El presidente estadounidense cerró la cumbre en Francia con críticas directas a México y a su mandataria.
Donald Trump usó su discurso final en el G7 para arremeter contra México. El mandatario acusó a Claudia Sheinbaum de gobernar con miedo y señaló que los cárteles tienen el control del país.
“La presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”, dijo Trump ante los líderes reunidos en Evian, Francia.
Sus palabras no se quedaron ahí. Trump también afirmó que México “ha perdido el control de su país” y que el narcotráfico dicta las reglas en territorio mexicano.
En otro momento de su intervención, el presidente estadounidense habló sobre los resultados en materia de seguridad fronteriza. Según sus cifras, la entrada de drogas por tierra ha caído 61 por ciento. Por mar, dijo, la reducción llega a 97.2 por ciento.
Trump reconoció la firma de un acuerdo para reforzar la coordinación bilateral contra el tráfico de drogas. Aun así, advirtió que el problema no desaparece. Describió cómo los traficantes esconden sustancias en motores, llantas y estructuras de automóviles.
“Si usaran esa genialidad para el bien, serían personas muy ricas”, ironizó.
Valdemar “N”, identificado como un objetivo prioritario por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue detenido junto con otros dos presuntos integrantes de una red vinculada al tráfico de personas y drogas.
Un operativo conjunto de fuerzas federales logró la detención de Valdemar “N”, alias “Valdo”, señalado como integrante del Cártel del Golfo y buscado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y hechos violentos. La captura se realizó en Ixtlahuacán, Colima, junto con otras dos personas que también enfrentan órdenes de extradición.
De acuerdo con información oficial, Valdemar “N” es considerado un objetivo prioritario de seguridad, debido a su presunta participación en el traslado de grandes cargamentos de metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense. Además, las investigaciones lo ubican como posible autor intelectual de diversos homicidios cometidos tanto en México como en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que el detenido habría formado parte de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde ocupó una posición relevante dentro de las operaciones criminales. Sin embargo, tras presuntos conflictos internos abandonó esa organización y posteriormente se integró al Cártel del Golfo, desde donde continuó con actividades ligadas al tráfico internacional de drogas.
Durante el mismo despliegue fueron capturados Ramón “N” y Cristina “N”, quienes contaban con órdenes de detención con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima, donde se definirá su situación jurídica y los procedimientos correspondientes para atender las solicitudes internacionales.
La detención ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra las organizaciones criminales que operan en México. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre una posible fecha de extradición, las autoridades confirmaron que los detenidos permanecerán bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales en ambos países.
Pese a los señalamientos, las autoridades recordaron que las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.
Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional de Perú utilizaron botargas de las mascotas oficiales del Mundial 2026 para sorprender y detener a un presunto vendedor de drogas, en un operativo en el que también aseguraron cocaína, marihuana, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.
La Policía Nacional de Perú volvió a recurrir a una de sus tácticas más llamativas para combatir el narcomenudeo. Agentes del Grupo Terna se disfrazaron de Clutch y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026, para infiltrarse sin levantar sospechas y capturar a un presunto microcomercializador de drogas en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
De acuerdo con las autoridades, los trabajos de inteligencia permitieron identificar que el sospechoso, Carlos Cabrera, alias “Pichichi”, era un aficionado al fútbol y permanecería en su domicilio viendo la inauguración del Mundial. Aprovechando esa información, los policías llegaron vestidos con las botargas, se acercaron a la vivienda y, tras irrumpir en el inmueble, concretaron la detención.
Durante el operativo fueron asegurados 2 mil 524 ketes de pasta básica de cocaína, 210 gramos adicionales de la misma droga, 209 gramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo. El detenido también contaba con antecedentes por presunto tráfico de drogas y había permanecido varios años en prisión por ese delito.
El Grupo Terna es conocido por emplear disfraces como parte de sus operativos encubiertos para sorprender a presuntos delincuentes. En otras intervenciones, sus agentes han utilizado botargas y personajes como capibaras, El Grinch, osos de peluche, Santa Claus, Deadpool, Wolverine e incluso personajes de El Chavo del 8, una estrategia que les permite acercarse a sus objetivos sin despertar sospechas.
Aunque estos operativos suelen volverse virales por su creatividad, la prensa peruana destacó que los propios agentes financian de su bolsillo la adquisición o renta de las botargas, ya que la corporación no cuenta con un presupuesto específico para este tipo de indumentaria utilizada en labores de inteligencia.
Varios exmandatarios estatales enfrentaron investigaciones, procesos judiciales e incluso condenas por lavado de dinero, protección a cárteles y delincuencia organizada.
La relación entre política y crimen organizado ha marcado algunos de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. A lo largo de las últimas décadas, diversos gobernadores y exgobernadores han sido investigados, acusados o condenados por autoridades nacionales y extranjeras por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lavado de dinero y corrupción.
Aunque cada caso tiene particularidades jurídicas distintas, los expedientes construidos por autoridades de México y Estados Unidos revelan un patrón recurrente: el uso del poder político para facilitar operaciones criminales o encubrir recursos de procedencia ilícita.
1. Tomás Yarrington: del Gobierno de Tamaulipas a una condena en Estados Unidos
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido en Italia en 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero en 2021.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que recibió sobornos de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel del Golfo, a cambio de facilitar operaciones de narcotráfico. Tras cumplir una condena en territorio estadounidense, fue deportado a México en 2025 y recluido en el penal del Altiplano, donde enfrenta procesos por delitos contra la salud vinculados al narcotráfico.
2. Eugenio Hernández: acusado de lavado de dinero y presuntos sobornos de Los Zetas
Otro exgobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores, fue detenido en 2017 por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Las investigaciones estadounidenses lo señalaron por presuntamente recibir sobornos de Los Zetas y participar en esquemas de lavado de dinero. Aunque obtuvo beneficios judiciales en México, durante años enfrentó solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos.
3. Mario Villanueva: el exgobernador de Quintana Roo condenado por lavado
El exmandatario de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue una de las figuras políticas más emblemáticas vinculadas a investigaciones por narcotráfico durante la década de los noventa.
La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de favorecer rutas para el tráfico de drogas entre Colombia y Estados Unidos. Posteriormente fue condenado por lavado de dinero y pasó años encarcelado tanto en México como en territorio estadounidense.
4. Jorge Torres López: lavado de dinero y sobornos en Coahuila
El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue detenido en 2019 con fines de extradición.
Según autoridades estadounidenses, admitió haber realizado operaciones financieras para ocultar recursos obtenidos mediante sobornos relacionados con contratos de obra pública. Finalmente fue condenado por delitos de lavado de dinero en tribunales federales de Texas.
5. Francisco García Cabeza de Vaca: investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido uno de los políticos más señalados en los últimos años por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) lo relacionaron con posibles operaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
Además, testimonios judiciales y expedientes citados por autoridades mexicanas y estadounidenses lo vincularon con presuntos financiamientos del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Sin embargo, Cabeza de Vaca ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.
6. Manlio Fabio Beltrones: señalamientos por presuntos nexos con “El Señor de los Cielos”
A diferencia de otros casos, el exgobernador de Sonora y exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, nunca ha sido condenado ni procesado por delitos relacionados con narcotráfico.
No obstante, documentos de inteligencia y reportes periodísticos publicados por medios internacionales señalaron presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, uno de los narcotraficantes más poderosos de los años noventa.
Las acusaciones se sustentaron en informes atribuidos a agencias estadounidenses como la DEA. Beltrones ha negado de manera reiterada cualquier relación con grupos criminales y ha rechazado las versiones difundidas en su contra.
Tamaulipas, el estado que más gobernadores ha visto caer por escándalos de narcotráfico
Un elemento que destaca en esta lista es la presencia recurrente de exgobernadores de Tamaulipas. Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Francisco García Cabeza de Vaca han sido objeto de investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales, convirtiendo a la entidad en uno de los casos más emblemáticos de la infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas.
Aunque los resultados judiciales han sido distintos en cada expediente, los casos evidencian cómo la presunta relación entre funcionarios públicos y grupos criminales ha sido una preocupación constante para las autoridades mexicanas y estadounidenses durante las últimas décadas.
Markwayne Mullin destacó la cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Claudia Sheinbaum y aseguró que las autoridades mexicanas han logrado resultados históricos contra el crimen organizado.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció públicamente el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el combate al narcotráfico y destacó los avances alcanzados mediante la cooperación bilateral entre ambos países. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el funcionario estadounidense aseguró haber quedado “muy impresionado” tras su reciente visita a México y las reuniones sostenidas con integrantes del gabinete federal.
Mullin señaló que la colaboración con la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha permitido fortalecer las estrategias de seguridad y generar resultados concretos contra las organizaciones criminales. “Han sido muy cooperativos”, afirmó, al tiempo que reconoció la disposición del Gobierno de México para trabajar de manera coordinada en temas prioritarios para ambas naciones.
Sin embargo, el funcionario también subrayó que las autoridades mexicanas mantienen una postura firme en la defensa de la independencia nacional. “Creen firmemente en la defensa de su soberanía, y debemos respetar eso”, expresó, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de mantener una relación de cooperación basada en el respeto mutuo y no en la subordinación.
El secretario estadounidense destacó que, gracias al trabajo conjunto entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) y las instituciones mexicanas, se han registrado cifras récord en decomisos de drogas, armas y recursos financieros vinculados al crimen organizado, además de la captura de importantes líderes de cárteles.
Las declaraciones ocurren en un momento clave para la relación entre México y Estados Unidos, marcada por una estrecha coordinación en temas de seguridad, control fronterizo y combate al tráfico de drogas. Los comentarios de Mullin representan un respaldo internacional a la estrategia impulsada por el gobierno de Sheinbaum, al tiempo que reconocen el principio de soberanía como eje fundamental de la política exterior mexicana.
El Gobierno guatemalteco rechaza la existencia de un pacto con Estados Unidos para operaciones militares en su territorio, aunque busca cooperación en seguridad.
Guatemala desmintió este jueves un supuesto acuerdo con Estados Unidos para llevar a cabo operaciones militares en su territorio. Según un comunicado oficial, no hay ningún pacto que autorice intervenciones militares extranjeras en Guatemala.
A pesar de este desmentido, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, envió una nota a su homólogo estadounidense, Peter Hegseth. En este documento, se solicitó cooperación de Estados Unidos para apoyar las acciones de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la lucha contra el narcotráfico.
Esta solicitud forma parte de una estrategia que comenzó en 2024. Asimismo, se menciona que se enmarca en los acuerdos bilaterales existentes y se apega a las normativas de la Constitución guatemalteca. El comunicado también informa que el presidente Bernardo Arévalo, junto a sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, conversó telefónicamente con Hegseth. Durante la llamada, confirmaron los términos de la cooperación solicitada.
El rechazo del Gobierno se produce en respuesta a una publicación de The New York Times. El medio había informado que Guatemala había acordado realizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra redes de narcotráfico. Según el artículo, Arévalo habría pactado ataques aéreos y otras acciones militares en el país.
Este anuncio se sitúa en el contexto de la estrategia de la Administración Trump, que busca ampliar su campaña antidrogas en América Latina. El Gobierno guatemalteco, con su reciente comunicado, busca tranquilizar a la ciudadanía y reafirmar su soberanía en la materia.
Fuerzas federales y estatales capturaron a los sospechosos en plena madrugada tras una persecución en la que aseguraron armas largas y dosis de droga.
Una llamada de alerta y el patrullaje constante devolvieron un poco de calma a los vecinos de Manzanillo. Durante la madrugada del viernes, marinos y policías locales unieron esfuerzos para detener a tres hombres en la colonia Vista del Mar. Las investigaciones señalan a los detenidos como supuestos jefes de sicarios y logística de la facción criminal conocida como “La Mayiza”.
Los uniformados descubrieron a Luis Andrés, Gilberto y Juan José en la calle mientras revisaban una caja de plástico. Al acercarse, los agentes vieron que los sospechosos escondían un arma larga en el contenedor. Los tres sujetos corrieron de inmediato para escapar de la justicia, pero los oficiales los persiguieron y los arrinconaron unos metros más adelante.
Lejos de rendirse, los civiles forcejearon con las autoridades y lanzaron amenazas de muerte contra los policías. Los detenidos afirmaron a gritos que pertenecían al Cártel de Sinaloa y que controlaban la zona del puerto. A pesar de la resistencia, los uniformados controlaron la situación sin disparar una sola bala.
En el sitio, las autoridades decomisaron el fusil abastecido, varios cargadores llenos, una báscula digital y paquetes de mariguana y cristal. Por el alto peligro que representan, un convoy de vehículos blindados trasladó a los detenidos hasta la capital del estado. Ahora, los tres hombres enfrentan cargos federales por narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.
Elementos de la Semar y fuerzas estatales realizaron cuatro cateos en municipios costeros de Chiapas, donde además detuvieron a cuatro presuntos delincuentes ligados al tráfico de droga y combustible.
En un fuerte operativo conjunto en la costa de Chiapas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales y estatales, lograron el aseguramiento de droga, armas, combustible y equipo utilizado presuntamente por grupos criminales en los municipios de Pijijiapan y Tonalá, una de las principales rutas marítimas para el tráfico ilegal en el sur del país.
De acuerdo con la Semar, durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en las comunidades de Chocohuital, Playa Grande y Paredón, fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes, quienes ya quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR).
En las primeras intervenciones realizadas en Chocohuital, las fuerzas de seguridad aseguraron 7 mil 500 litros de combustible almacenados en 150 bidones, además de dos armas largas, siete cargadores, 34 equipos de comunicación satelital, balanzas, motores fuera de borda, una embarcación sin motor y diversas dosis de presuntos narcóticos. Las autoridades señalaron que estos objetos podrían estar vinculados con operaciones del crimen organizado en la región costera.
Como resultado de acciones coordinadas en Chiapas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y autoridades estatales cumplimentaron cuatro órdenes de cateo y aseguraron una bodega presuntamente utilizada para actividades ilícitas.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 22, 2026
Posteriormente, en un cateo realizado en un inmueble de Playa Grande, los elementos localizaron 70 bidones llenos de gasolina, además de equipo marítimo y herramientas utilizadas para embarcaciones, entre ellas propelas, bombas de achique, balizas y cajas de aceite para motores.
En una cuarta intervención en la comunidad pesquera de Paredón, las autoridades aseguraron 50 paquetes de presunta cocaína, así como 3 mil litros de gasolina almacenados en 60 bidones, cargadores para arma larga, boyas satelitales y una bodega presuntamente utilizada para actividades ilícitas. El operativo representa uno de los golpes más importantes contra las redes de tráfico que operan en la costa chiapaneca.
En estas acciones participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes mantienen operativos permanentes en la región para combatir el tráfico de drogas, armas y combustible en el sur de México.
El Departamento del Tesoro identificó operaciones de lavado ligadas al tráfico de fentanilo, criptomonedas y estructuras vinculadas a Los Chapitos.
El gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo golpe financiero contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas, especialmente fentanilo. Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las personas y entidades sancionadas forman parte de dos redes distintas de financiamiento criminal vinculadas al cártel. Una de ellas estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, mientras que la otra operaría bajo el mando de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como colaborador cercano de la facción de Los Chapitos.
Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas. Posteriormente, ese dinero era convertido en criptomonedas para facilitar su transferencia hacia México y fortalecer las operaciones financieras del grupo criminal.
Las sanciones también alcanzaron a dos empresas mexicanas, entre ellas una compañía de seguridad privada y un restaurante, presuntamente utilizados para mover recursos ilícitos y encubrir operaciones relacionadas con el narcotráfico. Con estas acciones, Washington busca bloquear activos financieros, congelar cuentas y limitar cualquier operación comercial vinculada con los señalados.
Por su parte, Jesús González Peñuelas fue identificado como un operador criminal con casi dos décadas ligado al narcotráfico. Las investigaciones estadounidenses lo relacionan inicialmente con la producción y distribución de heroína y metanfetamina, aunque posteriormente habría expandido sus actividades hacia el tráfico de cocaína y fentanilo, una de las drogas que más preocupa actualmente a las autoridades de ambos países.
El anuncio ocurre en medio del endurecimiento de las estrategias internacionales contra las redes de financiamiento del narcotráfico. El gobierno estadounidense ha incrementado las sanciones económicas y acciones coordinadas contra estructuras vinculadas al tráfico de fentanilo, considerado uno de los principales detonantes de la crisis de sobredosis en Norteamérica. Las investigaciones, advirtió la OFAC, continúan abiertas y podrían derivar en nuevas sanciones contra más operadores financieros y empresas ligadas al crimen organizado.
Gerardo Mérida Sánchez enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, sobornos millonarios y conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, enfrentará una nueva audiencia judicial el próximo 1 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de entregarse voluntariamente a autoridades de Estados Unidos tras ser señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El también general en retiro cruzó el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses antes de ser trasladado a Nueva York para comparecer ante una corte federal. La investigación en su contra forma parte de una serie de acciones emprendidas por el gobierno estadounidense contra exfuncionarios sinaloenses presuntamente relacionados con grupos criminales.
De acuerdo con los señalamientos presentados en su contra, Mérida Sánchez enfrenta cargos por conspiración para la importación de drogas, posesión de armamento y presunta recepción de sobornos que habrían alcanzado hasta los 100 mil dólares mensuales. Las acusaciones apuntan a supuestos vínculos con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
El exfuncionario tuvo una primera comparecencia en un tribunal federal de Manhattan, en una audiencia breve de aproximadamente cinco minutos, donde se declaró no culpable de los delitos imputados por las autoridades estadounidenses. Será el próximo 1 de junio cuando continúe formalmente el proceso judicial en su contra.
El caso ha generado fuerte impacto político en Sinaloa debido a que también se entregó recientemente Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, como parte del grupo de exfuncionarios investigados por Estados Unidos. Además, las autoridades estadounidenses mantienen una solicitud relacionada con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, situación que ha intensificado la presión política sobre la administración sinaloense.
La investigación continúa avanzando en cortes estadounidenses, mientras crecen los cuestionamientos sobre los presuntos nexos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en Sinaloa, uno de los estados históricamente golpeados por la violencia del narcotráfico.
