La nueva estructura incluye áreas especializadas en derechos humanos, comunidades indígenas y delitos históricos, con enfoque en verdad, reparación y no repetición.
La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una profunda reestructura interna que contempla la creación de nuevas fiscalías especializadas, entre ellas una para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como la reactivación de la fiscalía para investigar Delitos Sociales y Políticos del Pasado, enfocada en casos ocurridos entre 1965 y 1990.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta transformación forma parte del nuevo rumbo impulsado por Ernestina Godoy, quien presentará su Plan Integral de Procuración de Justicia, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas y garantizar procesos con enfoque en derechos humanos.
La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado tendrá la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos y casos emblemáticos de la historia reciente. Además, dará seguimiento a expedientes previos, incluyendo aquellos relacionados con hechos como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, bajo estándares de debida diligencia, análisis de contexto y búsqueda de la verdad.
En paralelo, la nueva fiscalía para comunidades indígenas y afromexicanas buscará garantizar el acceso a la justicia con un enfoque incluyente, al intervenir en casos donde estas poblaciones sean víctimas o imputadas, promoviendo el diálogo intercultural, la mediación y la pacificación. También coordinará servicios de traducción e interpretación y desarrollará protocolos con perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.
La reestructura también fortalece a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que incorporará una Unidad Especializada en Análisis Financiero y podrá ejercer la facultad de atracción en delitos de extorsión, ampliando su capacidad operativa contra el crimen.
Finalmente, se crean nuevas áreas como el Órgano de Desarrollo Institucional, un Centro de Evaluación y Control de Confianza y una Unidad de Igualdad Sustantiva de Género, consolidando una transformación institucional orientada a la profesionalización, la transparencia y la justicia con enfoque social.
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