Migrantes enviados por Estados Unidos a República Democrática del Congo aseguran que permanecen vigilados, con visas temporales y sin claridad sobre su futuro legal o humanitario.
Quince latinoamericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo (RDC) denunciaron vivir una situación de abandono e incertidumbre tras ser enviados al país africano como parte de los nuevos acuerdos migratorios impulsados por el gobierno de Donald Trump. Los afectados describieron su estancia como una “pesadilla”, marcada por vigilancia constante, restricciones de movilidad y miedo ante un futuro incierto en un territorio desconocido.
Una mujer colombiana de 29 años relató, bajo condición de anonimato, que fue trasladada con grilletes pese a contar con una orden de protección emitida por un juez migratorio estadounidense. Actualmente permanece en un hotel en Kinshasa junto a otros deportados, bajo supervisión permanente de personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según explicó, sólo pueden salir una vez por semana y siempre acompañados.
“Es como si fuéramos niños”, declaró la joven, quien además señaló que las autoridades y el personal asignado deciden a qué lugares pueden acudir y qué compras pueden realizar. La mujer advirtió que su visa congoleña de tres meses está próxima a vencer y que ninguno de los deportados ha recibido información clara sobre lo que ocurrirá después. “No sabemos dónde vivir, qué hacer o qué pasará con nosotros”, lamentó.
El caso ha generado cuestionamientos entre especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a que la República Democrática del Congo forma parte de al menos ocho países africanos que firmaron acuerdos con Estados Unidos para recibir deportados de terceros países. Expertos legales consideran que estos mecanismos crean una especie de vacío jurídico que deja a los migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad y lejos de cualquier red de apoyo.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos evitó responder directamente sobre las denuncias de la colombiana, aunque aseguró que los acuerdos de deportación cumplen con el debido proceso establecido por la Constitución estadounidense. Sin embargo, las versiones de los migrantes apuntan a restricciones severas y a condiciones que han sido comparadas con confinamiento administrativo.
Mientras tanto, en Europa también avanzan políticas más duras en materia migratoria. El Consejo Europeo aprobó recientemente una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que respalda mayores controles fronterizos y abre la puerta al uso de centros de deportación en terceros países. El endurecimiento global de las políticas migratorias comienza a reflejarse en historias como la de estos latinoamericanos, atrapados entre gobiernos, fronteras y decisiones que los mantienen en el limbo.
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