Etiqueta: Pueblos indígenas

  • Carlos Torres Piña asume coordinación estatal de la 4T en Michoacán; primer purépecha en el cargo

    Carlos Torres Piña asume coordinación estatal de la 4T en Michoacán; primer purépecha en el cargo

    Carlos Torres Piña, originario de Paracho, en la Meseta Purépecha, encabeza la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán. Es la primera vez, en esta etapa de organización del movimiento en la entidad, que una persona de raíces purépechas ocupa ese cargo. 

    Hijo de maestros rurales de las comunidades de Zacán y San Francisco Pichátaro, Carlos Torres Piña salió joven de su región para estudiar en Morelia. Su carrera política nació de la izquierda michoacana y del movimiento democrático que más tarde concluyó en la 4T.

    Como secretario de Gobierno en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, le tocó atender una de las principales demandas históricas de los pueblos indígenas: que el Estado reconozca su derecho a organizarse, gobernarse y administrar directamente sus recursos públicos.

    En noviembre de 2024, Carlos Torres Piña informó que las comunidades con acceso a este modelo pasaron de 11 a 40. Entre ellas pueblos purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes. El esquema permite a las autoridades comunales ejercer esos fondos conforme a sus propias decisiones y formas de organización, en lugar de depender de los ayuntamientos, con los que durante décadas debieron disputar los recursos que les correspondían.

    Michoacán incorporó a su marco jurídico el reconocimiento de las kuarichas, guardias y rondas comunitarias, junto con mecanismos para coordinarlas con las instituciones de seguridad pública, sin desconocer la autoridad de los gobiernos comunales. La reforma constitucional de diciembre de 2024 reforzó ese reconocimiento al establecer que las comunidades con autogobierno tienen el mando de sus propias instituciones de seguridad comunal.

    Estos avances son resultado de luchas históricas de los pueblos indígenas, acompañadas por cambios institucionales durante el gobierno estatal del que Carlos Torres Piña formó parte.

    Carlos Torres Piña mantiene relación con las cuatro regiones purépechas: la Meseta, la Cañada de los Once Pueblos, la Ciénega de Zacapu y la región del Lago de Pátzcuaro. También ha construido vínculos políticos e institucionales con representantes de comunidades otomíes, mazahuas y nahuas.

    El panorama incluye el reconocimiento del pueblo pirinda o matlatzinca, con presencia histórica en Huetamo y otras comunidades de Tierra Caliente, así como los procesos nacionales de reconocimiento de los derechos de la población afromexicana.

    La nueva etapa de la 4T en Michoacán estará marcada por el papel de estos pueblos en las decisiones políticas y por la continuidad de los derechos conquistados tras décadas de organización.

  • Roger Bartra desprecia las tradiciones indígenas y descalifica su reivindicación histórica

    Roger Bartra desprecia las tradiciones indígenas y descalifica su reivindicación histórica

    Roger Bartra aprovechó una entrevista con El Universal para descalificar los rituales indígenas y el simbolismo político de sus tradiciones, al tiempo que arremetió contra el obradorismo y Morena. Sus declaraciones exhiben una postura que, bajo la apariencia de crítica intelectual, minimiza las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y descalifica las expresiones políticas que no comparte.

    Roger Bartra no se limitó a cuestionar decisiones políticas: despreció expresiones de la cultura indígena al calificar de ridículos rituales de purificación y ceremonias relacionadas con el bastón de mando. Presentar estas prácticas como motivo de burla no constituye una crítica profunda ni una demostración de superioridad intelectual; revela, más bien, una mirada incapaz de reconocer el significado histórico y comunitario de tradiciones que han sobrevivido siglos de discriminación y desprecio.

    Resulta contradictorio que Bartra reconozca la marginación de los pueblos indígenas y la pérdida de sus lenguas, pero descalifique las expresiones simbólicas que buscan darles visibilidad. La exclusión histórica no se combate ridiculizando las tradiciones de quienes la han padecido. La representación política, el reconocimiento cultural y las políticas públicas dirigidas a estas comunidades pueden y deben discutirse, pero reducirlas a una puesta en escena es una manera simplista de ignorar las disputas históricas por el reconocimiento y la dignidad.

    Algo similar ocurre con su postura sobre el derribo o retiro de monumentos, como la estatua de Cristóbal Colón. Bartra no tiene la capacidad de ver más allá de dos dedos de frente, pues para él solo se reduce la discusión a una disyuntiva: conservar las figuras históricas o borrar el pasado. Sin embargo, cuestionar si se deja en pie o no un monumento no significa borrar la historia, sino discutir a quién se honra en el espacio público y por qué. El concepto de iconoclasia parece serle extraño a alguien que es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero es precisamente éste el que nos permite analizar cómo las sociedades confrontan los símbolos del poder y cuestionan los relatos heredados. Reducir este hecho a una simple “tontería” evade la discusión de fondo.

    Bartra también sostiene que el obradorismo acabó con la izquierda y que Morena representa una continuación del PRI. Son afirmaciones políticas que merecen escrutinio, no el tratamiento de verdades indiscutibles. Es innegable que Morena, al igual que cualquier partido y movimiento político, puede ser objeto de crítica y debate; pero tildar al movimiento como una mera copia del viejo régimen borra sus diferencias, sus rupturas, la diversidad de sectores sociales que lo integran y el impacto que ha tenido en la vida de los mexicanos.

    La trayectoria intelectual de Bartra no vuelve una verdad absoluta sus opiniones, pero cuando la crítica se convierte en descalificación y desprecio, pierde profundidad, seriedad y termina exhibiendo sus propios límites, así como contribuyendo al “empobrecimiento del debate público” que, como él tanto critica, abunda hoy en día.

  • Derecha brasileña busca abrir tierras indígenas de la Amazonía a la minería

    Derecha brasileña busca abrir tierras indígenas de la Amazonía a la minería

    Organizaciones indígenas y ambientalistas alertan que el nuevo equilibrio legislativo podría facilitar la minería en territorios indígenas y debilitar las leyes que protegen los bosques.

    Las elecciones legislativas de Brasil encendieron las alertas entre organizaciones indígenas y ambientalistas por el avance de fuerzas de derecha y extrema derecha en el Congreso, ante el riesgo de que impulsen cambios que afecten la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos originarios.

    El Partido Liberal (PL), ligado al expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo cerca de un tercio de los escaños del Senado y casi una cuarta parte de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la fuerza con mayor representación en ambas cámaras. Este nuevo escenario podría favorecer iniciativas para ampliar actividades como la minería en tierras indígenas, independientemente de quién gane la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el 25 de octubre.

    La preocupación no se limita al partido bolsonarista. Legisladores de otras fuerzas también han respaldado la minería en la Amazonía o cuestionado operativos de fiscalización ambiental. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) advirtió que el país tendrá un Congreso con mayor presión contra los derechos indígenas.

    La importancia de estos territorios va más allá de sus habitantes. Son una especie de escudo natural contra la deforestación: un análisis de MapBiomas encontró que las tierras indígenas perdieron apenas 1 por ciento de su vegetación nativa en tres décadas, frente a 20 por ciento en tierras privadas. Sin embargo, la minería de oro se expandió casi siete veces entre 2016 y 2024, aumentando también la contaminación por mercurio.

    En Brasil, cualquier actividad minera en territorios indígenas requiere aprobación del Congreso y consulta con las comunidades. El próximo Legislativo, que asumirá en febrero de 2027, deberá discutir una regulación sobre el tema por orden del Supremo Tribunal Federal. Aunque el gobierno de Lula ha reducido la deforestación amazónica y combatido la minería ilegal, organizaciones indígenas consideran que aún existen pendientes en materia de protección territorial.

  • SCJN abre la puerta a pueblos indígenas en controversias constitucionales

    SCJN abre la puerta a pueblos indígenas en controversias constitucionales

    La Suprema Corte reconoció a las comunidades indígenas como terceras interesadas, un paso que busca revertir décadas de exclusión en el acceso a la justicia.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un criterio histórico para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como “terceras interesadas” en controversias constitucionales que puedan afectar sus derechos colectivos. Con ello, podrán intervenir en procesos judiciales que antes quedaban restringidos a autoridades y órganos del Estado.

    Por cinco votos contra cuatro, el Pleno avaló dos proyectos del ministro Arístides Guerrero García, relacionados con la comunidad mazahua de Crescencio Morales y controversias promovidas por el municipio de Zitácuaro sobre autogobierno y asignación presupuestal. La resolución permitirá a la comunidad consultar los expedientes, presentar alegatos y defender sus intereses durante los procedimientos.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena mixteco, calificó la determinación como histórica y sostuvo que representa un avance frente a siglos de exclusión judicial y discriminación contra los pueblos originarios. La Corte sustentó el criterio en los artículos 2 y 17 constitucionales, particularmente después de la reforma de 2024 que reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

    La mayoría consideró que negarles esta participación dejaría la reforma constitucional como “letra muerta”. En contraste, las ministras María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Irving Espinosa Betanzo, votaron en contra al considerar que el artículo 105 constitucional establece expresamente quiénes pueden intervenir como terceros interesados. Espinosa advirtió que la decisión podría representar una invasión de facultades y afectar la división de poderes.

    La SCJN precisó que el fallo no autoriza a las comunidades indígenas a promover controversias constitucionales, sino a intervenir en procesos ya iniciados cuando puedan resultar afectadas. Así, podrán conocer los expedientes, presentar argumentos y defender sus derechos, superando la participación limitada que hasta ahora tenían mediante la figura de amicus curiae.

  • Morelos refuerza compromiso con pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad

    Morelos refuerza compromiso con pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad

    La gobernadora Margarita González Saravia participó en la Asamblea Estatal de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos, donde refrendó el compromiso de su administración con el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos originarios.

    El encuentro tuvo lugar en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en el centro de Cuernavaca, con la participación del coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Iván Ramos Méndez, en representación del director general Adelfo Regino Montes.

    Durante su participación, la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia, realizó un recorrido histórico sobre los procesos que han atravesado los pueblos indígenas desde la época prehispánica, y resaltó que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien impulsó una nueva etapa de reconocimiento a sus derechos mediante una reforma constitucional.

    Margarita González Saravia se pronunció a favor de armonizar la legislación estatal con el marco federal, y enfatizó que el proceso debe estar libre de intereses políticos o económicos: “Queremos que no se vuelva un proceso de botín político, ni un proceso de intereses personales ni económicos”, señaló.

    Anunció que su gobierno apoyará el proceso de municipalización de la comunidad indígena de Tetelcingo, perteneciente al municipio de Cuautla, con lo que se convertiría en el cuarto municipio indígena de la entidad.

    Asimismo, reiteró que en la comunidad indígena de Atlacholoaya, en Xochitepec, se construirá el Centro de Medicina Tradicional y Alternativa.

    El coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reconoció el trabajo conjunto entre comunidades y autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, señalando que la propuesta de reforma a la Constitución local para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derechos es un ejemplo para otras entidades del país.

    La Asamblea Estatal de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos es un espacio de diálogo y construcción de acuerdos para fortalecer la participación de estos sectores en la vida pública del estado, con el apoyo del Gobierno de Morelos a través del Instituto de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos.

  • FGR crea fiscalías para pueblos indígenas y crímenes del pasado en nueva etapa de justicia

    FGR crea fiscalías para pueblos indígenas y crímenes del pasado en nueva etapa de justicia

    La nueva estructura incluye áreas especializadas en derechos humanos, comunidades indígenas y delitos históricos, con enfoque en verdad, reparación y no repetición.

    La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una profunda reestructura interna que contempla la creación de nuevas fiscalías especializadas, entre ellas una para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como la reactivación de la fiscalía para investigar Delitos Sociales y Políticos del Pasado, enfocada en casos ocurridos entre 1965 y 1990.

    De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta transformación forma parte del nuevo rumbo impulsado por Ernestina Godoy, quien presentará su Plan Integral de Procuración de Justicia, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas y garantizar procesos con enfoque en derechos humanos.

    La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado tendrá la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos y casos emblemáticos de la historia reciente. Además, dará seguimiento a expedientes previos, incluyendo aquellos relacionados con hechos como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, bajo estándares de debida diligencia, análisis de contexto y búsqueda de la verdad.

    En paralelo, la nueva fiscalía para comunidades indígenas y afromexicanas buscará garantizar el acceso a la justicia con un enfoque incluyente, al intervenir en casos donde estas poblaciones sean víctimas o imputadas, promoviendo el diálogo intercultural, la mediación y la pacificación. También coordinará servicios de traducción e interpretación y desarrollará protocolos con perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.

    La reestructura también fortalece a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que incorporará una Unidad Especializada en Análisis Financiero y podrá ejercer la facultad de atracción en delitos de extorsión, ampliando su capacidad operativa contra el crimen.

    Finalmente, se crean nuevas áreas como el Órgano de Desarrollo Institucional, un Centro de Evaluación y Control de Confianza y una Unidad de Igualdad Sustantiva de Género, consolidando una transformación institucional orientada a la profesionalización, la transparencia y la justicia con enfoque social.

  • Gobierno de Morelos conmemora 487 años de tierras comunales en Chamilpa

    Gobierno de Morelos conmemora 487 años de tierras comunales en Chamilpa

    La gobernadora Margarita González Saravia asistió a la histórica ceremonia, rompiendo más de tres décadas sin presencia del Ejecutivo en esta tradición indígena.

    En un acto cargado de memoria e identidad, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, participó en la conmemoración de los 487 años de la entrega del título de propiedad de tierras a los macehuales de Chamilpa, en Cuernavaca, reafirmando el valor histórico de la lucha por el territorio indígena.

    Durante la ceremonia, autoridades comunales entregaron a la mandataria una copia del título virreinal —que data del reconocimiento otorgado por el virrey Antonio de Mendoza— así como el bastón de mando, símbolo de respeto a su investidura y vínculo con la comunidad.

    La gobernadora destacó que la historia de Chamilpa representa la resistencia de los pueblos originarios desde la época prehispánica y colonial, subrayando la importancia de preservar tradiciones, cultura e identidad frente a los desafíos contemporáneos.

    Asimismo, reiteró que su administración impulsa políticas para fortalecer a estos sectores, como la creación del Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos, con el objetivo de brindar respaldo institucional y reconocimiento a sus derechos.

    Por su parte, autoridades comunales resaltaron que, tras más de 35 años, un titular del Poder Ejecutivo estatal acudió a esta ceremonia, lo que calificaron como un hecho significativo para la comunidad y su historia.

    El evento incluyó un ritual prehispánico de agradecimiento a los cuatro elementos —aire, agua, tierra y fuego— en el que participaron autoridades estatales y municipales, consolidando una jornada que refrenda el orgullo y la continuidad de las raíces indígenas en Morelos.

  • Polémica por el regreso de Sergio Mayer al Congreso

    Polémica por el regreso de Sergio Mayer al Congreso

    Legisladores de Morena critican el regreso de Sergio Mayer a su curul y defienden a su suplente, Luis Morales, ante un conflicto de interés.

    El regreso del diputado plurinominal, Sergio Mayer Bretón a su curul ha generado fuertes críticas dentro de Morena. Varios legisladores reprocharon que la “farándula” haya sido más poderosa que el trabajo de su suplente, el comerciante otomí Luis Morales Flores.

    Mayer ha enfrentado cuestionamientos por haber dejado su cargo durante 20 días para participar en un programa de televisión. A su regreso, intentó justificar su ausencia mencionando que otros diputados también tienen actividades extra. Citó a María Clemente, quien ha defendido su trabajo como trabajadora sexual, señalando que ella no fue criticada tan severamente.

    A pesar de la controversia, Mayer se mostró desafiante y afirmó que, si no tiene futuro político en Morena, reconsiderará su militancia. Recordó su conflicto con el partido tras criticar proyectos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que afectó su reelección en 2021.

    Luis Morales, su suplente, también comentó sobre la situación. Morales enfatizó que no es un empresario, sino un comerciante que trabaja arduamente para ganarse la vida. Rechazó las afirmaciones de Mayer sobre su estatus económico y defendió su derecho a representar a su comunidad.

    Sergio Mayer argumentó que su participación en el programa de televisión no afectó su trabajo legislativo. Indicó que su suplente participó en las votaciones mientras él estuvo ausente. Sin embargo, sus palabras provocaron indignación entre otros miembros de Morena, quienes argumentaron que es injusto que un actor como Mayer tenga privilegios sobre un representante indígena.

    Morales expresó su compromiso con su comunidad y su deseo de que haya más representación de pueblos indígenas en el Congreso. Destacó su labor y su deseo de trabajar por el pueblo, más allá de cualquier título oficial.

    La situación ha encendido un debate sobre privilegios y representatividad en la política mexicana. La comunidad legislativa observa de cerca cómo se desarrolla este conflicto interno en Morena.

  • La Corte Defiende el Derecho a la Identidad de los Pueblos Indígenas

    La Corte Defiende el Derecho a la Identidad de los Pueblos Indígenas

    La Ministra Yasmín Esquivel Mossa subraya la importancia del reconocimiento de la identidad como un derecho humano esencial.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión histórica al resolver el amparo en revisión 423/2025. Este caso se centra en la expedición de actas de nacimiento y defunción para la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, en Chihuahua. La Corte ha decidido que se deben crear políticas públicas que aseguren el derecho a la identidad de esta comunidad.

    La Ministra Yasmín Esquivel Mossa fue clara al señalar que el derecho a la identidad no es simplemente un trámite administrativo. Este derecho humano es esencial para el ejercicio de otras libertades y derechos. Durante su intervención, enfatizó la necesidad de adoptar una perspectiva multicultural. Así, quienes imparten justicia deberán escuchar y comprender a quienes buscan apoyo en el sistema.

    La Ministra Esquivel dejó claro que su trabajo es reconocer y garantizar derechos que siempre han pertenecido a los pueblos indígenas. Además, el registro de nacimiento es fundamental. Este registro no solo afirma la existencia de una persona, sino que el de defunción proporciona certeza y seguridad, tanto en el ámbito legal como en el cultural y espiritual.

    Con este fallo, la SCJN valida la autoridad de las comunidades indígenas y su forma de organización. La decisión busca fomentar una relación respetuosa entre estas comunidades y las instituciones estatales. 

    Esquivel concluyó diciendo que se avanza hacia un modelo de justicia que rompe con la imposición y se orienta a la escucha. Este enfoque promueve la diversidad y el verdadero mandato de construir un México pluricultural. De esta forma, los pueblos indígenas dejan de ser meros receptores de políticas y se convierten en sujetos plenos de derechos.

  • SCJN sesiona por primera vez en una plaza pública y escucha a pueblos indígenas en Chiapas

    SCJN sesiona por primera vez en una plaza pública y escucha a pueblos indígenas en Chiapas

    El máximo tribunal lleva la justicia fuera de sus muros para analizar el autogobierno indígena, en una sesión histórica con impacto nacional.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró este jueves una sesión pública inédita en la plaza central de Tenejapa, Chiapas, ante más de 2 mil habitantes de comunidades indígenas de los Altos, marcando un hecho sin precedentes en sus 201 años de historia. Por primera vez, el máximo tribunal del país deliberó fuera de una sede judicial formal y directamente frente a los pueblos originarios.

    La sesión tuvo como eje la revisión del amparo promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria, que solicita ordenar al Congreso de Chiapas legislar para reconocer formalmente su autogobierno. El caso es relevante a nivel nacional, pues abre el debate sobre el alcance jurídico de los gobiernos comunitarios indígenas dentro del Estado mexicano.

    El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf propone conceder el amparo a la comunidad, pero aclara que ello no implica la creación de un “cuarto nivel de gobierno”, ni modifica el diseño federal, estatal o municipal. En cambio, plantea que el autogobierno indígena es una expresión del derecho a la libre determinación, que coexiste con las estructuras ordinarias y busca garantizar igualdad sustantiva, no privilegios.

    La sesión se realizó en la Explanada de la Casa de la Cultura de Tenejapa, donde se instaló una carpa con capacidad para 2 mil personas. De los nueve ministros, seis asistieron de manera presencial, mientras que tres participaron de forma virtual.

    Al acto acudieron representantes de la Secretaría de Gobernación, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, autoridades municipales y organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el INPI y el Poder Judicial local.

    Desde su fundación en 1825, la Corte solo había sesionado fuera de la capital en San Luis Potosí y Querétaro. La jornada en Tenejapa marca un giro simbólico y jurídico, acercando la justicia constitucional a los pueblos históricamente excluidos.