La violencia contra actores políticos se extiende en más de la mitad de los municipios y pone en entredicho la estrategia de seguridad del gobierno estatal.
En medio de un contexto de creciente inseguridad, el estado de Guanajuato acumula al menos 71 asesinatos de funcionarios, autoridades electas y actores políticos desde 2018, de acuerdo con datos de la organización Data Cívica.
El caso más reciente ocurrió en Irapuato, donde fue asesinado Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (JAPAMI). Días antes, en Jerécuaro, Eduardo Olvera García, presidente del DIF municipal y esposo de la alcaldesa priista Isabel Acevedo Mercado, también fue víctima de un ataque armado.
Estos hechos han intensificado los cuestionamientos hacia la administración de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. La problemática no es aislada, ya que este tipo de homicidios se han documentado en al menos 22 de los 46 municipios del estado. Ciudades como Celaya, Pénjamo, Villagrán y Apaseo el Grande encabezan la lista con mayor número de casos, consolidando a diversas regiones como focos rojos.
A nivel nacional, Guanajuato se posiciona como el cuarto estado con más asesinatos de funcionarios y actores políticos, solo por debajo de Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Este panorama ha generado un clima de presión política con exigencias de resultados concretos frente a una crisis de violencia que, lejos de disminuir, continúa afectando tanto a autoridades como a la población en general.
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