Los 230 policías del operativo frente a Casa Jalisco deberán declarar ante Asuntos Internos, mientras el gobernador ya admitió que hubo abuso.
Tras la represión del gobierno de Pablo Lemus del 11 de octubre contra quienes exigían agua limpia frente a Casa Jalisco, se abrió un proceso contra 17 policías por uso excesivo de la fuerza. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, dijo que la investigación ya terminó y que el caso pasó a la etapa de responsabilidad administrativa.
Los 230 policías que participaron en el operativo, incluido el propio secretario, tendrán que declarar ante Asuntos Internos. Los señalados tienen hasta 30 días para presentar pruebas y defenderse; después se decidirá si hay sanciones. Por ahora, el proceso es administrativo: no se habla de denuncias penales.
Los vecinos y manifestantes sólo pedían agua limpia, pero recibieron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos. Dos días después, el propio Lemus reconoció que hubo abuso policial y errores graves en el operativo, es decir, aceptó que su gente se equivocó, aunque la protesta ocurrió bajo su mando.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad defendió el reparto de agua en pipas en las colonias afectadas.Negó que sea una estrategia para limpiar la imagen de la policía y aseguró que las familias reciben a los uniformados “con alegría y agradecimiento”.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, advirtió que responderá con fuerza a quienes participen en actos violentos durante el paro nacional, pero sus declaraciones, acompañadas de un polémico decreto sobre protesta social y una iniciativa antiterrorista, suenan más a una represión autoritaria y criminalización de la manifestación civil.
A un día del paro nacional convocado por sindicatos y sectores opositores para el miércoles 15 de octubre, Abelardo de la Espriella endureció su discurso contra los manifestantes y advirtió que quienes pretendan “incendiar” Colombia se enfrentarán a la determinación de su Gobierno. Aunque reconoció que la protesta pacífica es una garantía constitucional, acusó a los convocantes de buscar el caos y desestabilizar su administración, generalizaciones que colocan bajo sospecha a organizaciones que también pueden movilizarse legítimamente para exigir respuestas.
La preocupación aumenta ante el Decreto de Protesta Social, que el Ejecutivo prevé presentar esta semana y que, según el propio mandatario, busca limitar conductas como los bloqueos permanentes y las agresiones durante las manifestaciones. El problema es dónde se trazará la línea entre perseguir delitos concretos y restringir derechos colectivos: si las nuevas disposiciones se aplican de manera amplia o discrecional, podrían convertirse en herramientas para inhibir la protesta y castigar la disidencia. Defender el orden público no significa otorgar al Gobierno carta blanca para limitar la libre manifestación.
A la controversia se suma el proyecto de Estatuto Antiterrorista, que contempla crear un registro de organizaciones terroristas, congelar bienes y endurecer las sanciones contra ataques a la Fuerza Pública. De la Espriella defendió la iniciativa como una respuesta contra grupos armados y criminales, pero el alcance de estas facultades exige especial escrutinio: sin garantías claras, controles independientes y mecanismos efectivos de defensa, medidas de seguridad de este tipo pueden abrir espacio a abusos contra organizaciones sociales y opositores.
El mandatario también descalificó a quienes cuestionan su estrategia de mano dura, al afirmar que quienes critican la aplicación de la ley a los delincuentes son “cómplices digitales y de opinión”. Equiparar las críticas con complicidad criminal resulta especialmente preocupante cuando proviene del jefe del Estado, cuya responsabilidad es garantizar tanto la seguridad como los derechos de quienes discrepan de su Gobierno. La jornada del miércoles pondrá a prueba no solo la capacidad de movilización de los convocantes, sino también el compromiso del Ejecutivo con una democracia en la que protestar pacíficamente no sea motivo de intimidación, estigmatización ni represión.
Estudiantes de la Universidad de Cuenca denunciaron el despliegue de efectivos policiales y militares dentro de las instalaciones universitarias durante la visita del presidente Daniel Noboa a la institución.
Durante la protesta de los estudiantes ante la presencia de Daniel Noboa en la Universidad de Cuenca, la fuerza pública habría utilizado gas pimienta para dispersar su protesta. Se registraron confrontaciones entre agentes policiales y un grupo de personas situadas detrás de una barrera metálica, así como la presencia de personal militar en el lugar.
Los estudiantes sostienen que el operativo se desplegó dentro de la universidad y el gas pimienta fue utilizado contra quienes expresaban sus reclamos.
La manifestación fue convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador de Cuenca.
Tras conocerse el hecho, el asambleísta, Gerardo Machado, rechazó públicamente la presencia de policías y militares en el campus. Exigió que se respete la autonomía universitaria, así como la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Hasta el momento, ni las autoridades de la Universidad de Cuenca ni la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o la Presidencia han emitido pronunciamientos oficiales detallados sobre el uso específico de gas pimienta ni sobre el alcance del operativo.
La movilización había sido autorizada por las autoridades, pero Carabineros la dispersó; organizaciones reportaron cientos de jóvenes afectados por gases y decenas de detenciones.
Más de 5 mil estudiantes salieron a las calles de Santiago para manifestarse contra las políticas del gobierno de José Antonio Kast, los recortes en educación y su agenda de seguridad. La marcha, convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y respaldada por organizaciones estudiantiles y feministas, también expresó rechazo al Foro Madrid, encuentro de sectores de la ultraderecha internacional.
La movilización contaba con autorización de la Delegación Presidencial Regional y tenía previsto avanzar desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones del Centro Cultural GAM, elementos de Carabineros interrumpieron el recorrido y comenzaron a dispersar a los manifestantes, de acuerdo con las organizaciones convocantes.
El saldo denunciado incluyó cientos de estudiantes afectados por gases químicos, más de 200 personas atendidas por brigadas de salud y decenas de detenidos. También se reportaron agresiones contra periodistas que cubrían la protesta y un presunto intento de ingreso policial a la Casa FECh. Equipos jurídicos y de defensa estudiantil acudieron a distintas comisarías para acompañar a los jóvenes detenidos.
La presidenta de la FECh y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, cuestionó que una marcha autorizada fuera interrumpida y acusó al gobierno de mostrar una actitud autoritaria frente a la protesta social. Mientras tanto, la ACES criticó que el Ejecutivo priorice una agenda de seguridad en lugar de atender problemas de infraestructura, alimentación y salud mental en las escuelas.
La jornada también estuvo marcada por el rechazo al Foro Madrid y por denuncias de restricciones a medios de comunicación. Pese a la intervención policial, durante la tarde se registró una nueva concentración en las inmediaciones de Metro Baquedano, donde estudiantes y organizaciones reiteraron sus críticas al gobierno de Kast y anunciaron que mantendrán la movilización en defensa de la educación pública.
El mandatario argentino calificó a los sectores que desafían a su gobierno como “enemigos internos” y reivindicó el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, en una postura que organizaciones y sectores opositores consideran una amenaza contra la protesta social.
El presidente de Argentina, Javier Milei, elevó el tono contra quienes cuestionan su gobierno al advertir que las fuerzas de seguridad deben contar con las herramientas necesarias para actuar contra quienes, según él, “eligen el mal”. Durante un homenaje al general José de San Martín, sostuvo que “el mal existe” y debe ser sometido por la fuerza, un mensaje que vuelve a colocar a la protesta social en el centro de su estrategia política.
Milei aseguró que la libertad enfrenta actualmente “enemigos internos y externos” y defendió una mayor preparación y equipamiento para policías y militares. Bajo el argumento de combatir el crimen y el terrorismo, el mandatario planteó utilizar “toda la fuerza pública” contra quienes considere que amenazan el orden, una postura que genera preocupación por el posible uso de la seguridad estatal para reprimir la disidencia y las movilizaciones.
El discurso ocurre mientras su administración impulsa un mayor gasto en armamento y tecnología militar, principalmente mediante adquisiciones a Israel, al tiempo que estrecha su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Milei también llamó a reforzar las fronteras y a redefinir las alianzas geopolíticas de Argentina, en línea con su política exterior de acercamiento a Washington y Tel Aviv.
La retórica presidencial ha provocado cuestionamientos porque equiparar a sectores sociales inconformes con “enemigos internos” puede criminalizar la protesta y convertir el desacuerdo político en un asunto de seguridad. En lugar de atender las demandas sociales mediante el diálogo, Milei apuesta por una narrativa de confrontación que presenta a sus críticos como una amenaza que debe ser contenida.
El homenaje a San Martín también fue utilizado como escenario para reforzar la llamada “batalla cultural” del gobierno, con críticas a instituciones públicas, educativas y culturales. La defensa de un aparato de seguridad cada vez más fortalecido, sumada a un discurso que reivindica la fuerza contra quienes desafían al poder, alimenta las críticas de quienes advierten sobre una deriva autoritaria y represiva en Argentina.
El presidente electo plantea la creación de un bloque de seguridad para enfrentar movilizaciones, mientras intensifica sus ataques contra Gustavo Petro y lanza advertencias a líderes de la oposición.
La llegada del ultraderechista Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia continúa elevando la tensión política. A unas semanas de asumir el cargo, el mandatario electo anunció la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana (BDSU), un cuerpo que, bajo el argumento de combatir la delincuencia, ha despertado fuertes preocupaciones por su posible uso para reprimir la protesta social y criminalizar la movilización ciudadana.
Desde que ganó la elección, De la Espriella ha optado por una estrategia de confrontación permanente contra el gobierno saliente de Gustavo Petro, al que acusa de ser “el más corrupto de la historia” sin presentar pruebas públicas que respalden sus señalamientos. A ello se suma una campaña en redes sociales para desacreditar las reformas impulsadas por la izquierda y deslegitimar a sus adversarios políticos.
Uno de sus principales objetivos ha sido el senador Iván Cepeda, quien convocó a la ciudadanía a ejercer una “desobediencia civil pacífica” en defensa de los avances sociales alcanzados durante la administración de Petro. La respuesta del presidente electo fue advertir que cualquier manifestación que considere fuera de la ley será enfrentada con “toda la fuerza del Estado de derecho”, además de equiparar las protestas con “terrorismo urbano”, un discurso que ha sido señalado por diversos sectores como una forma de justificar una política de mano dura contra la disidencia.
El anuncio del BDSU también ha encendido las alarmas entre analistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que este tipo de estructuras evocan los episodios más oscuros del conflicto colombiano, marcados por el accionar del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Aunque De la Espriella sostiene que el objetivo será combatir delitos urbanos, sus críticos consideran que el discurso oficial abre la puerta a una mayor militarización del espacio público.
A la confrontación política se suma la propuesta de recortar 60 billones de pesos del presupuesto nacional, una medida que podría afectar programas sociales y la inversión pública. Mientras tanto, Gustavo Petro insiste en desconocer la legitimidad del mandatario electo al denunciar un presunto fraude electoral, en tanto que convocó a una movilización nacional el próximo 20 de julio para defender las reformas de su gobierno antes del relevo presidencial.
El 10 de junio de 1971, el grupo paramilitar Los Halcones, entrenado y financiado por el gobierno priista, atacó a estudiantes que marchaban en la Ciudad de México.
Este 10 de junio se cumplen 55 años del Halconazo o Matanza del Jueves de Corpus, uno de los episodios más violentos de la Guerra Sucia en México. En 1971, miles de estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en favor de la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y exigir mayores libertades democráticas. La movilización, que avanzaba de manera pacífica, fue brutalmente atacada por el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”.
Los Halcones fueron una organización de choque creada y financiada por el gobierno durante el régimen priista. Diversas investigaciones históricas han documentado que la mayoría de sus integrantes eran jóvenes de escasos recursos reclutados y entrenados con disciplina militar. Testimonios y documentos señalan que incluso recibieron capacitación especializada por parte de instructores militares mexicanos y extranjeros (estadounidenses), con el objetivo de actuar como fuerza represiva contra movimientos sociales y estudiantiles.
La agresión comenzó en las inmediaciones de la Calzada México-Tacuba y San Cosme. Armados con varas de bambú, palos, pistolas y rifles, los paramilitares persiguieron a estudiantes, transeúntes y periodistas. Los ataques se extendieron incluso a hospitales donde eran atendidos los heridos. Aunque el gobierno intentó minimizar la magnitud de la matanza, estimaciones independientes calculan que alrededor de 120 personas fueron asesinadas, además de registrarse decenas de desaparecidos y cientos de lesionados.
Las investigaciones revelan que la cadena de mando del “halconazo” está vinculada directamente al PRI. Entre los principales responsables se encuentra Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República; Mario Moya Palencia, responsable de la política interior; Alfonso Martínez Domínguez, regente de la capital; y el coronel Manuel Díaz Escobar, identificado como uno de los organizadores y coordinadores del grupo paramilitar. También ha sido mencionado el teniente coronel Edilberto Gil Cárdenas.
A más de medio siglo, el Halconazo continúa siendo símbolo de la represión ejercida por el Estado contra la disidencia política y estudiantil. Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes sostienen que la justicia sigue pendiente, pues la mayoría de los responsables nunca enfrentó una sentencia firme. Cada aniversario renueva la exigencia de verdad, memoria y reparación para las víctimas de una masacre que marcó la historia contemporánea de México y evidenció el uso de grupos paramilitares por parte del gobierno priista.
