de Insurrección, que Trump parece estar dispuesto a utilizar, otorga al presidente poderes extraordinarios para reprimir disturbios. Esta medida ha sido criticada por muchos como un ataque a la democracia.

    Trump recientemente se comunicó con el gobernador de California, Gavin Newsom, instándolo a manejar mejor la situación. Esta interacción refleja la tensión entre ambos líderes. Newsom ha criticado públicamente las políticas de Trump, lo que resalta la falta de cooperación en momentos de crisis.

    La situación en Los Ángeles ha escalado durante cinco días consecutivos de protestas, que han pasado de ser pacíficas a violentas. La respuesta del presidente, en lugar de buscar un diálogo, ha sido invocar la violencia y la represión.

    La decisión de desplegar tropas sin el consentimiento del gobernador es sin precedentes. Muchos líderes locales y defensores de derechos civiles consideran que Trump está agravando la situación en lugar de buscar soluciones pacíficas. La historia recordará este episodio como un intento fallido de un presidente por controlar a su propia población a través del miedo y la fuerza.

    La administración de Trump, en lugar de buscar la paz, elige el camino del enfrentamiento, lo que pone en riesgo la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos en Estados Unidos.

  • Periodista Ana Ronquillo es detenida y retirada del cabildo de Cadereyta tras enfrentar al alcalde

    Periodista Ana Ronquillo es detenida y retirada del cabildo de Cadereyta tras enfrentar al alcalde

    Un incidente en el cabildo de Cadereyta, Nuevo León, terminó con la periodista Ana Ronquillo esposada y expulsada del recinto mientras realizaba su labor informativa.

    Según el testimonio de la comunicadora, la situación se originó cuando intentó cuestionar al alcalde Carlos Rodríguez sobre la compra de vehículos para el municipio. Sin embargo, el edil evitó responder sus preguntas y se retiró a su oficina. Ronquillo decidió seguirlo y, al llegar a la recepción, fue interceptada por dos mujeres que le impidieron el paso. En ese momento, asegura haber escuchado la orden directa para que fuera retirada: “Que la retiren”.

    La periodista identificó a Joaquín Bautista, secretario particular del alcalde, como el responsable de dar la instrucción para que fuera sacada del lugar. Minutos antes, en una transmisión en vivo publicada en su medio Brújula Noticias, se le ve intentando acceder a la reunión, mientras dos funcionarios bloqueaban la entrada.

    Ronquillo fundó Brújula Noticias en enero de este año, y desde entonces ha publicado diversas investigaciones sobre la administración municipal. Hasta el momento, ni el alcalde ni su equipo han dado declaraciones sobre lo ocurrido.

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