La Sala Superior determinó que los procesos laborales deben adaptarse a las condiciones neurológicas de las personas neurodivergentes para evitar violaciones al debido proceso y garantizar una defensa justa.
En una resolución considerada histórica, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral adaptar un proceso laboral para garantizar condiciones adecuadas a un trabajador dentro del espectro autista. El fallo establece que las instituciones deben ofrecer espacios con baja carga sensorial, reducción de ruido, iluminación adecuada y comunicación clara, con el fin de evitar afectaciones en la capacidad de defensa de las personas neurodivergentes.
La sentencia fue aprobada por unanimidad y marca un precedente sin precedentes dentro del derecho electoral mexicano. El magistrado Felipe de la Mata, encargado del proyecto, sostuvo que la democracia no solo se construye a través del voto, sino también garantizando que el acceso a la justicia sea realmente incluyente para todas las personas, independientemente de sus condiciones neurológicas.
El resolutivo también plantea medidas específicas para asegurar un proceso justo, como el uso de lenguaje directo, pausas durante audiencias y entornos controlados que permitan a la persona comprender plenamente lo que se discute sin sufrir sobre estimulación sensorial. De acuerdo con el magistrado, estas acciones no representan privilegios, sino mecanismos para equilibrar las condiciones de acceso a la justicia.
Durante su intervención, De la Mata subrayó que el concepto de neurodiversidad debe entenderse como un paradigma de derechos humanos y no únicamente desde una perspectiva médica. Explicó que el cerebro humano no funciona bajo un solo modelo y que las diferencias neurológicas forman parte natural de la diversidad humana, tal como ocurre con la diversidad cultural o social.
El magistrado explicó que una audiencia o interrogatorio puede representar para una persona autista una experiencia de presión sensorial y cognitiva mucho más intensa que para una persona neurotípica. Señaló que el problema no radica en la condición de la persona, sino en entornos institucionales que históricamente han ignorado estas diferencias y han impuesto modelos de justicia uniformes.
Con esta resolución, el TEPJF sienta las bases de un nuevo criterio judicial en México, al reconocer que la impartición de justicia debe ser humana, accesible e incluyente. El fallo también abre la puerta para que otras instituciones públicas adapten sus procedimientos y garanticen plenamente los derechos de las personas con condiciones neurodivergentes.
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