La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sentencia de 10 años de inhabilitación, además del pago de 261 millones 211 mil 579 pesos a René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana.
Los magistrados María Ozana Salazar, Luis Ángel López Vera y Jesús Omar Sánchez Sánchez dictaron sentencia condenatoria a René Gavira, al ex gerente de Operaciones, Oliverio Pérez Santoyo, y a Miguel Carrillo Villarreal, ex director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, ya que aprobaron y firmaron contratos para la presunta adquisición de granos básicos, sin que haya registro de que se hubieran entregado los cargamentos.
Lo anterior consta en el oficio 08-OIC-SEGALMEX-TAR-045-2024, que fue presentado en la oficialía de partes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en enero de 2024 y en el que, durante más de dos años de litigio, se acreditó la responsabilidad de los ex funcionarios.
Entre marzo y agosto de 2019, René Gavira Segreste autorizó 17 contratos urgentes para compra de maíz blanco y dos más para frijol, que sumaron 178.7 millones y 20.2 millones de pesos, así como 62.2 millones por servicios de transporte.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que los contratos fueron autorizados sin cumplir los requisitos legales mínimos, lo que derivó en operaciones irregulares y pagos por productos que presuntamente nunca llegaron.
Asimismo, el tribunal confirmó que los exfuncionarios no acreditaron que existiera una emergencia por desabasto en tiendas Diconsa, por lo que no era procedente la adquisición de maíz y frijol a precios de mercado mediante adjudicaciones directas.
La inhabilitación dictada implica que ninguno de los tres exfuncionarios podrá ocupar ningún cargo público ni participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios ni obras públicas por 10 años.
La ejecución del cobro corresponderá al Servicio de Administración Tributaria, que podrá aplicar mecanismos como créditos fiscales, embargo de bienes o intervención de cuentas bancarias para recuperar los recursos.
En su defensa, los exfuncionarios argumentaron que la compra se realizó por orden de Ignacio Ovalle, en aquel entonces director general de Segalmex. No obstante, el ex director Ignacio Ovalle no enfrenta ningún proceso hasta la fecha, pese a que los sancionados indicaron que los pagos extraordinarios fueron autorizados por su superior.
Gavira Segreste fue detenido en diciembre de 2023 en Miami, Florida, y actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Paralelamente a la sanción administrativa, enfrenta al menos siete procesos penales por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso indebido de atribuciones.
Las investigaciones en su contra contemplan esquemas de presuntos desvíos de recursos públicos que, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), habrían generado un daño patrimonial a Segalmex superior a los 12 mil 500 millones de pesos durante el periodo 2018–2020.
Los reportes oficiales estiman que el daño patrimonial total en Segalmex podría superar los 15 mil millones de pesos, derivado de contratos simulados, pagos por productos no entregados y operaciones presuntamente vinculadas con empresas fantasma.
Como parte de la reorganización institucional, el gobierno federal transfirió funciones de Segalmex a Diconsa y Liconsa, y posteriormente integró estas operaciones en el esquema denominado Alimentación para el Bienestar.
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