El presidente ultraderechista analiza solicitudes de perdón para civiles y militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet; organizaciones de derechos humanos rechazan la medida.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que su gobierno recibió más de 100 solicitudes de indulto, principalmente de civiles y militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Kast aseguró que cada petición será revisada de manera individual y defendió la facultad presidencial para otorgar estos beneficios, al señalar que un indulto no modifica las sentencias dictadas por los tribunales. Sin embargo, su postura ha generado fuertes cuestionamientos por el riesgo de beneficiar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El mandatario ultraderechista argumentó que entre los solicitantes existen personas con enfermedades terminales y sostuvo que nadie debería morir en prisión. “Corresponde analizar los antecedentes”, afirmó Kast, quien insistió en que las decisiones serán tomadas caso por caso, sin establecer una regla general.
La postura del presidente chileno contrasta con el reclamo de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, quienes han expresado su rechazo a cualquier medida que permita reducir las consecuencias penales para responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El tema cobró especial relevancia durante la conmemoración del 53 aniversario del golpe de Estado de 1973, cuando agrupaciones de víctimas y familiares reiteraron su preocupación ante la posibilidad de que condenados por crímenes de Estado obtengan beneficios. Actualmente, alrededor de 400 personas permanecen en prisión por delitos cometidos durante la dictadura.
Así, mientras Kast presenta los indultos como una facultad presidencial que debe analizarse individualmente, sus críticos advierten que otorgar perdones a condenados por crímenes de lesa humanidad podría representar un retroceso en materia de memoria, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura chilena.
