El gobierno mexicano exige evidencias claras antes de capturar a diez señalados por presuntos nexos con el narcotráfico. La institución busca proteger los derechos fundamentales de los implicados.
La Fiscalía General de la República (FGR) tomó una postura firme frente a las recientes exigencias de justicia de Estados Unidos. Las autoridades nacionales decidieron no realizar las detenciones provisionales de diez funcionarios y exfuncionarios. Entre los nombres mencionados destaca el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante una conferencia de prensa, los fiscales Raúl Jiménez Vázquez y Ulises Lara explicaron su decisión. El organismo considera que no existe una urgencia real para capturar a estas personas en este momento. Por ello, la FGR esperará a recibir pruebas contundentes antes de proceder con cualquier arresto o solicitud de desafuero.
Jiménez Vázquez enfatizó que privar a alguien de su libertad es una medida sumamente delicada. Bajo esta lógica, el Ministerio Público requiere fundamentos legales sólidos y sólidos apoyos visuales o documentales. La ley establece que estas capturas solo deben ocurrir cuando existe un riesgo real de fuga.
En este expediente específico, la petición extranjera no incluye datos que justifiquen una acción inmediata. Los fiscales señalaron que el documento enviado carece de testimonios o anexos que acrediten delitos graves. Por lo tanto, la fiscalía mantendrá el estado actual de los señalados hasta nuevo aviso.
Esta determinación genera mucha atención porque siete de los involucrados no cuentan con protección legal o fuero. Pese a esto, la FGR prefiere esperar a que el gobierno estadounidense entregue más información. Los otros tres implicados ocupan cargos públicos que complican una acción legal directa.
Además del gobernador Rocha Moya, la lista incluye al senador Enrique Inzunza y al alcalde Juan de Dios Gámez. Para actuar contra ellos, el Congreso tendría que retirarles el fuero primero. No obstante, ese trámite también se mantendrá en pausa hasta que las evidencias lleguen a manos de los jueces mexicanos.
Este escenario marca un punto de pausa en la relación judicial entre ambos países. La FGR busca garantizar que nadie enfrente un proceso penal sin un sustento jurídico transparente. Por ahora, la responsabilidad de aportar las pruebas recae totalmente en las autoridades de Estados Unidos.
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