Las autoridades estadounidenses investigan a exintegrantes del gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con Los Chapitos, tráfico de drogas y filtración de información.
Las autoridades de Estados Unidos avanzan en investigaciones contra exfuncionarios de Sinaloa. En los últimos días, fue detenido Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, mientras que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregó ante autoridades judiciales en Nueva York. Ambos son señalados dentro de procesos relacionados con presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez fue arrestado el pasado 11 de mayo y posteriormente presentado ante una corte federal en Arizona, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta. Las acusaciones en su contra incluyen presunto tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, además de posibles actos de colaboración con integrantes del grupo criminal.
Las investigaciones señalan que Mérida Sánchez presuntamente habría facilitado información sobre operativos de seguridad y brindado protección operativa a integrantes de Los Chapitos. El exsecretario encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
Por otra parte, Enrique Díaz Vega se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses en Nueva York. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de enfrentar tres cargos relacionados con presunto narcotráfico y posibles vínculos con la misma organización criminal. Según las autoridades, el exsecretario de Finanzas habría participado en hechos relacionados con el proceso electoral que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura.
El expediente estadounidense señala que Díaz Vega presuntamente entregó información sobre adversarios políticos a integrantes de Los Chapitos. Además, es acusado de colaborar en la designación de funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas y de fungir como supuesto enlace entre integrantes del grupo criminal y funcionarios estatales.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han informado sobre procesos judiciales abiertos en México contra ambos exfuncionarios. Mientras tanto, las investigaciones y audiencias continuarán en territorio estadounidense, donde jueces federales determinarán las siguientes etapas legales de cada caso.
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