La presidenta dijo que la “mexicanización” que debería seguir el mundo es la de los valores de la cultura mexicana, como la honestidad, el amor y la solidaridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó, en su conferencia matutina, que la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, está “mal informada”. Lo dijo luego de que la política advirtiera que no permitirá la “mexicanización” de Francia por la presencia de cárteles del narcotráfico.
“La mexicanización que debería llevar a todo el mundo es la de los valores de la cultura de México. De honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero”, expuso la mandataria. Con ello, reivindicó la cultura mexicana como una referencia positiva para otros países.
Le Pen hizo sus declaraciones el domingo en Orleans, durante un mitin con unos 8,500 simpatizantes con el que lanzó su campaña para las elecciones presidenciales francesas de 2027. Ahí prometió combatir a las organizaciones de narcotráfico como grupos terroristas si llega al poder. En su discurso también prometió impulsar un “renacimiento” de Francia.
Diez presuntos narcotraficantes fueron detenidos, entre ellos un supuesto líder de la organización, tras una investigación que inició con el decomiso de 60 kilogramos de droga en Tampa.
Autoridades de Florida, Estados Unidos, arrestaron a diez presuntos operadores del Cártel de Sinaloa, señalados de integrar una red que trasladaba miles de kilogramos de cocaína desde México hacia territorio estadounidense. La organización utilizaba grandes camiones para movilizar mensualmente los cargamentos y distribuirlos en distintas comunidades del estado.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, la estructura criminal operaba como una filial del cártel mexicano y trasladaba la droga desde México, a través de El Paso, Texas, hasta Tampa, Florida, donde era distribuida. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, aseguró que la investigación permitió desmantelar una importante red de narcotráfico que introducía grandes cantidades de cocaína en la entidad.
Las indagatorias comenzaron a avanzar el 11 de julio, luego de que las autoridades decomisaran 60 kilogramos de cocaína y arrestaran a Daniel Pinales, identificado como el principal distribuidor de la organización en Tampa. A partir de esa operación, los investigadores lograron identificar a otros presuntos integrantes de la estructura criminal.
Entre los diez detenidos se encuentra Erick Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”, señalado como el segundo al mando de la red. El presunto operador fue arrestado en Texas y permanece a la espera de su extradición, con una fianza fijada en 30 millones de dólares. En conjunto, las fianzas impuestas a los acusados rondan los 40 millones de dólares.
Los diez detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer crimen organizado, mientras que Daniel Pinales y otros tres presuntos cabecillas también fueron acusados directamente por ese delito, considerado grave de primer grado en Florida. Pinales enfrenta, además, la posibilidad de cadena perpetua por una conspiración para traficar más de 150 kilogramos de cocaína.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la operación permitió desarticular una estructura dedicada al traslado y distribución de cocaína a gran escala. Sin embargo, los detenidos son considerados presuntos responsables y deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes para determinar su situación legal.
Jurado federal acusó a la senadora demócrata de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, y a otras seis personas por una presunta red de venta de mariguana, lavado de dinero y corrupción.
Louise Lucas enfrenta cinco cargos federales vinculados con un presunto esquema de soborno, distribución de mariguana y lavado de dinero. Los cargos son conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para distribuir mariguana, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y mantener un inmueble para actividades relacionadas con drogas.
Según la fiscalía, la operación habría funcionado de 2019 a 2026. En 2021, Louise Lucas y su hija Lisa Lucas-Burke abrieron The Cannabis Outlet en Portsmouth. Otra hija, Theresa Lucas-Lamb, y el hijo de ésta, Ryan Eichelberger, habrían adquirido la mariguana, supervisado su distribución y administrado la tienda. El director del FBI, Kash Patel, expuso el caso como un esquema de cinco años con un valor estimado de 4.5 millones de dólares.
La acusación señala que aprovechó su cargo como presidenta de un poderoso comité para proteger su negocio de mariguana. Entre las acusaciones más graves está que habría buscado beneficiarse de legislación que ella misma impulsó, y que habría bloqueado a otros posibles aspirantes a licencias.
El caso se conoció públicamente el 6 de mayo, cuando el FBI cateó la oficina de Louise Lucas en Portsmouth y un dispensario de cannabis contiguo. Louise Lucas ha dicho que la tienda vende productos legales de cáñamo y CBD. En Virginia la posesión de mariguana es legal, pero la venta minorista recreativa sigue siendo ilegal.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los cargos revelan la conducta de una servidora pública que antepuso sus intereses económicos a los de sus representados.
Louise Lucas rechazó los cargos en redes sociales. Escribió que “el peso total del gobierno federal” se había usado contra “una bisabuela de 82 años”. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Scott Surovell, pidió mesura y recordó que Louise Lucas tiene derecho a la presunción de inocencia.
El candidato ultraderechista también propone eliminar la reelección presidencial y descarta entregar cargos de gobierno a su padre y a sus hermanos.
El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro prometió que, si gana la segunda vuelta electoral en Brasil, prevista para el 25 de octubre, declarará la guerra al narcotráfico y clasificará como organizaciones “narcoterroristas” al Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y las milicias.
En una entrevista con TV Globo, el abanderado del Partido Liberal anunció que, a partir de enero de 2027, desplegará a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad fronteriza. Su propuesta contempla la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con operaciones en puntos estratégicos para combatir el tráfico de drogas.
Entre las medidas planteadas, mencionó el despliegue de una unidad de élite de la Marina en el puerto de Santos, así como operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea en la Amazonia y la frontera con Bolivia. También propuso incorporar a Brasil al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación e intercambio de inteligencia para combatir amenazas criminales en la Triple Frontera, cerca de las cataratas del Iguazú.
En el ámbito político, Flávio Bolsonaro aseguró que, si llega a la Presidencia, gobernará durante un solo mandato y promoverá una reforma constitucional para eliminar la reelección presidencial. Según afirmó, su objetivo sería concentrarse en atender los problemas del país sin buscar permanecer en el poder.
El candidato también rechazó que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, o alguno de sus hermanos lo suceda en el cargo. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado y permanece bajo arresto domiciliario, según la información publicada.
Asimismo, Flávio descartó nombrar a su padre en un puesto oficial, aunque dijo que podría recurrir a sus consejos, y negó que su hermano Eduardo Bolsonaro vaya a ocupar la Cancillería. Eduardo reside en Texas y enfrenta procesos judiciales en Brasil relacionados con sus gestiones ante el gobierno estadounidense.
La captura se realizó en el aeropuerto internacional del estado mediante un operativo coordinado entre la FGR y la Secretaría de Seguridad; el detenido es requerido por una corte federal de Texas por presunto tráfico de drogas.
Autoridades federales detuvieron a Erick N, alias ‘El Trébol’, señalado como presunto narcotraficante con operaciones en México y Estados Unidos, durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. El hombre era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y enfrenta una orden de detención con fines de extradición.
El Gabinete de Seguridad informó que la captura fue resultado del intercambio de información con agencias estadounidenses. En la acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal y el área de Interpol, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con las autoridades, ‘El Trébol’ es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, donde se le vincula con una célula criminal transnacional presuntamente dedicada al traslado de cocaína y metanfetamina de México hacia territorio estadounidense.
En Querétaro, elementos de @FGRMexico, a través de la AIC-INTERPOL, en coordinación con @SSPCMexico, cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición contra Erick “N”, alias “Trébol”, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026
Las investigaciones apuntaron a la capital queretana como una zona de movilidad del sospechoso, señalado por su presunta participación en el trasiego de drogas entre ambos países. A partir de esa información, los agentes desplegaron labores de vigilancia fija y móvil, además de identificar los vehículos en los que se desplazaba.
Con esos datos, las fuerzas federales implementaron el operativo en las inmediaciones de la terminal aérea, donde localizaron al hombre y ejecutaron la orden de detención con fines de extradición. La intervención se realizó como parte de la cooperación entre autoridades mexicanas y la DEA para ubicar a personas requeridas por la justicia estadounidense.
Tras su captura, Erick N fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente. Su eventual entrega a Estados Unidos dependerá de las actuaciones legales en materia de extradición.
El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ya se declaró culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.
La audiencia de seguimiento del proceso penal contra Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue aplazada nuevamente en Estados Unidos y se celebrará hasta el 14 de abril de 2027, de acuerdo con un documento de una corte federal de Chicago.
Se trata del segundo cambio de fecha en menos de un mes para la comparecencia ante la jueza Sharon Coleman, del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois. Inicialmente, la audiencia estaba programada para el 28 de octubre de 2026; después fue reprogramada para el 7 de diciembre y ahora quedó fijada para abril del próximo año.
El nuevo aplazamiento prolonga el calendario judicial del caso que enfrenta el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, ante las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades criminales.
El pasado 11 de julio de 2026, Ovidio Guzmán se declaró culpable de diversos cargos vinculados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, como parte del proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense tras su extradición desde México.
La nueva fecha establece que la siguiente audiencia de seguimiento se realizará en abril de 2027, aunque el documento citado no detalla las razones del aplazamiento. Por ahora, el proceso continuará bajo la jurisdicción de la corte federal de Chicago.
José Luis Ojeda Aguirre es señalado por presuntos vínculos con la facción de “El Mayito Flaco”, del Cártel de Sinaloa, y es requerido por una corte de California por delitos relacionados con narcotráfico.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional detuvieron en Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, a José Luis Ojeda Aguirre, alias “El Wicho”, identificado por autoridades mexicanas como presunto operador financiero y logístico de la organización criminal Los Rugrats.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido estaría vinculado con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, del Cártel de Sinaloa. Además, presuntamente operaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Paz Pereda, señalado como líder de Los Rugrats, grupo con presencia en Sinaloa y Durango.
Las autoridades informaron que “El Wicho” es requerido por el Distrito Central de California, Estados Unidos, para enfrentar un proceso judicial por delitos de narcotráfico. También ha sido boletinado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que lo considera prófugo de la justicia estadounidense.
La captura fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de un operativo en el que participaron integrantes de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional, personal del Ejército y autoridades de seguridad de Sinaloa. Según el reporte oficial, Ojeda Aguirre fue detenido en flagrancia en la sindicatura de Villa Unión.
Durante el operativo, los agentes aseguraron armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo. Los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.
La Fiscalía deberá integrar las pruebas y determinar la situación jurídica del detenido, mientras las autoridades continúan las indagatorias sobre sus presuntos vínculos criminales y su posible responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.
El candidato de la ultraderecha brasileña ya repartió invitaciones para su toma de posesión, aunque todavía debe ganar la segunda vuelta frente a Lula el próximo 25 de octubre.
Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil, pidió ayuda al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para combatir el narcotráfico, en una videollamada que dejó una escena peculiar: el brasileño todavía no gana la elección y ya está organizando su gobierno como si la banda presidencial estuviera asegurada.
Durante la conversación, Flávio aseguró que pretende aplicar un régimen “muy estricto” contra el crimen y planteó intercambiar información sobre narcotraficantes con Colombia. También invitó a De la Espriella a su toma de posesión en enero, pese a que primero tendrá que enfrentarse a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre.
De la Espriella, quien asumió la Presidencia colombiana en agosto, coincidió en que el narcotráfico es un problema global y propuso cooperación entre ambos países. Brasil y Colombia comparten alrededor de mil 600 kilómetros de frontera amazónica, una zona considerada vulnerable por su extensión y difícil vigilancia.
Flávio también adelantó que, si llega a la Presidencia, buscará que Brasil participe en el llamado Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada desde Estados Unidos. El proyecto contempla acciones contra organizaciones criminales de la región, aunque también ha generado preocupación por una eventual intervención de Washington en asuntos internos latinoamericanos.
La videollamada fue difundida por Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y actualmente radicado en Estados Unidos. La familia Bolsonaro intenta así proyectar una imagen de bloque internacional de la derecha, mientras Flávio presume mano dura antes de haber ganado la elección.
Y mientras tanto, su padre, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula. En la primera vuelta, Flávio obtuvo 47% de los votos frente al 45% de Lula, por lo que todavía falta la parte incómoda para el heredero: ganar la elección.
En entrevista con Azucena Uresti, el expresidente defendió a su gobierno y habló de la relación de Estados Unidos con Genaro García Luna, cuya condena por narcotráfico marcó uno de los episodios más polémicos de su sexenio.
El expresidente Felipe Calderón volvió a hablar sobre Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad, durante una entrevista con Azucena Uresti. Al ser cuestionado sobre el exfuncionario, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, Calderón defendió las decisiones tomadas durante su gobierno y recordó que autoridades estadounidenses reconocían y premiaban a García Luna.
La frase que encendió la conversación fue cuando Calderón se refirió a su propia administración y sostuvo, según la transcripción difundida de la entrevista: “mi gobierno estuvo comprometido con el crimen a tope y no me arrepiento de eso”. El contexto de la declaración resulta especialmente llamativo porque el expresidente buscaba defender su estrategia de seguridad y la actuación de quienes integraron su gabinete.
🚨 LO TRAICIONA EL SUBCONCIENTE A CALDERÓN Y DICE LA VERDAD cuando Chayu$$ena @azucenau le preguntó sobre el Narco Panista García Luna
"En ese tiempo (Estsdos Unidos) lo reconocían y le daban premios, pero vuelvo, mi gobierno estuvo COMPROMETIDO CON EL CRIMEN A TOPE y no me… pic.twitter.com/02NiBMPOxK
Calderón también insistió en que García Luna era reconocido por Estados Unidos durante aquellos años. Sin embargo, el exfuncionario terminó siendo declarado culpable en Nueva York en 2023 por participar en una empresa criminal continuada y recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, entre otros cargos. Posteriormente recibió una condena de más de 38 años de prisión.
La defensa pública de Calderón vuelve a colocar bajo los reflectores una de las mayores controversias de su sexenio: el hombre que encabezaba su estrategia de seguridad terminó condenado en Estados Unidos por colaborar con organizaciones del narcotráfico. A ello se suma que Calderón continúa defendiendo su actuación y cuestionando las críticas a su administración.
Así, una entrevista que buscaba reivindicar el legado del expresidente terminó nuevamente girando alrededor de García Luna y la estrategia de seguridad del calderonismo. Más que cerrar el capítulo, las declaraciones de Calderón vuelven a abrir preguntas sobre lo ocurrido durante su gobierno y sobre cuánto conocía el entonces presidente de las actividades de su principal responsable de seguridad.
Roger Mariaca fue aprehendido en Santa Cruz dos días después de que Washington le revocara la visa por acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que él rechazó.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido la noche del miércoles en la región de Santa Cruz, en medio de un operativo policial cuyo motivo no ha sido informado oficialmente. Junto con él también fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, quien igualmente había sido incluido en las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos.
La detención ocurrió apenas dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara las visas de Mariaca y otros funcionarios bolivianos. Washington acusó al fiscal de corrupción y de acciones que, según su versión, obstaculizaban los esfuerzos contra el narcotráfico. Mariaca rechazó los señalamientos y calificó la medida estadounidense como “injerencia” y “presión política”.
El Ministerio Público boliviano denunció que la aprehensión fue ilegal y afirmó desconocer las razones de la captura. Medios locales reportaron que Mariaca fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, mientras funcionarios de la Fiscalía denunciaron además una intervención policial en sus instalaciones de Sucre, donde observaron agentes con el rostro cubierto y chalecos de una unidad de inteligencia policial.
Hasta el momento, el Gobierno y la Policía de Bolivia no han informado oficialmente los motivos de las detenciones ni explicado el operativo realizado en la sede de la Fiscalía. La situación ocurre mientras el Legislativo prepara una sesión para analizar las acusaciones formuladas por Washington y la posible creación de una comisión investigadora.
Estados Unidos incluyó a 13 funcionarios y exfuncionarios bolivianos entre las personas sujetas a restricciones de visa. En el caso de Mariaca, Washington afirmó que sus acciones ponían en riesgo los esfuerzos contra el narcoterrorismo; el fiscal, en cambio, vinculó la sanción con investigaciones impulsadas por su oficina. Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024 para un periodo de seis años.
